Un derecho constitucional coartado por el gobierno

El rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci Rossini, afirmó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza a todos los bachilleres el acceso a la Educación Superior sin más limitación que sus actitudes, sin embargo, se trata de una garantía que está siendo coartada por el propio gobierno, quien expone a los jóvenes a una exclusión forzada.

Bonucci explicó que las universidades han solicitado reiteradamente al Ejecutivo Nacional los recursos presupuestarios adecuados para mejorar la capacidad instalada y los diversos programas para lograr atender a todos los jóvenes, sin embargo, la respuesta ha sido un presupuesto repetido durante 4 años y un recorte presupuestario en 2009, impidiendo que se logren atender las crecientes necesidades de muchas facultades.

Más alumnos y menos profesores
En ese sentido detalló que el proceso natural de jubilación y la necesaria reposición de cargos ha creado serias limitaciones en varias facultades de la universidad, pues un solo profesor debe encargarse de grupos más numerosos de alumnos, superando la cantidad ideal para que la enseñanza sea óptima; no obstante, acota que el mencionado proceso de jubilaciones ha existido siempre pero en otros tiempos no representaba un problema pues contaban con apoyo financiero.

El Rector puso como ejemplo la situación de la Facultad de Medicina, donde un grueso número de profesores se han jubilado al punto que no es posible atender más personas e incluso atender de la mejor manera a los que ya han ingresado. Igualmente, hizo referencia al Núcleo Rafael Rangel en Trujillo, donde han sostenido conversaciones con el Gobernador buscando abrir el primer año de Medicina, sin embargo, éste luego de haber ofrecido los recursos para el pago de los profesores no concretó nada.

“Estoy absolutamente convencido de que pudiéramos atender una cantidad bastante grande de estudiantes”, afirmó Mario Bonucci, comentando que en este proyecto estaban participando la Cámara de Comercio y de Industrias conjuntamente con la sociedad civil, aportando equipos y laboratorios para la extensión, sin embargo, ni el Gobernador ni el Director de Opsu pudieron suministrar los recursos para la contratación de personal, tanto docente como administrativo, técnico y obrero.

Es un reclamo justo
Bonucci afirmó que todos los estudiantes, quienes son la esperanza para el desarrollo y progreso del país, “tienen cabida en la noble ULA” y por eso mismo invitó a estos jóvenes a exigirle al gobierno nacional y regional el apoyo necesario a las universidades, ya que en efecto se trata de un derecho constitucional que tienen todos los bachilleres venezolanos pero que el Estado les está negando al no brindar a las universidades la capacidad de cumplir con este mandato mediante la asfixia presupuestaria.

Finalmente, comentó que dentro del presupuesto del gobierno regional del Zulia hay partidas para apoyar las labores y proyectos de La Universidad del Zulia en su región, situación que se repite en el estado Táchira, “incluso cuando era un gobierno del oficialismo con Ronald Blanco La Cruz a la cabeza”, sin embargo, el ejecutivo regional de Mérida nunca ha apoyado presupuestariamente a esta universidad “a sabiendas de los grandes y crecientes problemas que tiene y consciente de que esta es la universidad que está atendiendo a los jóvenes merideños”.