Comunicado del Consejo Universitario 26-01-2015 / Sobre los Derechos Humanos y el trato a los presos políticos

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CONSEJO UNIVERSITARIO

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de las atribuciones legales que le confiere el numeral 20 del Artículo 26 de la Ley de Universidades, hace los siguientes pronunciamientos.

COMUNICADO

La Universidad de Los Andes, entidad de bicentenaria tradición en la historia de la educación universitaria, asume el imperioso deber de elevar sin altisonancia la voz de protesta ante la situación del país en materia de violación flagrante a los derechos humanos

Considerando

Que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes, indivisibles y universales.

Considerando

Que los derechos humanos son demandas de libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la dignidad humana, reconocidas como legítimas por la comunidad internacional y merecedoras de protección jurídica tanto en el plano interno como internacional.

Considerando

Que entre las innovaciones de la Carta Magna de 1999, los Derechos Humanos ocupan un lugar especial, en el título III de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se recogen las principales disposiciones que constituyen la parte dogmática de esta Constitución, creando un sistema positivo de los Derechos Humanos de elevado nivel técnico-legislativo y de amplia complejidad.

Considerando

Que la presente situación nacional demanda de nuestra atención, para que los derechos no sean letra muerta, sino genuinos institutos que concreten la libertad, la igualdad y la dignidad humana, como valores últimos.

Considerando

Que desde la Universidad de Los Andes continuamos levantando la voz para alertar a la sociedad sobre los riesgos que amenazan la tranquilidad y la sana convivencia de todos los venezolanos.

 Considerando

Que el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, a lo largo del año 2014 presentó a la opinión pública varios comunicados en torno a la situación de la violación de los derechos humanos y el trato a los presos políticos. Resoluciones Nº CU-0402/14, CU-0403/14 y CU-0421/14.

Considerando

Que los profesores, estudiantes y egresados de la Universidad de Los Andes, rechazamos de la forma más enérgica, la manera como ha procedido el gobierno nacional contra las legítimas protestas del alumnado venezolano que se manifestó en las calles durante el año 2014 y enero de 2015.

Considerando

Que las violaciones a los derechos humanos, puestas en evidencia, son inaceptables respuestas ante los planteamientos de los jóvenes por un mejor país y por el forjamiento ya de un futuro digno para la patria.

Considerando

Que durante el año 2014, se determinó la cifra históricamente más grande de detenciones por manifestaciones que ha existido en Venezuela y el mundo: 3.477 detenciones a manifestantes (297 menores de edad), sólo eso ya de por sí acarrea la necesidad de una observación de cualquier instancia nacional e internacional. Hay 1.964 personas con procesos judiciales pendientes (175 menores de edad); es decir, que están perseguidas y que tienen que presentarse ante un Tribunal, que tienen prohibición de salida del país y a manifestar, que se contabilizaron liberados sin presentación: 537 personas (69 menores de edad). Además, quedan 63 personas todavía privadas de libertad a la presente fecha.

Considerando

Que el Ministerio Público Venezolano, imputó el viernes 16 de enero de 2015 a la ciudadana: Gaby Andreína Arellano, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.744.784, estudiante activa de esta ilustre universidad y miembro del Consejo Universitario, ello por estar presuntamente vinculada con planes desestabilizadores que tenían como propósito perturbar la paz del país.

Considerando

Que la audiencia de imputación se llevó a cabo ante la Fiscalía 20° del Ministerio Público con Competencia Nacional, a cargo de la Abogada Katherine Harington.

Considerando

Que durante el acto, la fiscal le imputó el delito de conspiración, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal que reza de la siguiente manera: “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años”.

Considerando

Que con la imputación, Arellano adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, sobre el debido proceso y los derechos del imputado.

Considerando

Que de la manera más enérgica posible, queremos expresarle a los merideños y venezolanos nuestra profunda preocupación por la forma como el gobierno nacional, vulnera los derechos de diferentes jóvenes y estudiantes, aun presos por el solo hecho de no concordar con sus ideas políticas.

Considerando

Que pensar distinto no es ni puede ser un delito. Pensar distinto es procurar encausar la nación por un sendero mejor que la patria venezolana actual, urgentemente necesita y merece.

