Ante las presiones de los sectores de oposición en Venezuela al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la entrega de las planillas como fase previa para la activación del referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro, los expertos ya emiten su opinión con respecto a esta nueva realidad electoral que abraza a los venezolanos deseosos de cambios urgentes. 

En este sentido, acudimos al profesor José Antonio Rivas Leone, doctor en Ciencias Políticas y docente en la Universidad de Los Andes, quien señaló, en primer orden, que nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 incorpora una tendencia mundial del constitucionalismo moderno como es la implícita necesidad de aumentar y promover la participación y, dentro de esta, lo referido a consultar a los ciudadanos y población no sólo en decisiones específicas, sino incluso, en los mandatos. 

De tal manera que, en el caso venezolano, todos los cargos de elección popular están sujetos a revocación, por supuesto siguiendo unos requisitos concurrentes como que haya transcurrido la mitad del periodo del funcionario, además de una iniciativa popular respaldada por un 20 por ciento de los electores inscritos, entre otros. 

Queda claro que el referendo revocatorio es una figura jurídica que permite a los ciudadanos ponerle fin a un mandato, a un ejercicio o gestión de gobierno. Sencillamente conduce a revocarle el poder, tanto la legalidad como la legitimidad a un determinado gobernante. En nuestro caso -dijo Rivas Leone-  “Nos referimos al Presidente de la República a quien se le imputa haber defraudado expectativas, no cumplir con sus deberes y ser el responsable de una nefasta gestión con el peor desempeño en la historia republicana contemporánea”.   

La figura del referendo revocatorio, contenido en el artículo 72 de la Carta Magna, según contempla Rivas Leone, haciendo un ejercicio de hermenéutica jurídica,  “Es un mecanismo útil para el accionar democrático y someter a la voluntad popular las cuestiones de interés nacional. Frente a la actual crisis nacional,  los ciudadanos tenemos una vía democrática y  electoral para producir el fin del actual mandato, repito, es por ello valioso, todo intento de dar al pueblo la posibilidad de decidir por sí, sin intérpretes, su destino”.

En cualquier país moderno y democrático los ciudadanos disponen de mecanismos de consulta, no perdamos de vista que la participación puede resumirse en el derecho de los ciudadanos a intervenir en las decisiones públicas más relevantes de cualquier ámbito territorial. Asimismo le asiste, a los ciudadanos, la facultad de revocar el mandato de los funcionarios que ocupan cargos de elección popular, lo que se traduce en una restricción al elegido, como también la facultad de abrogar las normas jurídicas que sean contrarias a la Constitución. En cualquier caso, se parte de que la soberanía reside indivisiblemente en el pueblo. /Prensa ULA