REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

CONSEJO UNIVERSITARIO

Venezuela vive las sacudidas de una crisis colectiva. Las más variadas manifestaciones de protesta han recorrido la geografía del país. Expresadas con mayor intensidad en las aéreas de más alta densidad demográfica, han tenido la particularidad de haberse extendido a lo largo de tres semanas consecutivas. Dada la magnitud del fenómeno, cuyos momentos trágicos ha colocado al país en el foco de la atención internacional, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de las atribuciones legales que le confiere el numeral 20, del Artículo 26 de la Ley de Universidades, consciente del deber de contribuir doctrinariamente al esclarecimiento de los problemas nacionales, hace del conocimiento público la posición del Consejo Universitario en su condición de Máximo Órgano de dirección Institucional.

Es pertinente recordar que el martes 4 de febrero de los corrientes, una manifestación estudiantil que exigía medidas de seguridad contra la acción desbordada de la delincuencia organizada, tuvo lugar en San Cristóbal, en el Núcleo de la Universidad de Los Andes. La respuesta oficial, al enviar a un grupo de estudiantes detenidos a otra jurisdicción para ser juzgados por jueces militares, fue una decisión imprudente y una medida política equivocada. Ése fue el punto de ignición de la protesta, aunque el grave problema de la inseguridad criminal iba a hacer eclosión en cualquier parte, pues se trata de un grave problema por los altos retornos económicos que permite la comisión impune de hechos ilícitos.

Estudios de organizaciones no gubernamentales de dilatada trayectoria profesional indican que Venezuela tiene una de las tasas de homicidio más altas de mundo, y es considerado uno de los cinco países más violentos del planeta. A la injusticia de los estudiantes detenidos, se agregó el malestar generado por la inflación, la escasez de productos básicos, que incluye hasta el papel higiénico, y los cortes de electricidad. En ese contexto, la marcha convocada por las organizaciones estudiantiles el 12 de febrero en Caracas, ¨Día de la Juventud¨, no obstante su desarrollo pacífico y legal, al final de la jornada sufrió la intervención violenta de cuerpos armados, con el saldo de tres personas muertas y decenas de heridos. La ley ordena que el manejo del orden público sea competencia de la policía nacional, de las policías estadales y de la guardia nacional.

Sin embargo, el gobierno nacional atribuyó el resultado de las manifestaciones estudiantiles, con el apoyo de la sociedad civil, a un levantamiento ¨fascista¨, de pretensiones golpistas que nunca ocurrió. El significado de esta expresión ha cambiado con el tiempo, pero un elemento se mantiene inmutable: el golpe de estado es un acto llevado a cabo por parte de órganos del mismo estado. Consideramos que el núcleo del problema nacional es la política de discriminación, cuando acusa al otro de ser éticamente malo y, en consecuencia, anulable políticamente. El lenguaje binario, ideológico, siembra las semillas del odio.

La represión no debió ser la respuesta oficial a las demandas estudiantiles y de la sociedad civil. La acción de algunos miembros de los cuerpos policiales y de la guardia nacional estuvo al margen de la ley y el debido respeto a los derechos humanos. La muerte de venezolanos con disparos precisos en la cabeza da lugar a dudas sobre la casualidad de tales hechos. El asesinato en la ciudad de Valencia de Génesis Carmona, una joven de apenas 22 años, simboliza el martirio de la juventud venezolana.

Los grupos irregulares armados agredieron a mansalva a civiles indefensos. Es inadmisible que las fuerzas del orden público ignoren la intervención de bandas motorizadas armadas. Los llamados ¨círculos del proceso¨ han agredido ciudadanos, roban y destrozan sus bienes, haciendo la tarea de inducir el terror colectivo. Es imperativo que un plan de paz deba comenzar por desarmar a los grupos violentos que llenan de zozobra a la población venezolana.

Hay violaciones a los derechos humanos que no prescriben con el tiempo. Los órganos competentes tienen la obligación de hacer las investigaciones para determinar responsabilidades. Existe una masa de evidencias en videos y fotografías que será decisivo en una investigación imparcial en espera. Que las instancias correspondientes hayan guardado silencio frente a hechos públicos y notorios (que atrajo la atención del Secretario de las Naciones Unidas Ban-Ki Moon, del parlamento de la Unión Europea, de Chile y Costa Rica, de varios ex presidentes de la región, la solidaridad en los Premios Oscar, y de un centenar de peloteros en las Grandes Ligas), es la evidencia concluyente del déficit democrático que aqueja a Venezuela. La ausencia de división de poderes agravó la crisis.

El manto de espeso silencio que cubre al país es obra de la política de bloqueo informativo. Si bien el artículo 58 de la Constitución garantiza la información veraz, oportuna y sin censura, voceros del gobierno alegan a favor de la ¨hegemonía comunicacional¨. La frase, de por sí excluyente, está reflejada en el completo desbalance informativo de los canales de tv del gobierno nacional. La censura contra los medios independientes prosiguió con la salida de NTN24 de la televisión por cable. Es la misma política que provoca la autocensura de los canales privados, y niega divisas para la compra de papel a la prensa impresa. El hostigamiento contra periodistas nacionales y extranjeros, es el remate de la sequia que padece la libertad de expresión en Venezuela.

