La autonomía universitaria como problema histórico. La interpretación temprana del Rector Caracciolo Parra

En el caso de la Universidad de Los Andes, el problema de la autonomía no es un hecho del presente, ya que funda sus orígenes casi en el momento mismo de su fundación, cuando el Gobierno de la Provincia de Mérida sentó las bases de una autonomía frente a la Iglesia (Archivo: Prensa ULA)

[Este artículo forma parte del libro inédito Historia Mínima de la Universidad de Los Andes]

ALÍ ENRIQUE LÓPEZ BOHÓRQUEZ

Coordinador de la Cátedra

Libre de Historia de la Universidad de Los Andes

 

A la Universidad de Los Andes al cumplir, el 21 de septiembre de 2012, 202 años de su fundación por la Junta Superior Gubernativa de Mérida

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 confirió a la autonomía universitaria rango constitucional, lo cual no fue reconocido en la Constitución de 1961, a pesar de que en 1958 la Junta de Gobierno había dictado el primer Decreto-Ley de Universidades de la era democrática. Éste estableció que las universidades públicas venezolanas de entonces: Universidad Central de Venezuela (1721), Universidad de Los Andes (1810), Universidad del Zulia (1791-1905 y 1946), Universidad de Carabobo (1792-1905 y 1958) y la Universidad de Oriente (1958) tendrían autonomía en lo académico y administrativo-económico para su autogobierno. Ese régimen autonómico implicaría libertad para elegir a sus autoridades, designación de su personal docente, de investigación y de servicios mediante contrato u oposición, administración del presupuesto asignado y la inviolabilidad del recinto universitario. El logro de esos aspectos fue el resultado de un largo proceso de lucha de los universitarios, en tanto desde 1884, por disposición del presidente Antonio Guzmán Blanco, se habían suprimido los dos primeros (elección de autoridades y designación de su personal), los cuales junto con los otros no serían restablecidos hasta 1958. En lo que a la Universidad de Los Andes se refiere, esa lucha se expresó en dos sentidos: en primer lugar, con respecto de la Iglesia; y, en segundo lugar, con relación a los distintos Gobiernos a partir de su restablecimiento en 1832.

Una primera actitud autonómica y de laicización de la educación en Mérida tuvo lugar en 1811, con motivo del expediente sobre la intromisión del Provisor y Vicario General de la Diócesis José Mateo Mas y Rubí en asuntos de la Universidad. En efecto, el 21 de noviembre de aquel año el Gobernador de la Provincia de Mérida, Dr. Casimiro Calvo, se dirigió al Obispo Santiago Hernández Milanés para reclamar la actuación del Provisor y Vicario, quien había suspendido un acto literario organizado por el catedrático de Derecho Civil José Lorenzo Reynel, con apoyo del Rector de la institución Dr. Buenaventura Arias. Sostenía el gobernador “…que ni los Provisores sede plena, ni los Cabildos sede vacante, ni sus Provisores, ni los Gobernadores Eclesiásticos, ni los Reverendos Obispos que sucedieren al actual…tienen jurisdicción , ni intervención en los asuntos de Grados, cursos, Cátedras, actos literarios y demás que por las circunstancias mandadas observar toca a los Jefes privativos de la Universidad...” Ante lo actuado por aquel funcionario eclesiástico, en otra comunicación de la misma fecha, Casimiro Calvo solicitó al Obispo su remoción inmediata y porque éste, de manera pública y notoria, no era afecto a la causa de la independencia, a lo cual accedió Hernández Milanés el 25 de noviembre con la revocación del nombramiento de Más y Rubí. Con estas determinaciones de Casimiro Calvo quedaba claramente deslindada la relación entre la Iglesia y la Universidad, lo cual puede considerarse como el primer acto de autonomía de la ULA.

