OPSU prohibió pago del 8,5 a profesores jubilados
De no cumplir excluirían a la ULA del próximo listado de Petrorinocos
El rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci Rossini, informó que en una reunión sostenida el pasado miércoles entre representantes de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y las 4 universidades transferidas al nuevo régimen de pago de prestaciones sociales se les informó que si alguna de estas instituciones paga a sus profesores jubilados el beneficio conocido como 8,5 se les excluirá en el listado de beneficiados por los Petrorinocos, correspondiente al tercer trimestre del año en curso.
Bonucci recordó que el conocido 8,5 se ha pagado a los activos y a los jubilados que no les han pagado sus prestaciones, explicando que la OPSU decidió de manera unilateral no pagar más a estos últimos argumentando que existe “una expectativa de pago”. El Rector pidió de manera formal y por escrito la mencionada expectativa, sin embargo, esta fue negada por la directora de OPSU, Tibisay Hung, por lo que la máxima autoridad de la ULA afirma que “no hay compromiso de pago, sino solamente compromiso de intentar pagar a todos los que se pueda”.
El Rector afirmó que existe una decepción colectiva luego de esta reunión, lamentando que se tomen acciones que parecieran buscar cerrar la posibilidad de diálogo. Detalló en ese sentido que nuevamente se les negó conocer la fórmula utilizada para el cálculo de los Petrorinocos, esto ante las diferencias encontradas entre lo pagado y lo calculado por las universidades. Con este panorama rectores y vicerrectores de las universidades transferidas pautaron una reunión el próximo martes en la Universidad de Carabobo para fijar postura sobre esta situación. “Es inconveniente que se cierre toda posibilidad de diálogo, ayer lo que recibimos fue regaños que cerraron toda posibilidad de diálogo”, dijo Bonucci.
No obstante, el Consejo Universitario de la UC tomó la decisión por unanimidad de pagar el 8,5 a sus jubilados. Sobre esto Mario Bonucci destacó que las instituciones recibieron el dinero correspondiente para este pago, incluida la ULA, pero luego se recibió un instructivo que prohíbe honrar este beneficio.
Repasando los acontecimientos
Con el objeto de contextualizar un poco más los hechos presentamos un repaso de lo ocurrido en cuanto al pago de prestaciones sociales desde el año 2001.
El primero de enero de 2001 la ULA se transfirió al nuevo régimen de prestaciones sociales, al igual que la Universidad de Carabobo, la Universidad del Táchira y el sector administrativo de la Universidad de Guayana. Las diferencias entre los modos de pago radican en que en el viejo régimen se pagaban hasta 45 días de prestaciones sociales, y las no pagadas y acumuladas generaban un interés calculado a la tasa pasiva, mientras que en el nuevo régimen se ofrecían ventajas como pago inmediato de prestaciones y sus intereses al personal activo y jubilado, y si no se pagaba el Ejecutivo tenía 5 años para honrar la deuda, tiempo durante el cual los intereses capitalizables generarían un interés promediado entre la tasa activa y la pasiva, ambas fijadas por el BCV. Transcurridos los 5 años (que en el caso de la ULA se cumplieron el primero de enero de 2006) pasa a pagarse interés basado en la tasa activa.
En 2007 la ULA paga basándose en un instructivo enviado por la OPSU en donde se respetó la capitalización de los intereses, el promedio entre las tasas de intereses y el pago de la tasa activa a partir de enero de 2006, tal y como se expuso anteriormente.
En 2009 el CNU nombró una comisión presidida por Antonio Castejón, en ese momento director de la OPSU. La comisión llegó a un acuerdo que respetaba lo establecido, sin embargo, el informe final nunca fue presentado ante el CNU por razones aún desconocidas.
En 2012 llega la oferta de pago por la vía de los llamados Petrorinocos y la ministra hace públicos unos instructivos que desconocen lo acordado en el informe 2009 y en el instructivo 2007, esto generó conflictos con la FAPUV. En este momento el CNU nombró una nueva comisión coordinada por Tibisay Hung, directora actual de la OPSU, la cual trabajó y al momento de llegar a la última acta en la que se plasmaría ya un acuerdo no se convocó más nunca una reunión y nuevamente no hay informe ante el CNU. El rector Mario Bonucci detalla que en este caso se suscribió de manera casi íntegra el documento elaborado y nunca presentado con Manuel Castejón, además de lamentar que la directora adjunta de la OPSU, Tibisay Hung, ignore lo que le ordenó el CNU y no convoque la comisión.