Al inconcebible retardo  del Consejo Nacional Electoral (CNE) en informar sobre la validación del 1 por ciento de las firmas exigidas en el arduo y tortuoso camino al Referendo Revocatorio, se le suma ahora la actuación del Ministerio Público quien solicitó documentación sobre las irregularidades evidenciadas en cuanto a usurpación de firmas, doble firmas y huellas divergentes.

Las intenciones de esta avanzada auspiciadas desde los factores del poder gubernamental son claras y buscan anular un proceso que los ciudadanos quieren activar como salida a la crisis económica y política del Venezuela, asidos a la Constitución de la República Bolivariana.

Desde la Universidad de Los Andes, el doctor José Antonio Rivas Leone,  profesor e investigador   del Centro de Investigaciones de Política Comparada (CIPCOM) Postgrado de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, asevera que ningún venezolano se puede sentir orgulloso del actual gobierno y de su desempeño nefasto en materia económica y además no apegado a derecho o la Constitución,  que es lo que al fin de cuentas potencia y motiva la convocatoria del Referéndum Revocatorio.

En ese orden de ideas considera que el desempeño del Poder Electoral no ha sido idóneo, basta evaluar las alcabalas, trabas, limitaciones, lapsos y diversos recursos y subterfugios de orden jurídico y técnico esgrimidos para frenar la convocatoria de un derecho constitucional con lo cual se atropella y menoscababa la soberanía popular.  “Se torpedean los derechos de un sector mayoritario de la población y ciudadanía de tramitar con celeridad una consulta popular establecida repito en la Constitución Boliviana de Venezuela en su artículo 72” dijo.

El Consejo Nacional Electoral ha iniciado a través del Ministerio Público un conjunto de averiguaciones e indagaciones sobre supuestas irregularidades en la recolección de las firmas por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, se podrí admitir que puedan haber algunas inconsistencias o irregularidades. Para Rivas Leone la realidad y la estadística demuestran que son irrelevantes en términos de la proporción de firmas validadas 399.412 (98,04%) frente a 7975 (1,96%) consideradas irregulares, cifras que no constituyen mérito alguno para invalidar o declarar ilegal esta primera fase del Referéndum Revocatorio.

Lo que si es conveniente a la luz de los derechos ciudadanos es que se deberían investigar las presiones ejercidas a funcionarios públicos para obligarlos a retirar su firma con la amenaza de ser despedidos de sus trabajos, por ejemplo, y los casos ya vistos de despidos de cientos de funcionarios públicos firmantes. “Repito el Consejo Nacional Electoral no está siendo garante de la transparencia, ecuanimidad y celeridad de un proceso y derecho constitucional colocándonos a los ciudadanos en una condición de agravio y menoscabo como débiles jurídicos, y da muy mala espina además ver declaraciones de funcionarios del gobierno inmiscuyéndose y casi dándole ordenes al poder electoral algo jamás antes visto en la historia político electoral de Venezuela y América Latina”.  

Insistió que los ciudadanos deben seguir apegado a la Constitución y exigirle al poder electoral la activación de la segunda fase que consiste en fijar fecha y puntos de recolección de cerca de 4 millones de firmas.  

Antecedentes y curiosidades

Para finalizar, el periodista Eugenio Martínez, reitera por redes sociales que hay evidencias de que en procesos electorales de los años 2012 y 2013 se constataron casos de usurpación de identidad, pero el CNE nunca pasó estas irregularidades el Ministerio Público. Para otros, como la experta en materia de defensa y seguridad de las Fuerzas Armadas, Rocío San Miguel, resulta curioso las diligencias del CNE de remitir firmas dudosas al MP, frente a lo que ella considera un oprobioso silencio como lo es la inscripción de militares en el Psuv.  Lo ciento es que la mirada desde afuera es precisa, en especial la de Luis Almagro, Secretario de la OEA, quien insiste en que la resolución de los problemas en Venezuela frente a la grave corrupción y la creciente pobreza, pasa por realizar el Revocatorio este mismo año, liberar presos políticos y abrir el corredor humanitario para alimentos y medicamentos.