La promoción del derecho de unos, no implica la violación del derecho de otros. Esta frase corresponde al profesor Douglas Ramírez, coordinador de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (Faces).

La expresión la hizo en referencia  a los recientes casos de invasión a terrenos de la ULA y a la amenaza latente que aún recae sobre estos espacios de parte de grupos de familias afectas a las filas del chavismo.

“Quiero increpar al presidente del Consejo Legislativo del estado Mérida, señor Alexis Ramírez, sobre un tema en el que, al parecer, hay que ilustrarlo. Si  hay tanta preocupación por el problema de la vivienda,  quiero preguntarle porqué en el presupuesto nacional del año 1999 se dedicaba el 10 por ciento de ese presupuesto a la construcción de la vivienda, y resulta que ahora, en el 2010, solo dedica el 0,9 por ciento, pese a que el problema es mucho más grave”.

Refirió que el legislador alude a leyes de expropiación y de tierras urbanas, cuando ya los juristas venezolanos han ratificado que están fuera del marco constitucional. “Hay un principio básico que expone que: toda ley injusta, sigue siendo injusta, aunque sea ley”.

Dijo el profesor ulandino, que el presidente del Clem hace un uso errado de término latifundio en sus señalamientos hacia los terrenos de la universidad.

 “A ver, volvemos a ilustrar al flamante presidente del Clem sobre porqué la universidad no es latifundista. El concepto de latifundio es una relación de dependencia  y explotación, el cual los señores hacendados mantenían con los trabajadores de las tierras y, a quienes se les pagaban con fichas. Más o menos igual a la economía del trueque que aspira imponer el Presidente de la República”.

En Venezuela, el principal administrador de terrenos es el propio Estado, y por ende el gobierno nacional de turno. El académico dijo que ha sido el propio gobierno quien no ha tenido la preocupación de ceder esos terrenos para los proyectos necesarios de viviendas.

“No se han preocupado por la generación de los recursos financieros para las viviendas del pueblo. Han estado engañando a la gente inocente e incitándolos a cometer delitos con los actos de invasiones. Esto va contra los artículos 25, 333 y 110 de la Constitución".

Finalizó diciendo que los gobernantes  y legisladores regionales, enarbolan el artículo 82 que refiere el derecho a tener vivienda, sin embargo, han sido ellos mismos quienes se han apartado del deber para con el pueblo al no conceder los recursos para las viviendas y determinar los espacios pertinentes para ello.