Ex rectores se pronuncian ante el despojo del patrimonio universitario

LOS EX-RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ANTE EL DESPOJO DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

Quienes suscribimos, ex-Rectores de la Universidad de Los Andes, en atención a la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6061 extraordinario, de fecha 09/12/2011,  del decreto Nº 8627, dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros,  donde resulta seriamente afectado el patrimonio de la universidad, expresamos nuestra opinión en los términos siguientes:

1. Nuevamente, en la proximidad de un receso de las actividades académicas, el gobierno nacional adopta medidas lesivas a la integridad universitaria, en este caso a la Universidad de Los Andes. Todo parece indicar que estamos en presencia de un paso más del plan de baja intensidad, pero muy sistemático, destinado a liquidar la autonomía universitaria, del cual no está demás registrar las reiteradas restricciones presupuestarias, la amputación de muchas de las facultades administrativas que la Constitución y la Ley le confieren a las instituciones de educación superior; el deterioro brutal del ingreso real de profesores y trabajadores universitarios; la suspensión de las elecciones internas, y la persistencia de acciones violentas contra autoridades, personas y bienes llevadas a cabo por partidarios del gobierno.

2. Estamos en presencia de un capítulo más de la larga historia de despojos protagonizados por gobiernos nacionales contra la universidad venezolana desde que, el Libertador Simón Bolívar dictara después de la independencia, los estatutos de la Universidad Central de Venezuela. La Universidad de Los Andes ya fue víctima, a fines del siglo XIX, de un acto similar al que tiene lugar en la actualidad. La historia registra, no obstante, que la universidad y los universitarios venezolanos no pudieron ser doblegados y que la justicia logró brillar cada vez que el horizonte político nacional se despejó y se restablecieron los derechos conculcados.

3. Nos cuesta creer que la iniciativa gubernamental de este momento sea la respuesta oficial al reclamo universitario de una democracia efectiva en el país y de respeto pleno a la Constitución de la República. Resulta difícil aceptar que se trata de una reacción, obviamente irracional, ante las derrotas electorales sufridas por los representantes del gobierno en eventos universitarios o ante las reposadas críticas que desde la universidad autónoma se han hecho a los programas educativos ideologizados o a la formación de profesionales no cabalmente preparados para asumir las delicadas responsabilidades de las que se les quiere hacer titulares.

4. Los universitarios elevamos hoy nuestras protestas cuando la afectación aprobada por el Presidente de la República incluye terrenos que la Universidad de Los Andes tiene destinados para desarrollar proyectos académicos, que benefician a las comunidades universitarias y merideñas, como es el caso de la Facultad de Odontología en el Núcleo Médico Biológico en Campo de Oro,  la Facultad de Arte en La Liria además de residencias estudiantiles, proyectos que no se han podido construir por las restricciones presupuestarias; aún cuando muchas de las construcciones realizadas, en las últimos años, han sido financiadas con recursos propios generados por la institución.

5. Debemos recordar que la adquisición de estos y otros terrenos,  que realizaron autoridades universitarias que nos precedieron, se hizo con visión de futuro y pensando en el beneficio de la Universidad y de la Ciudad. Esto permitió que se construyera entre otros el Hospital Universitario de Los Andes y el de la Cruz Roja, Los Núcleos de la Hechicera y Liria, La Facultad de Farmacia, las Residencias Estudiantiles, los campos deportivos, zonas residenciales para profesores, empleados y obreros como es el caso de la Urbanización Santa María, edificios Los Caciques en la Avenida Universidad, Santa Juana y Fray Juan Ramos de Lora entre otros e incluso se aportaran terrenos para el desarrollo del turismo como el caso de la Plaza de Toros. Si ellos hubiesen actuado con la visión actual, pensando solo en un proceso electoral, nuestra universidad estaría reducida al edificio central en la Plaza Bolívar y no se habría desarrollado para alcanzar el nivel de reconocimiento académico que hoy tiene en Venezuela y en el mundo.

6. Expresamos nuestra solidaridad con las acciones de las autoridades rectorales de la ULA y de su Consejo Universitario destinadas a preservar la autonomía, el patrimonio de la institución, la integridad de la libre enseñanza e investigación, el respeto a todas las opiniones, incluidas las de quienes hoy la agreden, y el bien supremo y fundamental de la libertad e independencia de criterio de cada universitario y de todos los ciudadanos para abordar los problemas del país.

Mérida, 13 de diciembre de 2011.

José Mendoza Angulo   Néstor López Rodríguez  

Miguel Rodríguez V.   Genry Vargas Contreras

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