La Averu reiteró amenazas y rango de miseria universitaria

El rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, dio a conocer que los Rectores de las Universidades Autónomas de Venezuela, han estado manteniendo reuniones frecuentes para considerar e impulsar las propuestas que permitan la subsistencia de nuestras instituciones con la calidad por la cual somos reconocidos en los rankings internacionales.

Manifestó que en los últimos tiempos la mayoría de estas propuestas no han sido ni siquiera consideradas por el Ministerio de Educación Universitaria. “El deterioro al que hemos llegado ha creado una especie de genocidio académico. Ante esta situación, nuevamente los Rectores de las Universidades Autónomas elaboramos un documento en el que se descarna la crisis universitaria” dijo.
Es necesario que dicho documento sea conocido por todos y compartido como evidencia de realidades debatidas con propuestas pertinentes.

COMUNICADO SOBRE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN  DE LA ASOCIACÓN VENEZOLANA DE RECTORES UNIVERSITARIOS EFECTUADA EL VIERNES 09 DE OCTUBRE DE 2010.

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), en reunión virtual celebrada en fecha 9 de octubre de 2020, considerados los puntos de agenda:

1.- Presupuesto insuficiente o inexistente, 2.- Salarios de miseria o inexistentes, 3.-Carencia de tecnología    para  la educación a distancia y   4.- Ausencia   de planes de   Previsión Social    y HCM, acordó manifestar públicamente que debido al prolongado colapso económico, social y de crisis   humanitaria compleja que vive el País agudizado con la declaratoria de pandemia mundial por el COVID-19, se hace imposible alcanzar el sostenimiento, desarrollo y progreso que permita cumplir con la función rectora en la educación, la cultura y la ciencia, continuando el decaimiento de la educación superior.

1.-PRESUPUESTO SEVERAMENTE INSUFICIENTE O INEXISTENTE:
La devastación presupuestaria-financiera impuesta a la educación superior, sólo permite que nuestras instituciones cuenten con los recursos para pagar salarios que no se ajustan a la realidad económica y social del país, lo que afecta las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas, de investigación, extensión,  administrativas y estudiantiles.

El presupuesto deficitario o inexistente asignado a las universidades públicas y la situación actual de las universidades de gestión privada, repercute en la falta de financiamiento para la investigación, desarrollo tecnológico, previsión social,  asignación de las providencias estudiantiles, transporte, renovación de equipos de laboratorios, insumos e infraestructura que genera marcadas carencias para atender los programas de proyección social y servicio comunitario.

Al complejo contexto económico, social, sanitario y político, que encausa a la educación para el año 2021 hacia una paralización por insuficiencias de recursos, se suma la imperiosa necesidad de adecuación de la educación universitaria presencial a formación a distancia como consecuencia de la pandemia del COVID-19, para lo cual se requiere una importante inversión que permita afrontar esta única alternativa.

2.-SALARIOS DE MISERIA O INEXISTENTES:
La grave situación económica que atraviesan los profesores, estudiantes  y demás  trabajadores  es  producto de las políticas erradas que desmanteló la industria petrolera, el aparato productivo privado, el sector agrícola, pecuario, comercio y turismo, generando desempleo, pobreza extrema y la fijación de un salario de subsistencia. Actualmente el salario mensual del personal de las Universidades Públicas es inferior a 5$.

La AVERU, ante la dolarización de hecho y de derecho, debido al proceso de hiperinflación en espiral, a la cual la economía está sometida ha pulverizado el salario del trabajador y destruido su calidad de vida, exige con toda firmeza un incremento salarial que cumpla con la dignificación del salario previsto en el artículo 91 constitucional, y los artículos 96 y 98 de la Ley Orgánica de las Trabajadoras y Trabajadores, en tabla salariales diseñadas en dólares estadounidenses.

En ellas se consideraron las Normas de Homologación, aprobadas por Decreto Presidencial N° 93.500 y publicado en Gaceta Oficial N° 32.539, en fecha de 17 de agosto de 1982 y se tomaron en cuenta las interescalas para el personal docente del 18% y 19% para los docentes de dedicación a Tiempo Completo y del 23% y 25% para los docentes a dedicación exclusiva; para los auxiliares docentes a dedicación de tiempo completo el 13% y para los auxiliares docentes a dedicación exclusiva el 16%. Las interescalas para el personal Administrativo,  son del 8% para el personal de apoyo, el 10% para el personal técnico y el 12% para el profesional. En cuanto al personal a la  interescala es del 10%.
Tablas. 1, 2, 3 y 4 Propuestas salariales del personal Docente, Auxiliar Docente, Administrativo y Obrero en dólares estadounidenses.           

