La autoridades de la Universidad de Los Andes,  a través de la asesoría legal de la Dirección de Personal, procedió a solicitar, por ante la Inspectoría del Trabajo, la calificación de despido de las personas que participaron en los actos de violencia del  pasado 19 de octubre de 2009.

El rector Mario Bonucci,  hizo el anuncio ante los medios de comunicación de la entidad merideña, junto al vicerrector administrativo, Manuel Aranguren,  el secretario encargado y (decano de la Facultad de Odontología), profesor Justo Bonomie, la vicepresidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, Aymara Rivas,  el resto del tren directivo, empleados y representantes  del gremio profesoral.

La posición institucional ante los hechos violentos perpetrados contra el Consejo Universitario en pleno y las instalaciones del Edificio Central del Rectorado, fue asumir el análisis de los mismos desde el punto de vista jurídico, social y ético.

“Como autoridades universitarias, hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, la leyes y nuestras propias normativas, asumimos el compromiso institucional de mantener una universidad con espacios para la convivencia, el diálogo y el respeto a los procedimientos legalmente establecidos, para llevar adelante la lucha por las justas reivindicaciones laborales de todos nuestros trabajadores y de aquellas que nos permitan seguir defendiendo el saber, la autonomía y la libertad”.

El Rector declaró que ese 19 de octubre, fue evidente el uso  de mecanismos de protestas violatorios de las normas internas que rigen la universidad y de disposiciones constitucionales y legales que protegen la integridad física, mental y moral de todos los venezolanos y el patrimonio del Estado.

“El arma de la violencia en perjuicio del patrimonio universitario, así como las conductas no cónsonas con ese espíritu que caracteriza a los universitarios, debe ser rechazado y tratado con el accionar de la disciplina como valor fundamental que garantice la no impunidad. Este es el clamor de nuestra universidad y de la ciudadanía donde hacemos vida. Es de esta forma como accionamos el esclarecimiento de estos hechos y la búsqueda de la verdad”.

La máxima autoridad de la ULA, dijo que toda la comunidad universitaria está convencida de que la impunidad en sí y por sí misma, es una violación de los derechos humanos. Aseveró que la impunidad es una negación de la justicia y una invitación al desconocimiento de las reglas establecidas. Que la impunidad propende a la anarquía que imposibilita la convivencia armónica y pacífica dentro de la universidad.

El Rector expresó que la decisión de activar lo mecanismo legales pertinentes, obedecen a que existen causales suficientes, de modo que los organismos encargados de administrar justicia se pronuncien con las medidas disciplinarias a que haya lugar.

“Es obligación de los operadores de justicia, tanto en las vías jurisdiccionales como en las administrativas, conocer y tramitar las demandas de los administrados”.

Vale recordar que hace varias semanas se interpuso el caso ante la Fiscalía General de la República y hace dos días se procedió ante la Inspectoría del Trabajo de la localidad merideña, luego de las averiguaciones correspondientes de parte de organismos internos de la Universidad de Los Andes.

Finalmente, dijo que la convicción de seguir construyendo una universidad con una visión distinta es el norte propuesto por las actuales autoridades y la propia comunidad ulandina. Aclaró que los nombres de los universitarios incursos en los graves hechos de violencia, no se darán a conocer, pues la intención es que se entienda que este accionar no es una persecución, pues se hace con la debida imparcialidad.

Tanto el Vicerrector Administrativo como la vicepresidente de la FCU, se unieron al juramento de cada uno de los rincones de la universidad. Los reclamos son aceptables, lo que no es aceptable es la atmósfera de miedos y amenazas dentro de la universidad. (CNP: 5982)