Consejo Universitario del lunes 05 de noviembre (Foto Ramón Pico)

Este lunes en el Consejo Universitario de la ULA, el tema dominante fue el de la violencia que se desató el día lunes 29 de octubre, en las instalaciones del Edificio del Rectorado, en donde se concentró un grupo de trabajadores quienes con morteros y consignas realizaron una protesta. Previo a esta situación, la Dirección de Transporte fue tomada por un grupo de personas encapuchadas el día sábado, esas dos situaciones hicieron que el Rector Mario Bonucci, en resguardo de las personas y bienes de la universidad decidiera suspender la sesión de ese día.

En horas de la tarde del lunes 29 de octubre, también hubo dificultades en el Edificio Administrativo, donde se interfirió con el trabajo de las diferentes dependencias que allí hacen vida, específicamente, en las direcciones de Vigilancia y Personal, las cuales fueron trancadas con candados. El día martes se laboró con normalidad y, el día miércoles, se presentaron unos encapuchados presuntamente armados en el Edificio Administrativo, quienes generaron disturbios dentro de sus instalaciones, lanzaron morteros, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, además de causar destrozos en ventanas y lámparas, produciendo un ambiente de zozobra, en el que laborar se hizo imposible.

“Todo esto generó caos y temor entre todos los trabajadores del edificio, como consecuencia de esto, se presentaron dos documentos ante el CU, uno por parte del Sindicato de Profesionales de la ULA (Siprula), en el que hacen un recuento de la situación generada y le exigen al CU tome medidas de seguridad que garanticen la vida de los trabajadores así como su derecho al trabajo. El otro documento consignado por un grupo de directores que hacen vida en el Edificio Administrativo, encabezados por el profesor Alejandro Gutiérrez, quienes en su comunicación muestran la preocupación por la situación que se presentó allá y solicitan tomen las medidas de control de acceso y de seguridad, con el objeto de poder seguir desarrollando el trabajo productivo de la ULA, sin estar sujetos a estos grupos, que usando la violencia, impiden el desarrollo de las actividades administrativas de la universidad”, resaltó José María Andérez, secretario de la ULA.

La violencia no puede apoderarse de la universidad bajo la mirada complaciente de ningún sector, por lo que los universitarios deben hacer causa común para que ésta no se presente. Por esta razón se aprobaron una serie de resoluciones donde se condena tajantemente la violencia dentro de la institución. En cuanto a la impunidad, manifestó el profesor Andérez que en donde se agreda a un estudiante, un trabajador, un profesor o las instalaciones universitarias, el responsable debe ser castigado y responder ante la ley, sin importar de que lado esté esa gente.

“Se decidió enviar una carta al Presidente de la República, al Ministro de Relaciones Interiores, a la Fiscal General de la República y a la Defensoría del Pueblo, en la que se denunciará que los organismos competentes en el estado Mérida, no le prestan atención a las situaciones que ocurren en la universidad y no se hacen las investigaciones de rigor. También se hará una carta pública que demuestra la incompetencia, indolencia y que genera cierto grado de complicidad, en términos de que se denuncia algo y no se investiga, de manera de poder ver si esto genera un llamado de atención y se empieza a establecer quienes son los culpables para que sean sometidos por las leyes venezolanas”, agregó el profesor Andérez.

El Consejo Universitario aprobó que se solicite a la Dirección de Vigilancia un informe detallado de los hechos y un estudio que permita mejorar la seguridad en toda la universidad, por lo que el tema de la violencia continuará abierto en el consejo y, en este sentido, la institución debe estar unida para condenar las agresiones para que no haya espacios en los cuales los violentos puedan llevar a cabo sus acciones. “El consejo ratificó una resolución (Aprobada hace dos años), donde queda terminantemente prohibido establecer diálogos o negociación de ningún tipo con la gente encapuchada o con aquellos que los representen. Si alguien quiere establecer una discusión o solicitud sobre sus derechos, tiene que hacerlo por la vía institucional, en el marco del respeto y la tolerancia que deben imperar en la universidad, sin utilizar la fuerza para que las ideas fluyan o se satisfagan deseos personales dentro de la institución”, dijo finalmente el profesor Andérez.