El profesor Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, del Observatorio Venezolano de la Justicia, explicó la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela y la función que cumple la Corte Penal Internacional (CPI) desde su creación, en el III Seminario denominado  “La Corte Penal Internacional y el caso Venezuela”, en el Diplomado de Derechos Humanos, Madiba, que impulsa el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA), y que se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) en el que participó como invitado especial.

Dijo el profesor Alí Daniels que los países no tienen amigos, los países tienen intereses y por eso velan por sus intereses y no por sus amigos.

Expresó Daniels que el derecho a la asistencia que tienen las personas en una crisis humanitaria como la que enfrenta Venezuela no es una caridad ni una limosna, es un derecho humano, pues las personas que padecen desastres causados por el hombre tienen el derecho a ser asistidos y así está reconocido en el derecho internacional, por lo tanto el gobierno que rechace una ayuda humanitaria incumple con sus obligaciones internacionales y viola los derechos humanos.

La ayuda humanitaria no es una injerencia indebida a la soberanía, por lo que el gobierno está obligado a recibir la ayuda para la población y si no lo hace, viola los derechos humanos de la población que necesita de medicinas y alimentos.

Sanciones por negación

Explicó el profesor Daniels que una resolución emitida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del mes de septiembre del año pasado, reconoció que en Venezuela había una crisis humanitaria, por lo tanto si el gobierno no acepta la ayuda humanitaria estaría incurriendo en delitos de lesa humanidad, además de que estaría incumpliendo con el literal K del artículo 7 del Estatuto de Roma que habla de causar sufrimientos a la sociedad civil. Sin embargo señaló que una acción forzada a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en estos momentos es bastante remota, toda vez que para ser aprobada en la ONU debe tener la mayoría de los votos y allí están China y Rusia como miembros que no están de acuerdo con una opción militar.

La ayuda humanitaria no es una injerencia indebida a la soberanía, por lo que el gobierno está obligado a recibir la ayuda para la población y si no lo hace, viola los derechos humanos de la población que necesita de medicinas y alimentos.

A consideración del investigador en derechos humanos puede existir una debilidad en el gobierno y tal vez hay una discusión dentro de las Fuerzas Armadas que no se conoce, puesto que aun cuando el mismo gobierno no está de acuerdo con la ayuda humanitaria, no hay movimiento de soldados hacia las zonas fronterizas. Resaltó la petición que le vienen haciendo a las Fuerzas Armadas la mayoría del pueblo, así como diversos factores políticos de oposición y entes no gubernamentales, para que hagan cumplir la Constitución y para que velen por el respeto de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos venezolanos, independientemente de su condición política. María de los Ángeles Pérez. 9795. Prensa ULA. Fotos: Lánder Altuve