Pronunciamiento del Consejo Universitario / 27 de marzo de 2017

Pronunciamiento público para denunciar la responsabilidad del Gobernador del Estado Mérida por tolerar e instigar las agresiones y violencia contra la universidad y sus miembros

El Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria número 3, de fecha 22.03.17, acordó emitir un pronunciamiento público ante la comunidad universitaria y emeritense en general, para denunciar y hacer responsable al Gobernador del Estado Mérida, Geógrafo Alexis Ramírez, por permitir, tolerar e instigar  la agresión y violencia sistemática y permanente a que ha sido sometida, en los últimos días, la Universidad de Los Andes y sus estudiantes, profesores y trabajadores. Tal inculpación se hace con ocasión de la inacción y omisión de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana del Estado, que están bajo su responsabilidad y competencia, en el cumplimiento de las tareas de protección de la ciudadanía que les son propias. Acordó además, este cuerpo de máximo gobierno universitario, que se le informe al señor Gobernador y a los sectores oficialistas lo que significa concesionar un comedor mediante un proceso de licitación.

Igualmente, el presente pronunciamiento se acordó  para exigir públicamente al Sr. Gobernador del estado Mérida, al Director del Instituto Autónomo de Policía del Estado Mérida (IAPEM), Comisionado Agregado Álvaro Sánchez Cuéllar y al Comandante de la Zona de Defensa Integral Mérida (ZODI), General de División Isidro Ubaldo Rondón Torres, la presentación de las debidas explicaciones por las cuales, estos cuerpos de seguridad ciudadana del estado Mérida, nunca han actuado, para repeler y oponerse a ellos, en las oportunidades en que los actos vandálicos son cometidos por presuntos colectivos delincuenciales, que han asediado  y atacado con armas y objetos contundentes a los miembros de la comunidad universitaria y a sus instalaciones. Tales hechos delictivos han mantenido en zozobra constante a  la comunidad académica y laboral de esta Universidad, así como a las comunidades, planteles educativos, centros hospitalarios, clínicas, comercios, tanto de las adyacencias de los distintos núcleos universitarios como de la ciudad de Mérida en general. Lo insólito es que ocurre ante la mirada indolente y cómplice de los funcionarios públicos de seguridad ciudadana, cuyos órganos incumplen con el deber de protección a la personas y sus bienes, garantizado en el encabezamiento del artículo 55 de la Constitución Nacional que textualmente dice: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.” (Cursivas nuestras)

Es un hecho público, notorio y comunicacional la escalada de violencia generalizada que, sobre todo en los últimos días, ha impedido el normal desarrollo de las actividades docentes, de investigación, académicas y administrativas y que ha traído consigo atropellos, amenazas, ofensas, golpes, vejaciones, terror, contra miembros de la comunidad universitaria y emeritense en general. Con tales deleznables hechos de violencia se ha pretendido socavar la institucionalidad universitaria, mediante la creación premeditada de situaciones de caos y anomia, con la clara intención de impedir la normal gobernabilidad y conducción de esta institución bicentenaria así como el entorpecimiento y la obstaculización de sus funciones esenciales en pro del desarrollo de la región y del país. 

También es público, notorio y comunicacional que, en la comisión de estos repudiables hechos, quienes han usado y ejercido la violencia contra nuestra Alma Mater, han sido y son sujetos que actúan al margen de la ley por cuanto que los artilugios que usan, y bajo los cuales se escudan para cometer sus actos vandálicos y fechorías, son las armas de fuego, los objetos contundentes, las armas blancas y las capuchas. Tales sujetos facinerosos que, en los últimos días, han ejercido el triste papel de ser cabecillas de los mencionados actos violentos y delincuenciales, han pretendido tergiversar la verdad del proceso de licitación del servicio del comedor universitario de Los Chorros. Para ello han alegado el falaz argumento de que están resguardando el comedor universitario de una posible privatización y para defender sus derechos. Sin embargo, las mentiras argüidas, que como sabemos son contrarias a la verdad de los hechos, son tan evidentes que no engañan a nadie. La mayoría de los miembros de la comunidad universitaria conoce, a ciencia cierta: 

  • -que la licitación para concesionar la administración del comedor de Los Chorros se aprobó en Consejo Universitario, a solicitud de la representación estudiantil, con el apoyo total de sus miembros; 
  • -que las razones para que los movimientos estudiantes encabezaran esta reivindicación fueron, entre otras, la existencia de mafias que utilizaban la comida de los estudiantes para su propio provecho, la mala calidad de la comida, la pérdida de la cubertería, el robo de los productos de alimentación, el maltrato de algunos obreros contra los estudiantes, la preferencia en el trato y la prestación del servicio hacia ciertos grupos estudiantiles; 
  • -que se siguieron todos los procedimientos necesarios para su aprobación y ejecución; 
  • -que constituye una oportunidad para que los estudiantes gocen de su derecho a una alimentación balanceada, gratuita, de calidad; 
  • -que su servicio será prestado en total respeto al estudiantado, en igualdad de trato y condiciones para todos; y, 
  • -que la empresa concesionaria del servicio dará cuentas a la Universidad, de modo que, en caso de incumplimiento de las cláusulas contractuales, esta última podrá rescindir el contrato. 