 

Acuerda

  • Exigir al gobierno nacional venezolano la liberación de todos los presos políticos; el sobreseimiento y libertad plena de todos los estudiantes injustamente detenidos o bajo régimen de presentación y el respeto a su derecho a seguir protestando por un futuro mejor para todos los venezolanos.
  • Instar a los tribunales de la República a acatar el dictamen de las Naciones Unidas y liberar a los políticos privados de libertad y estudiantes detenidos, ya que desde el punto de vista internacional, el estado está inmerso en una situación de responsabilidad internacional.
  • Impulsar desde todas las universidades autónomas del país, la aprobación de la Ley de Amnistía, que permita la libertad de los presos, perseguidos; y, el regreso a la patria de los exiliados políticos, que es fundamental para la reconciliación del país, y para que haya esa paz que los venezolanos merecen y necesitan.
  • Manifestar que un país no se construye con dos mitades, una nación se construye con ciudadanos que piensan distinto, pero que comparten los mismos principios y valores basados en el respeto al pensamiento diferente. Que en aras a ese respeto se ponga fin, de una vez por todas, a la prisión y persecución política.
  • Hacer un llamado firme al pueblo venezolano para que las protestas se realicen pacíficamente y exhortando a solidarizarse con la lucha de los universitarios por la libertad de sus compañeros detenidos.
  • Solicitar a los universitarios del mundo que se hagan eco y agentes multiplicadores de este clamor social de Venezuela por devolverle, cuanto antes, a sus estudiantes y demás presos políticos el derecho a una vida útil y productiva que el gobierno de nuestro país les ha conculcado.
  • Enviar el presente documento a los organismos internacionales que velan, conocen y protegen la violación de derechos humanos en el mundo; así como al Nuncio Apostólico que es un representante diplomático de la Santa Sede con rango de embajador en nuestro país.

Dado, firmado y sellado, en el salón de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Mérida, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil quince.

  • El presente comunicado fue aprobado con el voto salvado del Profesor José Rafael Luna, Decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis: “Salvo mi voto como miembro de este Consejo Universitario, como Decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, como venezolano, como padre de familia y como parte del pueblo afectado por las acciones ejercidas y dirigidas por personas a las cuales de manera lamentable este consejo con el pronunciamiento aprobado presta su apoyo, olvidándose de las victimas contabilizadas de manera directa en más de 800 heridos y más de 40 asesinados durante las acciones de violencia iniciadas en febrero del año 2014; además de cuantiosos daños a la propiedad pública y privada fueron violentados derechos humanos esenciales como la vida, la salud, la educación, el libre tránsito, la libertad de información por un mecanismo perverso de autocensura de algunos medios en manos del sector privado. Por otra parte, el Ministerio Público no imputa a la Br Gaby Arellano por pensar distinto, se imputa por estar presuntamente involucrada por acciones que comprometen la estabilidad del país, por actividades que conspiran contra la paz y la democracia y sobre las cuales debe determinarse su presunta responsabilidad. El pronunciamiento aprobado por este Consejo Universitario acuerda exigir la liberación de los que se hacen llamar presos políticos y se olvida que tales detenidos tienen procesos abiertos por presunta responsabilidad en las muertes, heridos y daños que ocurrieron durante las guarimbas del año 2014, y que en algunos casos les ha sido plenamente comprobado y han recibido condena por ello; o es que se pretende pedir la libertad a quienes asesinaron a la ciudadana Chilena Gisela Rubilar de 46 años quien dejó cuatro hijos huérfanos, asesinada por grupos violentos el sábado 8 de marzo de 2014, a las 10:00 de la noche, mientras intentaba abrir el tránsito en la Avenida Los Próceres en Mérida. Es mi opinión, que utilizar el más grande logro de la humanidad para con la humanidad como son los derechos humanos, para justificar la inocencia de aquellos que la violan, es la misma actitud con doble rasero que aplica el más grande violador de los derechos humanos conocido por la historia como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, quien dice defender los derechos humanos y tiene prisiones como la de Guantánamo y no suscribe los convenios y pactos internacionales como el Convenio Interamericano sobre los derechos Humanos y el Convenio Sobre el Derecho de los Niños. Para finalizar cabe destacar que es en la gestión de gobierno del Presidente Hugo Chávez, el más grande demócrata conocido por la historia venezolana y bajo su pensamiento y talante humanitario, que se aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en donde los Derechos Humanos ocupan un lugar especial como ejemplo para el mundo.” (Fdo). Ilegible

 

Mario Bonucci Rossini    /   Rector

José María Andérez Álvarez   /   Secretario

 

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