En la mañana de este miércoles se realizó una rueda de prensa encabezada por el rector de la ULA, Mario Bonucci, en compañía del secretario, José María Andérez, así como de Gina Rodríguez, representante estudiantil y el abogado penalista Manuel Rojas, del Servicio Jurídico de la Universidad. En esta rueda de prensa las dos autoridades ulandinas fijaron postura sobre la detención del estudiante trujillano Antonio Peralta el pasado 26 de febrero.

En su intervención el rector Mario Bonucci resaltó que la postura de la ULA frente a la detención de cualquier universitario es que hasta que no se demuestre lo contrario este es considerado inocente, por lo que merece el respeto y el apoyo decidido por parte de la institución.

Asimismo, Mario Bonucci expresó preocupación, detallando que la otra persona implicada en el caso negó estar lesionada o agraviada por el bachiller, razones por las cuales se le detuvo, por lo cual a juicio del Rector ya debería estar en libertad plena. Agregó que bien se podría estar llevando a cabo una criminalización de la protesta, la cual es un derecho contemplado en la Constitución Nacional.

Tanto el Rector como el Secretario de la ULA coincidieron al señalar que Antonio Peralta es una persona pacífica, sostén de hogar, un estudiante de bajos recursos, “lo conozco pues ha sido vigilante de nuestra universidad en algunas ocasiones, ha tenido que trabajar para mantenerse”, dijo el Rector.

Por su parte el secretario José María Andérez dijo que los grupos estudiantiles acudieron al Consejo Universitario para expresar su preocupación por Antonio Peralta, expresando igualmente su preocupación ante los delitos que se le imputan una vez que el ciudadano implicado inicialmente negara estar lesionado o agraviado, “se le acusa de algo que no es sencillo, como lo es financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir, estos son cargos extremadamente pesados”, dijo Andérez, exhortando a que se le protejan sus derechos humanos y civiles, las libertades, y que si hay que juzgarlo por algún caso que se haga en libertad.

La bachiller Gina Rodríguez, representante estudiantil ante el CU, afirmó que con esta acción el gobierno busca amedrentar al movimiento estudiantil, sin embargo aseguró que levantarán su voz de protesta  hasta que le sea devuelta la libertad a Antonio Peralta, “no lo vamos a abandonar así como no abandonamos la lucha por este país, vamos a seguir con Antonio”, dijo, recordando que la historia de Venezuela siempre ha calificado a los estudiantes como defensores de la democracia y la libertad.

El relato jurídico, repaso de lo ocurrido

El Rector de la ULA informó que desde que se inició esta situación han sostenido conversaciones con la defensa del bachiller Peralta, con todos los movimientos estudiantiles y desde el primer momento se asignó al abogado Rafael Dávila en la ciudad de Caracas para su defensa. Ahora designan los abogados penalistas del Servicio Jurídico, proponiendo a la familia que se establezca un codefensor.

Manuel Rojas, presentado por el Rector como Abogado Penalista de amplia experiencia, relató que la detención de Peralta se vincula con la protesta llamada Operación Soberanía en las adyacencias de la Embajada de Cuba en Venezuela en donde Peralta sostuvo un altercado con un transeúnte, a quien despoja de un monitor de la frecuencia cardiovascular. Esto hace que la Fiscalía solicite la aprehensión de Peralta, la cual se dio en Betijoque el 26 de febrero, puesto a la orden del Tribunal 19 de control del Área Metropolitana.

Detalló que Antonio Peralta fue aprehendido por los delitos de lesiones y daños a la propiedad del ciudadano Román Topa, quien en sus declaraciones manifiesta que ni fue lesionado ni su artefacto fue dañado. Ante esto el Juez 19 de Control desestimó los delitos de lesión y daño a la propiedad, sin embargo, la Fiscal 35 del Área Metropolitana en ese mismo acto realiza una nueva imputación por los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir.

Manuel Rojas afirma que lo peculiar de este caso es que la Ley que usa para hacer las imputaciones es la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, destacando que se trata de una ley con penas muy altas. El delito que se le imputa está previsto y sancionado en el Artículo 35 de esta ley (asociación para delinquir en delincuencia organizada y terrorismo) es un delito con pena de diez año de prisión, lo que no le permitió al estudiante salir en libertad aun cuando el principio básico del COP, en su Artículo 229 es el estado de libertad, que presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Explica el abogado que por este principio el estudiante debió estar en libertad bajo medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad en este momento, pero la decisión del tribunal fue decretar una medida de privación judicial preventiva de la libertad y ahora la fiscalía tiene 45 días para realizar la investigación, tiempo que vence el 12 de abril.

No obstante, dice que llama poderosamente la atención al Servicio Jurídico de la ULA que se sanciona de manera tentativa a este estudiante con una ley tan fuerte con penas tan altas cuando la conducta desarrollada por el estudiante fue su derecho a manifestar públicamente. “Nos parece desproporcionada la calificación usada por el Ministerio Público para la conducta del bachiller, aun y cuando los delitos de lesión y daño a la propiedad fueron desestimados y aparece sobre el tapete una nueva calificación jurídica que le perjudica”.

A través del Servicio Jurídico de la ULA se pide que se reconsidere la medida de privación judicial preventiva de libertad que se decretó en contra de Antonio Peralta, quien pudiera estar en libertad mientras dure el proceso, “solicitamos respetuosamente al Fiscal del Ministerio Público que lleva la causa, que siendo parte de buena fe y garante de la legalidad del proceso, solicite la revisión de la medida cautelar al tribunal que lleva la causa para que este estudiante pueda estar en libertad en los días subsiguientes”, dijo el abogado Manuel Rojas.

Actualmente Antonio Peralta está detenido en el Grupo BAE, Puente de Hierro – Caracas, a la orden de la Fiscalía 35 de Área Metropolitana de Caracas y del Tribunal de Control número 19.