El rector Mario Bonucci consideró como positivos y alentadores los encuentros sostenidos en Caracas con la Opsu y Comisión de la AN. (Archivo Prensa ULA)

El pasado miércoles tuvo lugar la audiencia solicitada por el diputado Carlos Ramos ante la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN) con el objeto de tratar el tema de los terrenos de Campo de Oro y San Juan Bautista, ambos pertenecientes a la Universidad de Los Andes (ULA). En la misma estuvieron presentes los 6 diputados a la AN por el estado Mérida, mientras que por la universidad asistieron el vicerrector administrativo, Manuel Aranguren; el decano de la Facultad de Odontología, Justo Miguel Bonomie; el director de Ingeniería y Mantenimiento, Omar Ruiz; el arquitecto Armando González de Ingeniería y Mantenimiento y por supuesto, el rector Mario Bonucci Rossini, quien agradeció las gestiones del diputado Carlos Ramos en la defensa del patrimonio universitario.

Mario Bonucci dijo que durante el encuentro se dio una discusión bastante fluida en donde la ULA mantuvo su postura sobre los terrenos, mostrando una vez más la necesidad que tiene de usar esos terrenos “para el beneficio colectivo, beneficio social y trascendente no sólo de Mérida sino del país y no sólo ahora sino para las próximas generaciones”, destacando que los universitarios pueden compartir estos espacios para viviendas para universitarios y para personas ajenas a la institución pero haciendo un estudio previo y racional de la zona. Además señaló que hay discrepancias subsanables entre los diputados sobre el tema, pero en el fondo se entiende que la universidad requiere es los recursos para el financiamiento de las obras que componen la nueva Facultad de Odontología y el Campus Biomédico.

Luego de una amplia discusión en donde intervinieron todos los diputados del estado Mérida y otros de la Asamblea, así como el Rector, el ingeniero Omar Ruiz y el arquitecto Armando González se acordó esperar los resultados de la comisión tripartita que se ha formado entre el Ministerio de Hábitat y Vivienda y la ULA, participando por la institución la directora del Servicio Jurídico, Raiza Ojeda, el director de Ingeniería y Mantenimiento y el Decano de la Facultad de Odontología. Asimismo, se creó una subcomisión coordinada por la diputada Zulay Martínez para que haga evaluación periódica del avance de esta comisión tripartita y de lo que puede ocurrir con los terrenos.

Reconocimiento de la crisis de la salud

Un día antes, la Universidad de Los Andes (ULA) planteó nuevamente la problemática de los servicios de salud ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), en una audiencia solicitada por el rector Mario Bonucci, contando con la participación de la directora Tibisay Hung y de la analista de la Opsu para la ULA, Sol Esparza.

Mario Bonucci detalló que fue una larga reunión en donde se expuso de manera detallada el gran significado del sistema integral de salud de la ULA, así como el beneficio que este representa no sólo para los universitarios sino para los merideños en general al alivianar la carga de los centros de salud públicos en la ciudad de Mérida, los cuales ya se ven complicados en su funcionamiento por la alta demanda.

En el encuentro se acordó una nueva reunión en aproximadamente 15 días, en donde se espera la presencia de un delegad de cada uno de los gremios que hacen vida en la ULA “para que podamos empezar a visualizar soluciones”, dijo. La reunión fue calificada como positiva, aunque no se logró nada concreto más allá del reconocimiento de que en la ULA existe un problema y que por tanto hay que tomar medidas.

Los universitarios mostraron el impacto de factores externos, como la disminución del poder adquisitivo, ha obligado a la mayoría de los universitarios a usar este servicio de salud mientras que la ULA tiene cada vez menos presupuesto para tal fin. “Tenemos una bomba de tiempo que nos puede estallar en la cara si la Opsu no otorga los recursos necesarios”, afirmó el Rector, reiterando que el presupuesto repetido ha impedido hacer nuevas inversiones, a lo que se suma la alta tasa inflacionaria y el envejecimiento natural de la población universitaria.

Peticiones hechas

En la audiencia los ulandinos solicitaron recursos para atender las deudas del IPP y Ofiseula con las clínicas privadas, un monto cercano a los 20 millones de bolívares, además de recursos para las insuficiencias presupuestarias del año 2012 por el orden de los 67 millones de bolívares. Igualmente, solicitaron la homologación de las coberturas de atención de HCM para empleados, obreros y profesores, “ambas coberturas deben necesariamente actualizarse de acuerdo a la tasa inflacionaria y elevarse”, dijo el Rector.

En la reunión estuvieron presentes además la vicerrectora académica, Patricia Rosenzweig y el vicerrector administrativo Manuel Aranguren, así como los directores de Ofiseula, Camiula, DAES, IPP, así como de la directora de la Comisión Permanente de Salud, Isabella Signorelli.