Vicerrector-Decano de la ULA-Táchira rechaza detención de estudiantes universitarios

El profesor Alfonso Sánchez participó en la marcha convocada por la sociedad civil del Táchira.

El profesor Alfonso Sánchez, vicerrector-decano de la Universidad de Los Andes Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”-Táchira, rechazó y repudió de manera categórica la detención de los estudiantes universitarios Jesús Gómez, alumno de la UCAT; Leonardo Manrique, alumno de la UCAT; y Reinaldo Manrique, alumno de la ULA-Táchira, destacando que los jóvenes universitarios están siendo sometidos a un proceso viciado y que violenta las garantías constitucionales establecidas en la Carta Magna, así como los lineamiento que se esgrimen en el Código Orgánico Procesal Penal de nuestro país.

Dichas declaraciones las expuso el profesor Sánchez en la marcha convocada por la sociedad civil a los fines de exigir al Gobierno soluciones a los problemas del país, y en rechazo por el procedimiento al cual fueron sometidos los jóvenes universitarios.

Vale recordar que estos estudiantes fueron detenidos el día viernes 7 de febrero por la Policía Militar (Sebin) en el momento en que se encontraban en las afueras de los tribunales, apoyando a otros jóvenes (menores de edad) quienes fueron retenidos por estar presuntamente involucrados en los hechos acaecidos el día jueves 6 de febrero en la Residencia de Gobernadores del Estado Táchira. De allí fueron trasladados para la sede del referido cuerpo de seguridad ubicado en el Sector Unidad Vecinal, y este sábado 8 de febrero los llevaron a la sede del CORE 1, donde se les imputaron los cargos de: robo, conspiración para delinquir, incendio de edificio público y alteración de orden público; aunado a ello, ordenaron su ingreso al Penal de Coro, en el estado Falcón y que se lleve a cabo el proceso penal en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira.

Para el profesor Sánchez, se trata de un proceso viciado, toda vez que, ante cualquier situación, en primer lugar se debe presentar la presunción de hechos. A la vez, que rechaza la acción irregular que estos jóvenes como ciudadanos civiles sean juzgados dentro de un recinto militar. “Es importante resaltar que jurídicamente hay una violación, por ser improcedente el traslado de estos jóvenes universitarios a la cárcel de Coro, además de ser una violación a los derechos humanos. En el entendido que las personas deben ser juzgadas por los jueces en el lugar donde se cometieron los hechos, lo cual, está establecido en el Art. 58 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en concordancia con el Art 65 o 66, y esto va a depender de la cuantía de la pena de los delitos que se le estén imputando a la persona”.

Agregó el Profesor que la radicación de un juicio, nunca se puede hacer en detención o en flagrancia, hay que hacerlo cuando llegue la etapa del juicio pero pasando solicitudes que se deben hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano que decide si se hace o no la transferencia del juicio.

Para el Vicerrector-Decano todo esto no es más que una cortina de humo a fin de desestimar el hecho que causó esta cadena de lamentables acontecimientos, “y es que no podemos como sociedad vendarnos los ojos ante la cruenta realidad que vivimos los venezolanos día tras día, todos y sin distingo de color o ideología política, estamos a expensa de ser víctimas de la inseguridad. Lamentablemente nuestra casa de estudios no es la excepción, puesto que casi a diario se presentan casos de inseguridad y los jóvenes, cansados de este abanico de hechos, decidieron alzar su voz para manifestarse a fin de exigir al gobierno soluciones que les garantice vivir en paz y en una sociedad segura donde se preserve el respeto a la vida y de los bienes”.

El Vicerrector-Decano se pregunta ¿dónde están las pruebas que evidencia la presencia de estos jóvenes en un hecho tan repudiable como lo fue el suscitado en la Residencia Oficial de Gobernadores? ¿acaso es más fácil querer acallar con este tipo de procedimientos irregulares el tema de la inseguridad? Pero además de ello, ¿dónde están los responsables que el día martes 5 de febrero atacaron la sede de la ULA-Táchira y ocasionaron destrozos a la fachada de un bien nacional? ¿qué respuesta pueden darnos a los universitarios sobre la presencia de oficiales dentro la institución, violentando la Autonomía Universitaria?

Alfonso Sánchez, Vicerrector-Decano de la Universidad de Los Andes Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”-Táchira.

Fue oportuno para que el Profesor recordara que como autoridad universitaria en conjunto con los profesores José Vicente Sánchez Frank, Rector de la UNET y Omar Pérez Díaz, Coordinador Administrativo de la ULA, fijaron posición ante la opinión pública exigiendo que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de los hechos que se suscitaron en la Residencia Oficial de Gobernadores, toda vez que, “como académicos, rechazamos la violencia venga de donde venga. No obstante, el procedimiento que se ha seguido está totalmente desdibujado de las garantías constitucionales y derechos fundamentales que debe tener un ciudadano”.

Fue enfático el profesor al indicar que “en el Gobierno se habla de diálogo, de paz y de entendimiento, entonces estoy convencido que es preciso que se practique verdaderamente, y no que sea parte de la retórica de un discurso. Por ello, desde nuestra universidad reiteramos el llamado a la paz enmarcada en el respeto, la tolerancia y la convivencia. Pero además, los universitarios como parte cardinal de la sociedad civil, exigimos, que los procedimientos y acciones estén apegados a los principios democráticos sustentados en la CRBV”.

Aunado a que se está violentando todo lo que está establecido en la CRBV y los derechos humanos, hay que agregar un elemento más “y es que hasta el momento no se tiene conocimiento cierto del lugar donde se encuentran los tres estudiantes. No se sabe si están en la cárcel Coro, en el Sebin, en el Core 1, por lo tanto como integrante de la sociedad civil presente en esta manifestación pacífica, exigimos al Gobierno que nos digan dónde están los estudiantes, queremos saber su estado de salud. El Gobierno Nacional es responsable de la vida de estos tres jóvenes, venezolanos, que en un momento dado decidieron como estudiantes, y de manera solidaria, dirigirse hasta los tribunales para acompañar a estudiantes en su presentación ante la referida instancia. Exigimos que se haga todo ajustado a la norma y a la Constitución, y que se respete el debido proceso y la integridad física de estos jóvenes. A la par, exigimos que cese el allanamiento a la residencia de los estudiantes universitarios, pues para efectos de una citación se hace como está establecido en la Constitución”. (Prensa Vicerrectorado/ ULA-Táchira)

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