El 30 de octubre de 2007 las instalaciones del canal ULA TV amanecieron tomadas por un grupo de extrabajadores del mismo, violando de esta manera los derechos a la propiedad de la Universidad de Los Andes (ULA). Dos años y medio después, esta situación no ha cambiado.

Genis Navarro, apoderado judicial de ULA TV en el caso del secuestro e invasión del espacio y de los equipos del canal informó que hace unos meses se realizó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Penal del Estado Mérida una audiencia en la que se iba a debatir si se cerraba definitivamente el caso, porque el Fiscal Superior del Estado emitió un informe en el que señalaba que era necesario proceder al sobreseimiento del mismo, ya que consideraba que no se habían cometido delitos sino simples reclamaciones laborales.

Al respecto Navarro afirmó que “el Ministerio Público actúa de forma incongruente”, explicando que éste había solicitado el desalojo de las instalaciones y había calificado el hecho como delito de invasión en el momento en que se comenzó la investigación. El apoderado judicial de ULA TV continuó expresando que “es grave que la representación del Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa cuando el propio Tribunal de Primera Instancia en lo Penal de Control había afirmado que se estaban cometiendo 5 delitos de manera continuada y en flagrancia”.

Genis Navarro informó que la Corte de Apelación señaló que se acogía a la petición fiscal, “no por el hecho de que no se estuvieran cometiendo delitos sino porque era el Fiscal del Ministerio Público quien debía señalar si continuaba o no con la causa”, no obstante calificó la postura del Fiscal como “inconstitucional, muy grave y delicada”, estimando que lo ocurrido se puede asumir como precedente para cuando existan reclamaciones de cualquier tipo proceder a cometer delitos para conseguir los fines, desconociendo el camino legal.

En la actualidad las instalaciones y equipos del canal de los ulandinos continúan secuestrados por un pequeño grupo de ciudadanos. Navarro explicó que es necesario interponer un amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de continuar con la defensa de la Universidad y de sus bienes, y que bajo cualquier circunstancia la institución continúe buscando el espacio y el estado de derecho y de justicia que está plasmado en la Constitución Nacional.

“Sólo esperamos una determinación para ir a la  sala constitucional, estoy convencido que allí daremos un debate de altura, como siempre lo hemos dado, para tratar de demostrar que efectivamente se ha vulnerado el derecho a la defensa y la obligación del Ministerio Público de sostener la persecución penal en este caso”, afirmo Genis Navarro, agregando que los delitos cometidos ya han sido demostrados.

Concluyó señalando que está a la espera de las instrucciones respectivas como apoderado judicial para poder ir a la Sala Constitucional del TSJ, “supongo que esa determinación deben tomarla las autoridades universitarias, de mi parte ya estoy totalmente preparado para incubar esa acción ante el Máximo Tribunal”.