Un segundo momento se advierte con el restablecimiento de la institución en 1832, ahora con el nombre de Universidad de Mérida. Al rector interino designado por el Gobierno de José Antonio Páez, Pbro. Dr. Ignacio Fernández Peña y Angulo, se le encargó la redacción de los primeros Estatutos de la Universidad siguiendo los que Simón Bolívar había dado a la Universidad de Caracas en 1827. En uno de sus artículos, preservando una disposición de Carlos III de 1784, se confirmaba la autonomía del Claustro Pleno para la elección de las autoridades universitarias, lo cual se aplicaría en la universidad andina a partir de la elección del rector Sulpicio Frías para el período 1834-1836. A lo cual se agregaba la selección de los catedráticos, pero con la respectiva ratificación del Ejecutivo Nacional. Esa libertad eleccionaria sería ratificada por el primer Código de Instrucción Pública de Venezuela de 1843 dispuesto por el Presidente Carlos Soublette, reservándose nuevamente el gobierno los nombramientos de los profesores. Así ocurriría hasta 1884, año en el que el Presidente Antonio Guzmán Blanco decidió suspender esa autonomía eleccionaria, para que en adelante el poder ejecutivo nombrara, discrecionalmente, no solamente al Rector, Vicerrector y Secretario sino también, como se venía haciendo, al personal docente. Ello perduró hasta 1958, es decir, entre los nombramientos de los rectores Pedro de Jesús Godoy (1884-1886) y Joaquín Mármol Luzardo (1954-1958).

Aquella decisión de Antonio Guzmán Blanco, hasta donde sabemos, no generó documento alguno que favoreciera o criticara las características de la limitada autonomía de las instituciones de educación superior venezolanas de entonces (Caracas y Mérida), antes y después de 1884, con excepción de las consideraciones que al respecto expusiera el rector Caracciolo Parra y Olmedo en la Memoria que rindiera al gobierno de Joaquín Crespo, el 1 octubre de 1893, así como en una circular dirigida a los Diputados del Estado Los Andes que concurrieron a la Asamblea Nacional de ese mismo año. En cumpliendo con la exigencia que imponía el Código de Instrucción Pública, Parra y Olmedo presentó la Memoria correspondiente a 1892, en la que además de dar cuenta de diversos aspectos académicos y administrativos de la Universidad de Los Andes, el rector se atrevió a formular una serie de consideraciones sobre la necesaria autonomía universitaria, no en el aspecto académico y eleccionario, sino en lo estrictamente económico y administrativo. Lo primero no fue considerado en razón de que Parra había sido partidario de los gobiernos liberales que sucedieron a la última gestión de Guzmán Blanco, los cuales le ratificaron para tres períodos consecutivos en el rectorado de la ULA; mientras que lo segundo era de vital importancia para el funcionamiento de esta institución universitaria, en razón de la situación económica durante los gobiernos guzmancistas, por el escaso presupuesto y la privación que hizo de viejas propiedades y rentas de la universidad andina.

Debemos señalar, para advertir un error histórico que viene repitiéndose, que el primer rectorado de Caracciolo Parra comprendió los años de 1863 a 1866, antes de que asumiera a la presidencia Antonio Guzmán Blanco, y un segundo período al frente de la universidad andina tuvo lugar a partir de 1887, año en que éste culminaba su tercer gobierno. De manera que la calificación de "Rector Heroico" para nada tiene que ver con un enfrentamiento a Guzmán Blanco, sino al efectivo manejo de una crítica situación económica de la institución, haciendo uso incluso de recursos económicos personales para mantenerla funcionando, dado el bajo presupuesto o el retardo en el envío del monto asignado para el pago del personal y gastos para otras actividades. A lo cual cabe agregar que la "heroicidad" también puede atribuirse al conjunto de reformas académicas y administrativas orientadas a transformar los estudios escolásticos, teológicos y especulativos, característicos del viejo modelo monárquico español de notable influencia eclesiástica, para dar paso a una Universidad científica vinculada a las teorías evolucionista y positivistas de su segundo rectorado (1787’1900).

