República Bolivariana de Venezuela

Universidad de Los Andes

Consejo Universitario

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de las atribuciones legales que le confiere el numeral 20 del Artículo 26 de la Ley de Universidades.

COMUNICADO

La Universidad de Los Andes en uso de sus atribuciones y competencias legales conferidas en la Ley de Universidades vigente, en la misión de propiciar la búsqueda de la verdad, la orientación de la vida ciudadana y la contribución doctrinaria en el esclarecimiento y solución de los problemas de la sociedad, ante la realidad de los hechos de violencia, públicos y notorios, acaecidos el pasado día viernes 11 de enero en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, que hoy día afectan considerablemente la paz ciudadana, el normal desarrollo de sus actividades socio-económicas y calidad de vida de sus habitantes, así como, las actividades fundamentales de la vida universitaria del Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes en esa región andina.

CONSIDERANDO

Que el referido día se presentaron hechos de protesta de parte de la comunidad estudiantil del Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes y de otras instituciones de educación superior de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, motivados por su rechazo a la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la interpretación del Artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), relacionado con el acto de juramentación del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Sr. Hugo Rafael Chávez Frías.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), nuestra Carta Magna, contrato social que abarca los deberes y derechos de todos los ciudadanos e instituciones de este país, establece que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, el respeto, la democracia, la participación ciudadana, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra y otorga rango constitucional a la Autonomía Universitaria, el respeto y defensa de la dignidad y legitimidad  de  la  Universidad,  así  como,  la  inviolabilidad  de  los  recintos  universitarios.  Igualmente, establece la obligatoriedad de las instituciones y los organismos de seguridad del Estado venezolano de garantizar el respeto a los derechos humanos, la integridad, dignidad y seguridad personal de todos los ciudadanos del país, incluidos los miembros de la comunidad universitaria, así como el derecho a la asociación y a la protesta ciudadana.     

CONSIDERANDO

 Que la Universidad, al ser una institución autónoma, democrática, popular y de pensamiento plural, constituye un escenario natural para el diálogo, el debate y la confrontación de ideas en un ambiente académico, intelectual, universal, de respeto y reconocimiento mutuo, y de solidaridad y de paz.

CONSIDERANDO

Que es deber y responsabilidad ineludible de esta institución de educación superior tratar de colaborar en el esclarecimiento y búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la sociedad, su adecuado desempeño y desarrollo, en especial, los asuntos sociales, políticos y económicos nacionales que afectan a la población del país. En este sentido, consideramos un deber insoslayable promover la formación académica e intelectual y la capacidad crítica de nuestros educandos. Tal es el caso de la referida decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que condujo a la jornada de protesta efectuada por la masa estudiantil de algunas instituciones de Educación Superior de la ciudad de San Cristóbal, incluido el Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes en el estado Táchira. Nuestros estudiantes ejercieron el legítimo y constitucional derecho a la protesta consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y las leyes de la República. 

CONSIDERANDO

Que la Autonomía Universitaria y la libertad de pensamiento y expresión, plasmados en el Manifiesto de Córdoba del año 1918, son derechos y valores irrenunciables que el movimiento estudiantil, mediante una ardua lucha que, con mucho esfuerzo, sacrificio y pérdida de vidas, conquistó para asegurarse que en el futuro se permitiera y respetara su derecho a expresar libremente sus ideales, sus pensamientos y sus protestas, así como, su lucha contra las injusticias, el adoctrinamiento, la dominación y la servidumbre intelectual.

CONSIDERANDO

Que en los hechos ocurridos el pasado día viernes 11 de enero, se perpetraron acciones reprochables contra las instalaciones del Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes en San Cristóbal, estado Táchira por parte de los organismos de seguridad del estado, tal es el caso de la invasión al recinto universitario, acto violento y flagrante, con la consecuente violación de la Autonomía Universitaria y de los derechos humanos de  quienes se  encontraban  presentes en estos  espacios  institucionales. Esta  acción constituyó un atentado contra la vida y la seguridad de las personas de la comunidad universitaria y contra los bienes materiales institucionales que allí se encontraban.

CONSIDERANDO

Que es un deber y una obligación moral y humana de nuestra institución garantizar el respeto y legítimo ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos, así como la preservación de la integridad física y moral de los miembros de la comunidad universitaria sin ningún tipo de discriminación o diferenciación. 

CONSIDERANDO

Que con motivo de los hechos violentos ya referidos, representantes del gobierno regional han hecho señalamientos graves en contra del Profesor Omar Pérez Díaz, Coordinador Administrativo del Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes en el estado Táchira y miembro destacado de nuestra comunidad universitaria, las cuales consideramos apresuradas y sin ninguna averiguación previa, con lo cual someten al escarnio público y pone en entredicho su reputación personal y académica.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar y condenar de manera categórica todo acto de violencia verbal, física y psicológica, cualquiera sea su procedencia o motivación.

SEGUNDO: Hacer del conocimiento de la opinión pública, local y nacional nuestra profunda preocupación, extrañeza, inconformidad y rechazo por la situación de violencia generada por la actuación desmesurada y descontrolada de los órganos de seguridad del estado el pasado día viernes 11 de enero en contra de los miembros de la comunidad universitaria y bienes materiales del Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes en el estado Táchira.