                  
3.-CARENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA:
La UNESCO publicó en mayo de 2020 un informe titulado COVID-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Una de las principales conclusiones generales del informe es que: parece claro que en todo el mundo el cese temporal de las actividades presenciales de las Instituciones de educación superior ha operado como un enorme disruptor sobre su funcionamiento. El impacto de esta disrupción es muy variable y depende, en primer lugar, de su capacidad para mantenerse activas en sus actividades académicas y, en segundo lugar, de su sostenibilidad financiera.

La pandemia inducida por el COVID-19, cuya prevalencia mundial y nacional continúa en fase de agravamiento generando la prolongación de las medidas de confinamiento y suspensión de actividades presenciales y semipresenciales, constituyen factores de profundización de las condiciones del colapso nacional en lo social, económico y político preexistentes al 14 de marzo del presente año. La educación en general y la universitaria en particular, ha sido impulsada por estas circunstancias a una única y obligatoria opción: la Educación a Distancia (EaD).

El abordaje emergente y abrupto de esta opción encuentra en el caso de las Universidades a un conglomerado institucional en significativa desigualdad de condiciones. Al no existir un Sistema de Educación Superior viable, ni un instrumento regulatorio operativo en el plano nacional, cada institución acude a sus propias capacidades instaladas.

Este escenario se caracteriza por un espectro situacional que va desde las universidades que tienen muy poco hasta las que tienen desarrollos de cierta significación, pero que padecen en su conjunto, el común denominador de asignaciones presupuestarias de aniquilación institucional e inexistencia de recursos para extender sus alcances y ofrecer unas respuestas adecuadas al creciente aumento de necesidades, provenientes de los sectores docentes y estudiantiles. Este es el caso de las Universidades Públicas Autónomas.

El régimen ha decretado medidas que dejan la responsabilidad de abordar la situación a las propias instituciones a través de la EaD. El Ministerio de Educación Universitaria planteó y dio a conocer el “Plan Universidad en Casa”, las objeciones sobre la propuesta y su factibilidad de ejecución no tardaron mucho tiempo. Varias instituciones de educación superior en el país hicieron públicos comunicados en los que manifestaban que la precariedad de los servicios públicos y la falta de recursos tecnológicos hacían imposible la implementación de dicho plan. Presupuestos insuficientes, plataformas no adaptadas y docentes desmotivados eran parte de las restricciones señaladas por los distintos actores.

No obstante esta situación mundial y nacional, las universidades que integran la AVERU, en el marco de sus características propias, queremos cumplir con el propósito de servir a la sociedad y, ante la contingencia que nos impide hacerlo desde los recintos universitarios, vemos en la modalidad de educación a distancia, magníficas oportunidades para cumplir nuestras actividades de docencia, investigación y extensión.

Algunas de nuestras instituciones lo han logrado porque han dispuesto de posibilidades y condiciones que se lo han permitido, otras, lamentablemente, nos encontramos con serias limitaciones. Es por ello por lo que queremos llamar la atención respecto a una serie de necesidades que deben ser atendidas para convertir la modalidad de educación a distancia en instrumento eficaz para una educación superior que ofrezca oportunidades de formación de calidad a todos los venezolanos, favoreciendo la calidad de la vida de todos y disminuyendo las desigualdades.

Destacamos las necesidades en el ámbito universitario:
1.   Se requiere recuperar el fortalecimiento de la gobernanza institucional, garantizando la autonomía universitaria, de manera que la dirección académica y administrativa de las instituciones universitarias puedan enfrentar eficazmente los nuevos retos planteados por la educación a distancia, incluyendo el desarrollo de sus programas académicos y su infraestructura, así como la procura de recursos para cubrir sus costos relacionados con el bienestar estudiantil y la garantía de condiciones, primas de trabajo para profesores y empleados.

2.     Aseguramiento de la calidad. Establecimiento de estándares y procesos para la verificación de la calidad de los programas de enseñanza, investigación y extensión, así como la implementación de mecanismos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y el desempeño del personal.

3.     Capacitación de cuadros académicos y de gestión, a través de la implementación de programas de formación dirigidos al personal académico y administrativo para el manejo de las herramientas digitales.

4.     Cambios normativos y regulatorios para superar las restricciones regulatorias que limitan la autonomía universitaria, el desarrollo de nuevos programas académicos y en especial su oferta a distancia en Venezuela. Normativas internas que faciliten el desarrollo de modalidades de educación no presencial en las distintas instituciones.

5.     Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, plataformas digitales, capacidades de conexión a internet, en cuanto a instrumentos básicos para acometer procesos masivos de educación a distancia.

En el contexto de las imprescindibles transformaciones para mejorar la de calidad de vida, debe añadirse a las condiciones institucionales internas descritas, aquellas que remuevan efectivamente la camisa de fuerza de los factores inductores de parte del colapso nacional, entre los cuales destacan los más limitantes de la intencionalidad de un desarrollo sostenido y masivo de la EaD, la inexcusable y exigua conectividad nacional, extremadamente disminuida para atender una creciente y aguda demanda de uso, al servicio eléctrico intermitente y en ruinas que obstaculiza y perjudica la regularidad y mantenimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el más grave de todos las miserables condiciones socioeconómicas de los docentes, y estudiantes sus respectivas familias.  Un sector que está conformado por ciento de miles de profesores y estudiantes y sus respectivas familias a nivel de la educación superior.

4.-AUSENCIA DE PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL Y HCM:
Ante la grave situación de desamparo asistencial y previsional que atraviesan el personal y el estudiantado universitario y el silencio de los gremios sobre este tema,  y ante  la violación del derecho a la vida y demás  derechos humanos, la AVERU se dirige al Ministro de Educación Universitaria, donde le expresa que las instituciones de educación superior, deben protección a ambos conforme al mandato contenido en los arts. 114 y 122 de la Ley de Universidades, ello mediante el establecimiento de los sistemas necesarios en ejercicio de sus potestades autonómicas.

 En ese sentido la AVERU considera su deber urgente solicitarle al Ministro informe a las comunidades universitaria por intermedio de esta Asociación cuáles son los riesgos cubiertos por Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), límites de cobertura, qué sistema y/o empresas de seguros y/o de financiamiento y pago los cubren, mecanismos de acceso a ese o esos sistemas y qué entidades públicas o privadas suministran servicios cubiertos por tales sistemas o empresas o aceptan el ingreso de pacientes o demandantes de servicios que son miembros del personal universitario.

Estos requerimientos son actualmente de la exclusiva responsabilidad del Ministerio de Educación Universitaria, ya que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) intervino de facto la autonomía universitaria en febrero de 2015,  y comenzó a manejar directamente la seguridad y previsión social del personal universitario (incluyendo la contratación de empresas), además, esa Oficina, por acto de fuerza, suspendió desde 2011 las asignaciones destinadas a las universidades para esos fines de previsión social, llevando al colapso al sistema previsional del sector universitario.

VISTA LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES:
-La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, en defensa de la academia venezolana manifestó su compromiso y disposición de continuar trabajando para superar la grave amenaza que representa la inexistencia de un presupuesto justo, y el reto de la transición de la educación superior presencial a la educación superior a distancia con el fin de lograr su función rectora en la formación del capital humano y la generación del conocimiento, condiciones ineludibles para el desarrollo y progreso de la Nación, de una sociedad justa, sin desigualdades sociales que son contrarias a los derechos humanos y valores trascendentales del  hombre.

-Solicitar la aprobación urgente de las tablas salariales propuesta con el fin de restablecer el derecho a un salario suficiente  que le permita a los docentes y demás trabajadores vivir con calidad de vida y dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

-Respeto al derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, en este sentido solicitamos cese la intervención de facto de la autonomía universitaria y se restituya el manejo directo de la seguridad social y previsional del personal universitario y asimismo las asignaciones destinadas para la previsión social.

-Demandar el cumplimiento constitucional del fin esencial del estado de defensa, desarrollo de la persona,  el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa, de promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, estableciendo la Carta Magna que a través de los procesos fundamentales de la educación y el trabajo se logre este objetivo, el cual es imposible sin un presupuesto y una política salarial justa que permita el pleno funcionamiento de las universidades.

A los nueve (09) días  del mes  octubre de 2020.
CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)
MARIO BONUCCI ROSSINI, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)
JESSY DIVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)
MILENA BRAVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO)
JUDITH AULAR DE DURÁN, UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)
ENRIQUE PLANCHART ROTUNDO, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
EDGAR ALVARADO, UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA)
RAÚL LOPEZ SAYAGO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL)
RAUL CASANOVA OSTOS, UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)
RITA ELENA AÑEZ, UNIV. NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (UNEXPO)
FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIETA, UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (UCAB)
ANTONIETA ROSALES DE OXFORD, UNIVERSIDAD DE MARGARITA (UNIMAR)
BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY, UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET)
FRANCISCO FEBRES-CORDERO CARRILLO,  UNIVERSIDAD MONTEÁVILA (UMA)
JUAN PEDRO PEREIRA MEDINA, UNIVERIDAD YACAMBU (UNY)

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