La vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 63 que el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas… El voto en Venezuela no es obligatorio, según señala la Constitución.  Es una facultad del ciudadano venezolano querer o no ejercer su derecho político. Libre de apremio, coerción, violencia, amenaza o acoso laboral. La docente académica experta en derecho laboral y decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, Venezuela, doctora Aura Morillo, fue abordada sobre una realidad que está afectando a una inmensa masa de trabajadores de las distintas dependencias del Estado Venezolano.

¿Por qué el régimen  aplica el terrorismo laboral o coerción para obligar a los empleados públicos a votar este 30 de julio?

    Es una orden desde el Ejecutivo Nacional, a pasar lista, sin pretexto, a todos los trabajadores de la Administración Pública, para que de manera represiva, vote en los dudosos comicios este 30 de julio por la Asamblea Nacional Constituyente que, de hecho, la orden radica en que es ampliamente rechazada por la mayoría de los venezolanos. Al no contar con el respaldo, esa elección en materia de participación sería prácticamente otro acto fallido. De ahí que se suscite esta línea de acciones, presiones y amenazas contrarias al deber ser.
    
¿De que maneras las leyes laborales plasmadas en la Constitución Nacional amparan a los funcionarios públicos frente a esta coerción?

    Evidentemente, esta amenaza para el ejercicio de un derecho político es inconstitucional, ilegal y, una violación más de los derechos humanos en el país. El empleador en este caso, el Estado venezolano no debe según la Constitución Nacional, violar los derechos laborales so pena de amenaza de ser despedido, sin justa causa y de ruptura del vínculo jurídico laboral. Por lo tanto, los trabajadores, pueden hacer valer sus derechos constitucionales, legales y reglamentarios ante los órganos competentes. Es decir, los tribunales de la Republica con competencia en la materia. En el caso de los empleados públicos la jurisdicción contenciosa administrativa, en el caso de los obreros al servicio de la administración pública ante los tribunales laborares. Que van a conocer de las violaciones de derechos constitucionales. En este caso, también se están violando tratados y acuerdos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.

    ¿Hasta qué punto se violentan incluso las convenciones y tratados internacionales?

        Los instrumentos internacionales de derechos humanos han determinado diferentes tipologías de procedimientos y han constituido una variedad de órganos de control que aseguran la protección internacional de los derechos humanos laborales. Los derechos humanos laborales protegidos por la presentación de quejas se ubican en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en su Primer Protocolo Facultativo, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación.
 La Corte Internacional de Justicia, ha aclarado los derechos humanos recogidos en los instrumentos internacionales y ha determinado las obligaciones de los Estados respecto de los derechos humanos. Cualquier tratado internacional o acto unilateral de los Estados sería nulo, si estuviera en conflicto con los derechos humanos laborales recogidos en las normas imperativas del Derecho internacional general.

¿Cómo afrontar los temores ante tanta amenaza?

      En definitiva, ningún funcionario público puede ser obligado a votar en estas elecciones del 30 de julio. Reitero que son ilícitos penales  por estas  formas de coacción y amenaza,  que viola la dignidad humana, y  necesariamente  deben ser denunciadas ante la Fiscalía del  Ministerio Publico  y los tribunales Penales.  No se defienden los derechos que no se conocen. Los funcionarios deben estar claros que no están solos, ni sus plazas de trabajo están en peligro.