Desde el mes de mayo del año 2008, la Universidad de Los Andes (ULA) ha sostenido innumerables reuniones y participado en varias mesas de trabajo con altos funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu) con el objetivo manifiesto de obtener los recursos presupuestarios recurrentes para regularizar a todo el personal en situación de contratados, en continuidad laboral y eventuales.

En años sucesivos es poco lo que se ha logrado con estas gestiones pese a la clara intención de convencer al Ejecutivo Nacional de la necesidad de hacer valer los derechos laborales de todos los trabajadores de esta institución.

En este sentido y con muchos sacrificios, en el año 2012 el Consejo Universitario (CU) destinó una parte del presupuesto ordinario para regularizar la situación laboral de los empleados contratados administrativos y técnicos, de los obreros en situación de continuidad laboral y de la mitad de los obreros eventuales.

Estos eventuales fueron seleccionados por estricto orden de antigüedad. “Con  estas regularizaciones quisimos dejar patente, de manera concreta, la capacidad resolutiva de la ULA cuando se trata de justicia laboral y bienestar de los universitarios”,  destacó el rector de la ULA, Mario Bonucci.

Reiteró que se ha insistido de manera recurrente en la solicitud de recursos para incorporar a la totalidad de los trabajadores eventuales que estaban contratados con fundamento en la hoy derogada Ley Orgánica del Trabajo.

“Como hemos dicho, sólo logramos ingresar a la mitad de este personal debido a las evidentes restricciones presupuestarias que han padecido las universidades autónomas desde hace ya demasiado tiempo”.

Lo autorizado y magnitud del problema

En agosto del presente año, la ULA recibió comunicación de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) en la que autoriza la incorporación de 589 personas, según censo inicial realizado por esta oficina.

“No explican que pasó con el resto de estas personas que quedaron fuera de la lista, pero asumimos que esto fue concertado con el gremio Soula y con los mismos eventuales. En todo caso, los reclamos sobre esto deben hacerse ante la Opsu”.

El rector aseveró que en esta comunicación,  al final de su penúltimo párrafo,  se indica: "... y tomar las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2014 en la formulación de presupuesto".

En este sentido,  si nos apegamos a las líneas de la lectura del comunicado, resulta obvio que la Opsu no ofrece la recurrencia de los recursos.  No obstante,  si el presupuesto de gastos de personal de 2014 llega aumentado en por lo menos unos 76 millones se podrá pagar a los eventuales en el 2014.

La autoridad universitaria considera necesario que los afectados calibren la magnitud del problema, pues el mismo radica en que si el presupuesto que llegue  a las arcas de la ULA se repite, no será posible pagar durante todo  el 2014 a los eventuales.

También es apremiante dejar claro que disposiciones legales impiden contratar o hacer decretos sin la disponibilidad presupuestaria. Es decir,  si no hay recurrencia sería un delito hacer esta regularización tal y como lo pide la Opsu.

“En todas las solicitudes que hemos hecho,  desde 2008, siempre hemos indicado como requisito indispensable la recurrencia. Por esto creo que la carta de la Opsu es cruel y legalmente improcedente”, dijo Bonucci.

“Los eventuales merecen un mejor trato.  Hemos luchado tanto por esto, que esa carta no podemos menos que rechazarla. Es otra burla más a un grupo de personas cuya única culpa es haber trabajado. La situación es más dramática ahora si consideramos la tasa de desempleo que se ha ido incrementando”.

Recordó que cuando le fue entregada la carta (una copia) expresó su inconformidad al profesor Humberto González,  director titular de la Opsu;  a Ana Jaimes, directora adjunta de esa misma dependencia; y a Jonathan Montilla, director general del despacho del Mppeu.

“Me ofrecieron un alcance en el que corrigen la carta y donde indicarían la recurrencia. Les envié un correo con una  propuesta de redacción. Esperé una semana y nada.  Les envié mensajes de texto y nada.  Al tercer mensaje enviado sin obtener respuesta empecé a enviarlos con copia a los miembros del Consejo Universitario”.

Pasó casi un mes y nada.

El  pasado jueves 29 de agosto el rector recibió una llamada. En esa conversación representantes de la Opsu ofrecieron nuevamente el alcance que corrige la carta. Los días pasaron y se repitió el silencio. La espera convierte el caso de los ex eventuales en una especie de novela por capítulos con ofertas y declaraciones que no se cumplen. Al menos, hasta este miércoles 4 de septiembre no se había recibido respuesta de autoridades de la Opsu.

El rector se preguntó ¿Qué hacer ahora?  insistir, se respondió.  Ratificó que el ánimo de estas declaraciones es mantener informados a los eventuales para que no se dejen engañar por quienes nunca han hecho nada por sus intereses laborales, esa dirigencia que luego aparece intentando ganar indulgencias con escapulario ajeno.