TERCERO: Rechazar y condenar de manera categórica la invasión a los espacios universitarios y la violación de la Autonomía Universitaria que ha experimentado la Universidad de Los Andes en el Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” en el estado Táchira, por parte de los organismos de seguridad del estado el pasado día viernes 11 de enero.

CUARTO: Rechazar y condenar la represión desmedida que ha actuado contra la comunidad universitaria de la Universidad de Los Andes en el Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” y de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), por parte de los organismos de seguridad del estado el pasado día viernes 11 de enero.

QUINTO: Exhortar a la sociedad civil y a las fuerzas vivas del estado Táchira, en su condición de   poder  constituyente  y  contralor,  así  como  a  los  organismos  competentes  del  estado venezolano, a concentrar  esfuerzos y  gestiones a los fines de  garantizar a los ciudadanos de la región el libre ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales a la libre expresión, la asociación, la protesta, la participación ciudadana y el reclamo popular, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

SEXTO: Exhortar a la comunidad universitaria y a la sociedad civil en general del estado Táchira, en particular a la comunidad universitaria del Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes en el estado Táchira, a ejercer sus derechos fundamentales con respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y a las leyes, con responsabilidad, conciencia y compromiso social dentro de un ambiente de democracia, calidad humana, tolerancia, paz y respeto por la dignidad y la integridad humana y de las instituciones. 

SÉPTIMO: Ofrecer todo el apoyo y respaldo institucional, moral y jurídico a todos los miembros de la comunidad universitaria del Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes en el estado Táchira para la defensa de sus justos derechos ciudadanos.

OCTAVO: Rechazar de manera categórica y contundente los señalamientos y agravios en contra del Profesor Omar Pérez Díaz.

NOVENO: Exhortar a las instituciones competentes del estado, a la sociedad civil y a las fuerzas vivas del estado Táchira a mantener y velar por que en esa región se ejerza la práctica de una cultura de tolerancia, diálogo, respeto mutuo, preservación de la calidad de vida, respeto, dignidad e integridad humana, a los fines de que las actividades propias del funcionamiento y desarrollo de las actividades socioeconómicas de la región se desenvuelvan en el mejor y más propicio clima de elevados valores morales y cívicos característicos de una sociedad que, como la nuestra, clama por la no violencia y por un entorno y un ambiente pleno de libertades, democracia, entendimiento y paz ciudadana.

Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Mérida a los cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil trece.

Mario Bonucci Rossini                                              José María Andérez Álvarez

               Rector                                                                            Secretario

El presente comunicado fue aprobado con el voto salvado de:

• Profesor José Rafael Luna, Decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis: “Salvo mi voto por considerar que el comunicado a pesar de reconocer hechos de violencia en la ciudad de San Cristóbal, sólo genera observaciones sobre la actuación de la fuerza pública y se olvida de la afectación moral y económica de ciudadanos en dicha región por elementos que se hacen llamar estudiantes que con actitudes violentas generan el caos en la ciudad de San Cristóbal. Por tal razón a pesar de manifestar mi desacuerdo con la violación de la autonomía universitaria, rechazo la comunicación por considerarla un documento sesgado que desconoce la violencia cometida contra los ciudadanos y la propiedad pública y privada, y la violencia cometida por quienes  utilizan la universidad como  refugio en contra de la  misma universidad.”  (Fdo). Ilegible.
• Profesor Eric Brown, Decano del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de Trujillo: “Salvo mi voto por considerar que la propuesta aprobada por el Consejo Universitario en relación a los hechos de violencia en el NUTULA, a pesar que intenta realizar un desagravio al profesor Omar Pérez Díaz, con lo cual uno podría estar de acuerdo; sin embargo esta intención se pierde en el lenguaje con que se escribe dicho remitido. Salvo mi voto pues a mi parecer no se logró cumplir con lo preceptuado con el nombramiento de la comisión”. (Fdo). Ilegible.
• Profesor Pedro Rivas, Representante Profesoral Suplente del Profesor Guido Ochoa (No consignado).
• Profesor Heriberto Gómez, Delegado de la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria: “Salvo mi voto porque: 1) La comisión llegó a conclusiones de manera subjetiva, sin hacer una averiguación de los hechos. 2) El remitido, tiene un alto contenido partidista, en contra del Gobierno Nacional. 3) Se apoya a grupos que provocaron graves daños a la sede de FUNDAFAMILIA y vehículos, entre otros. 4) La protesta no fue pacífica, todo lo contrario a lo que dice el comunicado, estuvo cargada de violencia. Caso destrucción FUNDAFAMILIA.” (Fdo). Ilegible.
• Bachiller Inder Romero, Representante Estudiantil: “Es condenable todo hecho de violencia venga de donde venga, así como la violación del recinto universitario por fuerzas del estado en el caso que eso se comprobara, pero debo salvar mi voto porque la redacción del comunicado parece sugerir la justificación de acciones violentas bajo el argumento del derecho a diferir y a la protesta pacífica. Como universitario estoy convencido de que el mecanismo para exponer y dirimir diferencias políticas no puede ser la agresión física al adversario ni destruir propiedad pública o privada, pues este mecanismo universitario debe ser el de la argumentación y disertación de ideas”. (Fdo). Ilegible.