Los estudiantes conocen las bondades de la licitación y, en consecuencia, mayoritariamente han expresado su intención de defender cabalmente los derechos conquistados con la licitación del comedor universitario, por cuanto que tienen absoluta claridad sobre la diferencia entre el proceso de licitación con respecto a la privatización.

A pesar del cumplimiento de las normas y procedimientos para licitar y concesionar el comedor y  de que los estudiantes, como principales beneficiarios del servicio, han ratificado su voluntad de aceptar y defender dicho proceso, quienes han perpetrado los hechos de violencia contra la Universidad, sin ningún tipo de argumento válido ni justificado que les asista, han persistido en su actitud pendenciera e ilegítima ante la mirada cómplice de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana del estado. Es preciso denunciar, y así lo hacemos, ante la comunidad universitaria y merideña en general que, estos delincuentes anti-universitarios actúan amparados por la Gobernación y los cuerpos de Seguridad del Estado toda vez que dichos órganos funcionariales han omitido cumplir con sus deberes y obligaciones en dicha materia, a pesar de que la Constitución, la ley y diversos reglamentos les atribuyen el deber y la obligación de garantizar la Seguridad Ciudadana entendida  como “el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”, tal como está concebido en el apartado segundo, del artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, publicado en  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37318, del 06 de noviembre de 2001. 

Reiteramos nuestra denuncia de que el gobierno regional, en la persona del señor Gobernador, Geógrafo Alexis Ramírez, y sus órganos de seguridad ciudadana, han optado por la inacción, por la omisión, en el cumplimiento de sus funciones y deberes y eso los convierte en cómplices de los violaciones cometidas y, por tanto, en sujetos activos de la violencia y de los delitos perpetrados contra los derechos individuales y colectivos de los miembros de la comunidad universitaria, contra la Universidad, contra sus bienes y contra la población merideña en general.

Aunque es una tarea y un deber del Gobernador del estado, este Consejo Universitario, por intermedio del ciudadano Rector de la Universidad, en aras  de la búsqueda de restitución del orden, la concordia y la paz en la ciudad, en ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 51 de nuestra Carta Fundamental y en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Administración Pública, mediante distintos petitorios públicos remitidos por diversas vías de comunicación, le ha solicitado al Gobernador del Estado la intervención de las fuerzas de seguridad ciudadana. Sin embargo, tales petitorios siempre han sido desoídos, por tanto, el señor Gobernador incumple con el deber de presentar oportuna y adecuada respuesta según lo establecido en el mencionado artículo 51 ejusdem, artículo que in fine, además, prescribe que “Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.”  

Viola además, el señor Gobernador del estado Mérida, Geógrafo Alexis Ramírez, lo establecido en el artículo 46 constitucional que reconoce el derecho humano que tiene toda persona a que se respete su integridad, física, psíquica y moral y, por tanto, garantiza su protección contra el sometimiento a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; estableciendo su numeral 4 que “Todo funcionario o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.” (Negritas nuestras). Esta previsión constitucional que declara la responsabilidad de los funcionarios públicos por violación de Derechos Humanos, es una garantía para que los ciudadanos accionen los mecanismos administrativos y jurisdiccionales para restituir los derechos vulnerados. Esa es una acción que pronto tendrá que emprender la Universidad, en tanto que quien está en la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, vale reiterar, el Gobernador del estado Mérida,  instiga y tolera a los violentos para que continúen ocasionando daños, sufrimientos, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los miembros de la comunidad universitaria.

Para finalizar, exigimos al Geógrafo Alexis Ramírez, Gobernador del estado Mérida, al director del IAPEM, Comisionado Agregado Álvaro Sánchez Cuellar y al Comandante de la ZODI, General de División Isidro Ubaldo Rondón Torres, que expliquen oportuna y adecuadamente a este Consejo Universitario y a sus autoridades rectorales, y a la comunidad universitaria y emeritense en general, las  razones por las cuales los funcionarios de seguridad ciudadana, que están bajo su responsabilidad, no han cumplido ni con los preceptos constitucionales y legales mencionados, menos aún con los deberes establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, que en su exposición de motivos explica que sus “normas están orientadas a dar respuestas oportunas y precisas a la serie de necesidades que en materia de coordinación de la seguridad ciudadana tiene la sociedad,… y le exige a los órganos correspondientes el deber de asumir de manera armónica y coordinada la delicada y compleja responsabilidad de proporcionar a la ciudadanía la tranquilidad y confianza necesarias para desarrollarse, integral y positivamente en el marco de esta sociedad.”

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario a los 27 días del mes de marzo de 2017.

Mario Bonucci Rossini / Rector

José María Andérez / Secretario