Comunicado ante ataque contra defensora del Observatorio de Derechos Humanos ULA

 

COMUNICADO

ANTE EL ATAQUE CONTRA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS ULA, MÉRIDA VENEZUELA.

Las organizaciones que suscriben, manifiestan su profundo rechazo a las prácticas intimidatorias y ataques directos contra defensores de derechos humanos en la ciudad de Mérida, estado Mérida Venezuela.

Considerando

Que el día 20 de febrero de 2018 la defensora de derechos humanos María Castillo, quien es abogada del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, recibió amenazas a su integridad física por parte de Juan Carlos Quezada, estudiante suspendido de la escuela de criminología de la ULA, activista del Partido Unido de Venezuela (PSUV), ex constituyente, y autodenominado Tupamaro, mientras se desarrollaba audiencia en juicio de Amparo contra la ULA, con el objeto de intimidar y amilanar el trabajo de la defensora.

Considerando

Que el agresor Juan Carlos Quezada ha sido identificado en los medios regionales como miembro de grupos civiles armados (colectivos paramilitares) que actuaron conjuntamente con la Policía del Estado Mérida, disparando armas de fuego contra personas en las protestas pacíficas en Mérida durante el año 2017. Actuando con la anuencia de las autoridades gubernamentales (ex gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez) y bajo el manto de la impunidad.

Considerando

Que el agresor Juan Carlos Quezada fue suspendido de la ULA por emprender acciones violentas contra el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA el pasado 14 de febrero de 2017.

Considerando

Que, durante el 141º periodo de sesiones celebrado en marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió crear una relatoría sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, en consideración de las denuncias recibidas y en busca de dar mayor visibilidad a la importancia del rol de las y los defensores de derechos humanos en la construcción de una sociedad democrática en la que tenga prevalencia el Estado de Derecho.

Considerando

Que los Estados miembros de la OEA han reconocido el importante papel que desempeñan las y los defensores de derechos humanos en el fomento de la democracia y los valores del sistema interamericano. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció la importancia de los defensores de los derechos humanos y reafirmó el derecho y el deber de individuos, grupos e instituciones de la sociedad, en el fomento y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Considerando

Que la Declaración de los defensores de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1998, estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a las y los defensores de derechos humanos en el contexto de su labor. Los Estados tienen la responsabilidad de aplicar, respetar, proteger, promover y hacer efectivo todos los derechos humanos, así como también adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y libertades. Realizar investigaciones rápidas e imparciales sobre las presuntas violaciones de derechos humanos.

Considerando

Que el acto de agresión en contra de la defensora de derechos humanos María Castillo representa un atropello, acto de intimidación y violencia de género que temerariamente se acomete contra su persona mientras desempeñaba su labor para el ODH-ULA, por lo cual se solicitó Medidas de Protección con fundamento en el artículo 90, numerales 5, 6 y 13 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, con denuncia ante el Ministerio Público, Fiscalía Vigésima del Estado Mérida. Número del expediente: MP-60533-2018, con el objeto de dejar sentado precedente de la agresión hecha por Juan Quezada contra la defensora. 

Considerando

Que la legítima labor de los defensores de derechos humanos dirigida a denunciar las vulneraciones de derechos fundamentales ha provocado que sectores políticos de tinte totalitario intenten acallar e impedir el trabajo de defensores de derechos humanos o de personas que abogan por la justicia y la verdad. Por ello, algunos defensores han sido víctimas de campañas de desprestigio por parte de personas que ostentan cargos públicos.

Específicamente en el caso de Venezuela, la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han recibido reiteradas denuncias sobre los distintos tipos de ataques y actos de intimidación a defensores en el país, inclusive afectando su integridad física. 

Considerando

Que la CIDH también ha verificado una serie casos en los cuales los defensores han sido objeto de mecanismos difusos de intimidación, mediante amenazas veladas que se hacen perceptibles a través de hechos aparentemente insignificantes que alteran la cotidianeidad y que son percibidos como irregulares o extraños por la persona intimada, colocando a la misma en aviso de que está siendo vigilada.

Considerando

Que la Organización de Naciones Unidas el pasado 20 de septiembre de 2017 mostró su preocupación por el número de defensores de derechos humanos que sufren represalias, especialmente en el caso de Venezuela, donde es reseñada por cuarta vez de ocho informes que han sido elaborados hasta la fecha.

Resuelven

  • Rechazar contundentemente el acto de agresión hecho por Juan Quezada a la abogada del ODH-ULA María Castillo el 20 de febrero de 2018.
  • Instar al Estado venezolano a cesar las represalias, investigar las denuncias, proporcionar las indemnizaciones eficaces y adoptar e implementar las medidas para asegurar la no repetición de estos ataques contra quienes defienden la institucionalidad democrática. 
  • Hacer un llamado a la sociedad civil activa y organizaciones de derechos humanos del estado Mérida a apoyar este comunicado, en aras de fortalecer los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos que hacen vida en la región. 
  • Hacer un llamado a las autoridades competentes para implementar los mecanismos a que haya lugar para investigar los casos, determinar responsabilidades y poner en práctica medidas de protección a defensores de derechos humanos víctimas de hostigamiento, actos de intimidación, violencia física y psicológica, todo de conformidad a las normas y procedimientos que rigen la materia.

Suscriben:

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.
Epikeia, Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres Núcleo Andino

Categorías: