Remitido del Consejo Universitario de la ULA ante Crisis Migratoria y Colapso inducido de la Universidad

  La difícil situación que actualmente sufren los venezolanos, entres ellos universitarios, ha generado una gran preocupación en el seno de la Universidad de Los Andes, que no ha descansado en estos periodos vacacionales puesto que ha estado muy atenta a la crítica realidad económica y social.

En este sentido, el Consejo Universitario de la ULA ha asumido su posición frente a varios hechos y decisiones del gobierno nacional. Entre ellas se encuentra la crisis migratoria, la cual se ha mantenido intensamente a lo largo del 2018.


 

Remitido del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes sobre la Crisis Migratoria y el Colapso inducido de la Universidad

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, en concordancia con las atribuciones legales que le confiere el numeral 20 del Artículo 26 de la Ley de Universidades, y cumpliendo con su misión de colaborar en la orientación de la vida del país mediante la contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales; haciendo uso del derecho de petición, reconocido internacionalmente en el Artículo XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y reconocido en el artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; acude a sus buenos oficios para solicitar el amparo y resguardo necesarios nacional e internacionalmente para que los venezolanos podamos ejercer efectivamente nuestros derechos humanos, cumplir nuestros deberes y gozar de las garantías necesarias para poder vivir de acuerdo con los fines de todo estado democrático, expresamente consagrados en el artículo 3 de nuestra Carta Magna en los siguientes términos:

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La profunda crisis general por la que atraviesa nuestro país desde hace varios años, en estos momentos se ha agudizado a extremos insoportables. Al desabastecimiento de los productos básicos alimenticios, de higiene, de salud; a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna y adecuada, ni tratamientos para enfermedades terminales; a la hiperinflación vertiginosa e indetenible que ha eliminado el poder adquisitivo del venezolano, ni siquiera para garantizar la cesta básica alimentaria; a los inconmensurables índices delictivos que mantienen sitiados a los ciudadanos, frente a la indolencia de los órganos de seguridad del Estado; a todo ello, se le suma ahora le entrada en vigencia de un nuevo cono monetario que en nada ha venido a solucionar la catástrofe nacional, muy al contrario, la ha agudizado. Ello se expresa en las enormes colas de ancianos, adultos, jóvenes y niños por doquier adquiriendo lo que sea posible, ante la desaparición de los productos básicos; en el número creciente de ciudadanos que solicitan atención médico- sanitaria en instituciones de salud que carecen hasta de lo más básico; en el aumento alarmante de enfermedades que se consideraban ya erradicadas; en el crecimiento de la tasa de indigentes, mendigos y enfermos mentales en las calles; en el deterioro de la calidad de vida por todo lo expresado y por la basura y la gran cantidad de desechos sólidos que forman parte del panorama “natural” de nuestras calles, avenidas y carreteras; en las interminables filas en los bancos para poder retirar de los escasos fondos el poco dinero efectivo que el gobierno permite o que los bancos pueden proveer; en la diáspora de jóvenes, adultos, familias enteras que huyen despavoridos en búsqueda de condiciones posibles para preservar la vida.

Esta dolorosa fotografía de la realidad en nuestro país pesa, enormemente, en los espacios universitarios. Nuestra Universidad no escapa del asedio producido por las funestas políticas económicas, sociales, de salud, de protección social, educativas, que han orientado la acción de este gobierno. La última decisión de reconvertir, nuevamente, la moneda, ha dejado a la Universidad sin presupuesto con el cual funcionar, lo cual la conduce a un colapso inducido por este gobierno. Todo el ataque sistemático y cotidiano a los espacios universitarios, que han disminuido grandemente su funcionamiento, ahora arrecia con la inexistencia de un presupuesto que permita la preservación del patrimonio, el funcionamiento normal en las instalaciones, la adquisición de los materiales e insumos para el desarrollo efectivo y de calidad de la docencia, investigación y extensión como tareas fundamentales de toda universidad. Más aún, no garantizan salarios dignos para el trabajador universitario en función de sus méritos, en tanto que el gobierno ha decidido pasar un rasero y pagar a todos los trabajadores un mismo salario mínimo, independientemente de que sea obrero, vigilante, personal técnico o personal docente y de investigación. Este panorama expresa, claramente, la violencia contra los principios de progresividad e intangibilidad de los derechos adquiridos, desconoce el sistema de méritos como mecanismo de permanencia y ascenso en la docencia y, en consecuencia, elimina el reconocimiento a la carrera universitaria que se fundamenta en el desarrollo intelectual de sus miembros.

A esta situación alarmante se le debe agregar el problema de la crisis migratoria. Los venezolanos, de todos los estratos sociales, están emigrando debido a que el gobierno no garantiza la preservación de la vida. Muy ajustado es aseverar que, vivir en Venezuela, es decidir no marcharse aún a riesgo de perder la vida, ya sea a manos de la delincuencia, o de la desnutrición que genera o empeora las enfermedades, o de la persecución del gobierno por causas políticas. La diáspora se ha llevado a grandes talentos, a excelentes profesionales, a brillantes alumnos, quienes para preservar su existencia y la de sus familiares, decidieron emprender un nuevo rumbo en otras tierras que pudiesen ofrecerles mejores oportunidades para vivir dignamente, objetivo que no siempre es alcanzado.

Ante tan cruenta situación, este Consejo Universitario acude a ustedes para que, en el marco del Sistema Interamericano de Protección a la Democracia y de los Derechos Humanos, como organismos de tutelaje de los derechos humanos a nivel internacional, en defensa de los principios democráticos y de las víctimas de este horror en que se ha convertido Venezuela, por su intermediación en nuestro país, se garantice:

a) Lo establecido en el artículo 2 de nuestra Constitución que declara: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”

b) El respeto y garantía de los derechos de todos los venezolanos, sin distinciones de ninguna naturaleza y sin exclusiones por motivos de filiación partidista política;

c) El respeto y reconocimiento de la autonomía universitaria como principio que permite a las universidades autónomas el ejercicio democrático y responsable de sus derechos y deberes;

d) La garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en especial de los presos políticos y de los estudiantes;

e) El cierre de instalaciones como “La Tumba” y la supresión de las torturas y maltrato, uso de armas de fuego y químicas que sufren nuestros estudiantes, y ciudadanos en general, con ocasión de ser detenidos por ejercer su legítimo derecho a la manifestación pacífica;

f) El cese de la impunidad, para lo cual se requiere de la aplicación justa de las leyes y, en consecuencia, de las sanciones y penas previstas en las mismas para aquellos que violen sus preceptos.

g) La intervención de los organismos internacionales para la protección de los venezolanos que, debido a la crisis generalizada, han emigrado hacia otras latitudes, muchos de los cuales están en sufriendo los efectos negativos de ser inmigrantes.

En Mérida, a los 17 días del mes de septiembre de 2018.

Mario Bonucci Rossini / Rector

José María Andérez / Secretario