Como universitarios que somos, convencidos en la bondad de la educación, nuestra  premisa de base es no responder a la violencia con violencia; sin embargo, no todos hablan de paz con libertad y justicia. Creemos en el diálogo, pero asuntos fundamentales como son la libertad humana, el respeto a los principios políticos, y el futuro desarrollo de la sociedad, no son negociables. En Venezuela hay más de 1.000 detenidos en protestas desde el 12 de febrero de los corrientes; su libertad no admite demoras. 

No es creíble una invitación a la paz sin mostrar previamente acciones concretas. Comencemos por llamar las cosas por sus nombres. Los denominados ¨colectivos de paz¨ es una falta a la verdad; ellos no son trabajadores sociales al servicio de la comunidad. Tampoco hay lugar para discusiones bizantinas cuando la paz pública está comprometida: el saldo cruento de 21 muertos, más de 300 heridos, y un número aún indeterminado de desaparecidos, habla y lacera. Todo pasa por desmontar el centenar de grupos armados que esparcen el miedo en el país; más temprano que tarde crearán su propia dinámica, y vivirán del negocio de la violencia. Su disolución es una obligación de estado.

El diálogo es el discurso que fluye de un lado a otro. Sorprende, en consecuencia, que el Rector de la Universidad de Los Andes no haya sido invitado a ¨la Conferencia de Paz Regional¨ del 5 de marzo, una iniciativa del ciudadano gobernador de estado Mérida. De la invitación extendida al Arzobispo Metropolitano de Mérida llama la atención que no se indicaran los nombres de los invitados, tampoco había en mesa algunos posibles temas para la agenda, ni el ejecutivo definía previamente cuál era su compromiso en función de la paz ciudadana. Exigimos el debido respeto a las instituciones más antiguas de esta ciudad: la Universidad y la Iglesia.

Discrepamos de la propuesta de la salida del Presidente. Hay un procedimiento a seguir para ejercer ese recurso por vía constitucional. Cualquier diálogo debe estar precedido por la liberación inmediata de todos los estudiantes detenidos. El proceso de negociación debe considerar una agenda con materias acotadas, lapsos de ejecución y veeduría que garantice su efectivo cumplimiento. Debe comenzar por la instalación de una comisión imparcial que investigue las violaciones a los derechos humanos, en línea con el contenido del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que incluye a la tortura dentro de la categoría de ¨crimen de lesa humanidad¨. Pasa, al mismo tiempo, por la disolución de los grupos irregulares armados, con inspección de la Iglesia católica, cuya posición ecuánime da base para la confianza reciproca.

Hacemos nuestro el planteamiento de la renovación institucional, conforme a la ley, de los magistrados del T.S.J y Rectores del C.N.E, en los casos de los periodos vencidos, y de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano. Por sano ejercicio de congruencia, y de conformidad con el principio constitucional de la autonomía universitaria, pedimos que sea respetado el llamado a la consulta electoral en nuestras casas de estudios para lograr así la necesaria renovación de las autoridades universitarias.

Por último, dada la extrema situación de la economía nacional, cuyas señales inequívocas se plasman en la dramática combinación de alta inflación, escasez aguda y caída de la producción, proponemos sincerar la ¨realidad de las empresas estatales¨; un sistema dinámico, claro y eficiente de asignación de divisas; un conjunto de medidas de emergencia en materia seguridad alimentaria para la atención de los grupos más vulnerables; revisión de la larga política de congelamiento de precios que desestimula la producción nacional; garantía para los derechos de propiedad a fin de poder invertir con seguridad en el país; disciplina fiscal y monetaria; y el cambio del gabinete económico en vista de su incompetencia.

A los estudiantes, a la sociedad civil, a la mayoría nacional que cree en la paz social, el bienestar colectivo y la democracia sin adjetivos, expresamos nuestro lema de la hora presente: ¨Ser es persistir¨.

Dado, firmado y sellado, en el salón de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Mérida, a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce.

 Mario BonucciRosinni                                José María Andérez Álvarez

Rector                                                                          Secretario

El presente comunicado fue aprobado con el voto salvado del Profesor José Rafael Luna, Decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis: “Salvo mi voto por considerar el comunicado como un manifiesto de político totalmente sesgado que obvia hechos como el ataque de las Residencias del Gobernador del Táchira y sus autores, obvia crímenes como el acaparamiento de productos de la cesta básica que contribuyen a la escases. Obvia este comunicado como se violan derechos humanos como la salud, la educación y la vida cuando se colocan barricadas sanguinarias que afecta el devenir de los ciudadanos. Por otra parte la Universidad es una Institución de paz y no tiene que ser invitada para hablar de paz, al contrario es la Universidad quien debe abanderar las luchas de paz e invitar a todos los sectores a dialogar de paz”. (Fdo). Ilegible; del Profesor Pedro Rivas, Representante Profesoral Suplente del Profesor Guido Ochoa (No consignado); del Profesor Heriberto Gómez, Delegado del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (No consignado) y del Bachiller Inder Romero, Representante Estudiantil (No consignado).