Pero volvamos al tema de la autonomía de la Universidad en la mencionada Memoria. Parra y Olmedo la inició señalando que "…al frente de sus destinos hace algún tiempo, y consagrado en absoluto a su conservación y fomento de los escasos recursos de que podido disponer, he venido presentando ante el Supremo Gobierno Nacional el cuadro de sus necesidades más urgentes, e indicando los medios de satisfacerlas, con tenaz empeño, como creo yo que cumple a todos aquellos a quienes se confía el servicio de los intereses públicos, y, especialmente, a los que con el ramo de la instrucción, que es el pan del espíritu, están llamados a vigilar sin descanso, y a mantener siempre vivo el fuego sagrado." Después de exponer realizaciones y las más urgentes necesidades de la institución que dirigía desde hacía seis, Caracciolo Parra pasó a considerar, de manera más extensa, lo que denominó "la independencia de las Universidades". En lo que respecta a la Universidad de Los Andes planteó la conveniencia era todavía mayor en razón de la distancia en que se encontraba el asiento del Gobierno Nacional y la irregularidad de las comunicaciones postales y telegráficas, lo cual retrasaba el conocimiento en Caracas de las solicitudes del instituto y las respuestas oportunas a las necesidades formuladas. A ello agregaba la estrecha sujeción a la que estaban sometidas las universidades y el favoritismo que se daba a las más cercanas al gobierno radicado en la ciudad capital. Para entonces, además de las de Caracas y Mérida ya se habían creado la del Zulia (1891) y la Valencia (1892). En tal sentido, Parra Olmedo hizo una propuesta de avanzada, ni siquiera considerada entonces por la Universidad Central de Venezuela, en cuanto a que se considerara que la autonomía de las Universidades no sólo consistía "… en que el Cuerpo Académico sea el que provea todos los destinos del Instituto; sino, lo que es más esencia, que tengan sus rentas propias, administradas por ellas mismas, sin la intervención de un poder extraño. Ya se ha visto en épicas no muy lejanas, que el Poder Ejecutivo ha negado a algún Estado su parte en la distribución de la Renta propia porque ese Estado se negaba a recibir un empleado creado por el mismo Poder Ejecutivo, y claro está que tanto los Estados que no han sabido crearse recursos propios y cuya vida es prestada, no pueden ser independientes; esto no sucede con las corporaciones."

En esto último aspecto se refería a las Universidades, y poniendo como ejemplo a un Estado, Caracciolo Parra pasó a exponer el caso de la Universidad de Los Andes, que tenía fincas y rentas  "…que aunque escasas, servían para la marcha del Instituto. En el Tomo 1° del Anuario que ha publicado este Plantel, aparecen detalladas esas fincas, y censos que le pertenecían, montante su valor, sin contar algunos otros ramos, a la suma de novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete bolívares. Todos esos capitales se los apropió el Gobierno Nacional, los mandó justipreciar y poner en subasta, rematándose por menos de su valor, valor que se le dio según las circunstancias de la época y tan bajo que al día siguiente de las adjudicaciones, los rematadores no querían ganar dos tantos más de la suma porque los habían adquirido. El importe de esos remates quedó reducido a su más mínima expresión por virtud de la ley de Crédito Público y eran los intereses de esa suma los que se pasaban a esta Universidad para sus gastos, que no cubrían. Más luego vino el Decreto Ejecutivo sobre Instrucción Pública, [que] retiró el pago de esos intereses, fijó los sueldos en lo absolutamente limitado para sueldos y premios; así se han estado pagando con algunas interrupciones, hasta que el actual Gobierno a tiempo que eleva el sueldo del Vice-Rector, rebaja el total del presupuesto…" El rector Parra continuó exponiendo los perjuicios que esa situación había causado al funcionamiento del instituto y pago de los sueldos de los catedráticos, para concluir en la necesidad de que se tomaran las medidas pertinentes para que las rentas destinadas a la Instrucción no cayeran bajo la acción de la Ley de Crédito Público, para que así la Universidad de Los Andes pudiera cumplir normalmente con sus obligaciones académicas y administrativas manejando directamente sus propias rentas y bienes.

Con anterioridad, en su empeño por lograr la autonomía económica universitaria, Parra y Olmedo se había dirigido, el 12 de abril de 1893, a los Diputados del Estado Los Andes que habían concurrido en ese año a la Asamblea Nacional, para exponerles las penalidades por las que atravesaba la ULA, al tiempo que les describía toda las reformas realizadas con mucho sacrificio y reclamaba su intervención en el reconocimiento de la deuda que el Gobierno tenía contraída con este instituto. Concluía la comunicación señalando a los Representantes la necesidad de una autonomía universitaria, tanto académica como financiera, lo cual no expuso de manera directa en la referida Memoria al Ministerio de Instrucción Pública, por lo que les instaba a trabajar "…en el sentido de obtener la libertad de las Universidades, pues esa dependencia que hasta ahora ha tenido del Ejecutivo Nacional, es una rémora para su adelanto y prosperidad. La provisión de sus empleados debe hacerse por el Claustro y en concurso de opositores, pues en los planteles de enseñanza, más que en cualquier otro ramo, debe buscarse siempre la idoneidad de los empleados; y es necesario sustraerlos a la influencia perniciosa de la política. Debe autorizarse igualmente a todas las Universitarias para expedir títulos de Doctor, pues de este modo se redime a los graduados del abuso que se ha venido cometiendo con el cobro de derechos indebidos…"

Así, con ambas representaciones al Gobierno Nacional y a Diputados de la Asamblea Nacional, el rector Caracciolo Parra y Olmedo se adelantaba en el tiempo a algunos de los postulados en materia de autonomía universitaria que veinticinco años después se expondrán en las Reformas de Córdoba de 1918, las cuales no tuvieron ningún efecto en las universidades venezolanas, en razón de la férrea dictadura de Juan Vicente Gómez, no existiendo tampoco interés sobre su discusión en los institutos de educación superior de Caracas y Mérida. Para abogar por la libertad de las universidades, aquella autoridad con mucha perseverancia dio a conocer a distintas instancias del gobierno regional y nacional, a otras instituciones de educación de América y Europa, y a distinguidas personalidades nacionales e internacionales los cambios que durante más de una década había llevado adelante con los escasos recursos que le suministraba el Poder Ejecutivo y los que él mismo había invertido, como señalamos, de su propio patrimonio económico. Las reformas académicas introducidas por el doctor Parra, si bien no tuvieron efectos inmediatos, sentaron las bases para los futuros estudios de las ciencias naturales que tendrían lugar en las tres primeras décadas del siglo XX en las áreas de medicina,  farmacia, agrimensura, física y dentistería. En cuanto a la anhelada libertad de las universidades, permítasenos concluir con lo que al respecto dijo su más destacado biógrafo Eloi Chalbaud Cardona: "Más de sesenta años hubieron de transcurrir para que la autonomía universitaria fuese lograda en Venezuela, aunque sin la amplitud con que lo deseó y con tanto ahínco trabajó el Rector Parra."

De 1908 a 1935, período de gobierno de Juan Vicente Gómez, la Universidad Central de Venezuela, mas no así la Universidad de Los Andes, sufrió la arremetida de de este gobernante, pues ante la ausencia de partidos políticos organizados, el estudiantado de la UCV actuó contra el régimen gomecista; no propiamente como una lucha por su autonomía sino por la situación de opresión en que vivía la sociedad venezolana. Como respuesta a ello, el Gobierno decidió clausurar la UCV por diez años (1912-1922), lo cual traería consecuencias en la ULA, en tanto muchos estudiantes de distintos lugares del país debieron trasladarse a Mérida para continuar o iniciar sus estudios durante esos años. Para evitar la discusión en Venezuela de los postulados autonómicos de Córdoba, los gobiernos de Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos se dedicaron a satisfacer las demandas de las universidades en materia académica, presupuestaria y de planta física, como una manera de apaciguar las actitudes políticas que comenzaban a manifestarse con la formación de los partidos políticos. Pero sería durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez cuando se conjuguen definitivamente esas actitudes con el derecho de autonomía que se anhelaba particularmente en la Universidad de Caracas. Las de Maracaibo y Valencia habían sido clausuradas por Cipriano Castro en 1904, y no serían reabiertas hasta 1946 y 1958, respectivamente. En Mérida la situación fue diferente, la complacencia política de los afiliados al partido social cristiano con el régimen dictatorial, organización política que predominaba en esta ciudad, impidió discusión alguna, al menos públicamente, sobre el tema de la autonomía universitaria, con escasa incidencia de retaliación política; mientras que en la UCV estudiantes y profesores opositores sufrieron los rigores de la dictadura militar con muerte, encarcelamiento o extrañamiento del país, por lo que hubo de esperar la llegada de la Junta de Gobierno de 1958, cuya primera actitud a favor de las Universidades fue una nueva Ley que garantizaba la autonomía universitaria.

En adelante, dicha autonomía sería un factor de discordia entre las Universidades públicas y los Gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, desde Rómulo Betancourt hasta Hugo Rafael Chávez Frías, por la defensa que aquellas hicieron de los derechos que les garantizaban las Leyes de Universidades de 1958 y 1971. Hasta 1999, los Gobiernos de Acción Democrática y Copei, en represalia a las protestas de los gremios universitarios, críticas y posiciones políticas de los partidos de izquierda atrincherados en algunas de las universidades nacionales, violaron la autonomía universitaria en lo que a su recinto se refiere, asesinaron y detuvieron estudiantes y recortaron como forma de presión el presupuesto anual,  culminando la primera década de la democracia con la intervención y cierre de la Universidad Central de Venezuela, durante el gobierno de Rafael Caldera. Lo que sigue es una historia más que conocida por quienes tengan la oportunidad de leer nuestros señalamientos históricos, fundamentalmente por los que han conocido y vivido de manera directa la situación de la universidad venezolana autónoma y democrática durante las denominadas cuarta y quinta república, en las que se ha expresado dicha discordia con desavenencias y enfrentamientos de los institutos de educación superior de régimen autonómico con los distintos gobiernos de la era democrática: Las Universidades luchando siempre por un mejor presupuesto para su funcionamiento y desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión.

