En el año 1997 el gobierno venezolano creó un nuevo régimen para el cálculo de las prestaciones sociales, el cual planteaba una serie de cambios en el sistema utilizado, incluyendo además nuevos criterios respecto a los intereses sobre las prestaciones. Al ser establecido, se brindó a las Universidades venezolanas la opción de continuar utilizando el régimen que hasta ese entonces había estado vigente o, si así lo preferían, adherirse al recién creado.

Es hasta el año 2001 que la Universidad de Los Andes (ULA), al igual que las de otras casas de estudio, se adhiere al llamado “nuevo régimen”, sin embargo, la fórmula de cálculo de los intereses propuesta por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) generaría una serie de desacuerdos, ya que la misma disminuía las ganancias que correspondían a los trabajadores.

El rector de la ULA, Mario Bonucci, explicó que la Universidad decidió adherirse al nuevo régimen ante las promesas del Gobierno Nacional, entre ellas el pago de todos los pasivos laborales así como la creación del fideicomiso, sin embargo, ninguna se materializó. Este incumplimiento, sumado a la disminución del capital por la fórmula de cálculo de los intereses propuesta por la Opsu, hace que la ULA solicite ser devuelta al régimen que recién había abandonado.

“Antes de que se cumplieran los 5 años que dan la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo para que se paguen los pasivos sin recibir sanciones, la ULA pide ser devuelta al viejo régimen, a lo que no se dio respuesta nunca” explicó el Rector, iniciándose así un largo proceso en el cual estaría vinculado hasta el final, “si nos quedábamos callados y permitíamos que se aplicara la fórmula propuesta por la Opsu todos los profesores, empleados y obreros de la universidad habrían visto realmente afectadas sus prestaciones, y así su calidad de vida en la vejez o al retirarse de la Universidad por alguna razón”, expresó Bonucci.

La Lic. Theida Gómez, encargada de pasivos laborales del personal docente, explicó que la nueva fórmula establecía el pago de intereses capitalizables sobre el monto de las prestaciones hasta el momento del retiro del trabajador, pagando posteriormente una tasa activa de intereses de mora no capitalizables, es decir, siempre sobre el mismo monto que se había acumulado hasta el momento de la salida.

Contrariamente, la fórmula utilizada hasta ese entonces y que gracias a las discusiones que se llevaron a cabo entre los rectores y el gobierno nacional continuará en uso, establecía el pago de intereses de tasa pasiva, capitalizables hasta el momento de la cancelación de la deuda. Por propuesta del Rector de la ULA se creó una comisión integrada por representantes de la Opsu, incluido su director, Antonio Castejón, representante de la AN, del MPP para la Educación Superior, del CNU, de Fapuv, así como la Rectora de la Unexpo y el rector Mario Bonucci, contando con la asesoría del Prof. Luis Fuenmayor Toro.

El rector de la ULA, quien ha estado vinculado con el tema desde que ocupaba el Vicerrectorado Administrativo, finalmente explicó que luego de varias reuniones se acordó continuar utilizando la misma fórmula que se venía aplicando, decisión que quedó plasmada en un acta el 8 de diciembre de 2009, dando así por solventada la situación que desde hace años preocupaba a los universitarios y asegurando de esta manera que sus prestaciones no se vean disminuidas por una fórmula que beneficiaba al Estado en detrimento de los trabajadores.