Los Gobiernos exigiendo el mejor y pulcro manejo de los recursos económicos asignados, así como la mayor participación de las universidades en los planes de desarrollo del país. No solamente con la graduación de profesionales que entran al servicio de los distintos campos de la vida social, económica, educativa, cultural, política, ideológica, jurídica y científica de la nación de manera particular, lo cual no puede ser desconocido, sino también con la formulación por parte de las universidades de proyectos concretos y panificados conjuntamente con el Estado para la solución de los más ingentes problemas de la sociedad venezolana. Todo ello dentro de un verdadero respeto mutuo de ambos sectores de lo que se reconoce como autonomía universitaria. La puesta en práctica de ambas aspiraciones todavía espera por un efectivo encuentro entre las Universidades, no solamente de las autónomas, sino también de las experimentales y privadas, con el actual gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ello teniendo presente estas tres premisas: En primer lugar, la existencia de una autonomía de las instituciones de educación superior para organizar sus planes de estudio, formar los profesionales que requiere el país y crear tanto conocimiento científico como humanístico, lo cual exige y garantiza la legislación. En segundo lugar, el respeto a la libertad de expresión política e ideológica que deben tener los universitarios, como el resto de los ciudadanos del país, sin que ello signifique en que las Universidades se comporten como partidos políticos opositores o defensores del actual o cualquier gobierno del futuro, cualquiera sea su carácter político-ideológico. En tercer lugar, el conferimiento por parte del Estado a las universidades de los presupuestos que les corresponde, y manejo de estas de manera incorruptible, sin exigencia alguna de filiación a la manera de pensar del gobierno de turno.

Sirvan, pues, estas consideraciones para finalizar indicando que la historia nos enseña que, en el caso de la Universidad de Los Andes, el problema de la autonomía no es un hecho del presente, ya que funda sus orígenes casi en el momento mismo de su fundación, cuando el Gobierno de la Provincia de Mérida sentó las bases de una autonomía frente a la Iglesia. Ésta, aunque acatando entonces aquel decreto de 1811, no dejó de intervenir en asuntos de la ULA a lo largo del siglo XIX con efectiva proyección en el presente, no sin la resistencia en ciertos momentos de algunos universitarios que advirtieron la inconveniencia de que ello ocurriera, ya que se trataba de una institución ajena al quehacer propiamente de la institución universitaria. Sin embargo, también la Iglesia merideña ha contado con la solícita permisión de algunas autoridades que todavía pretenden conservar el supuesto "cordón umbilical y la deuda que la Universidad de Los Andes tiene con el Colegio Seminario de San Buenaventura," a pesar de que diversos estudios le reconocen su antecedente educativo mas no una función universitaria anterior al 21 de septiembre de 1810.  Por otro lado, el conocimiento de lo ocurrido en nuestra Alma Mater a partir de 1958 pone también en evidencia que la violación de la autonomía universitaria, en sus más variados aspectos, ha sido una constante histórica de los últimos cincuenta años del país, y no exclusivamente de la última década. De allí que el comprensión del hecho autonómico pasa por hacer una revisión de sus distintos momentos en los 202 años de historia de la ULA, y para ello recurrimos a aquella reflexión formulada en una oportunidad por Mario Briceño Iragorry, quien consideró que en las instituciones y en la sociedad en general "no se puede cambiar lo que no se conoce". Y esto es lo que en la Universidad de Los Andes nos ha faltado: tener conciencia histórica de lo que significa la autonomía universitaria para también producir verdaderas transformaciones, cuyo punto de partida se identifica con las actuaciones del Rector Caracciolo Parra entre 1887 y 1900, y con aquella propuesta de autonomía administrativa de 1892.

Mérida, 21 de Septiembre de 2012.

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