En el inicio de la sesión del Consejo Universitario extraordinario de la Universidad de Los Andes, de este jueves 3 de agosto de 2017, el rector Mario Bonucci, colocó en el tapete una descripción de los últimos acontecimientos en el país.

“Estamos frente a una nueva realidad de país. La Quinta República murió. Estamos ahora en la Sexta República cimentada con sangre. Aspiramos trascender a la Séptima República para la urgente reconstrucción de la nación” planteó el rector.

En la introducción de esta convocatoria a los diversos sectores, gremiales, académicos y estudiantiles de la ULA, el rector señaló que desde el momento en que Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias 155 y 156 con las que les anuló competencias a la Asamblea Nacional (AN), se originó la violación a la Constitución de la República lo que detonó la ola de protesta en Venezuela.

Son más de 120 días de protesta con un creciente número de muertos, heridos, procesados por tribunales militares, presos muchos liberados otros en condiciones restrictivas. El hecho que demarca las atrocidades contra la CRBV se aprecia en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuyas elecciones arrojaron una realidad de carácter fraudulento, pero que además esta ANC ya era espuria de origen.

El régimen a través de un brazo constituyente fraudulento, pretende anular instituciones como el Ministerio Público, la AN y también las universidades autónomas que les son críticas e incomodas a sus pretensiones.

¿Qué rol debe asumir la universidad frente a esta nueva dinámica de país? Fue la pregunta que emergió sobre estas líneas, tal y como es el deber ser institucional, quien ya ha dado a conocer los distintos pronunciamientos y remitidos frente a la violación de la CRBV, su oposición a la convocatoria de la ANC, las peticiones de renuncias al TSJ y al CNE, además de recursos legales contra los hechos violatorios de la CRVB.

Las intervenciones en el CU demarcaron la necesidad de fomentar puntos de encuentros para el rechazo a la ANC, la férrea solidaridad con los familiares de los cientos de personas asesinadas, heridas y hasta lisiadas durante estos meses de protesta ciudadana, al igual que los miles de presos políticos y el respaldo a los alcaldes Omar Lares y Carlos García que hoy son perseguidos del régimen.

El tema de las elecciones regionales que convocó el cuestionado CNE también debe ser motivo de convergencia de los distintos factores políticos partidistas para no incurrir en errores –tan esperados por el régimen- por la falta del ejercicio reflexivo ante las estrategias pertinentes, más aun cuando se cuenta con la fuerza mayoritaria del pueblo.

Uno de los voceros insistió en que debe ser el régimen quien asuma la decisión de suspender las elecciones al ver a los factores democráticos participando. Lo contrario a participar es perder un espacio que el régimen aprovecharía para montar en cada gobernación a su candidato. La racionalidad debe prevalecer en este panorama que hoy mantiene a los sectores democráticos en desencuentro.

Propuestas

El CU votó un cúmulo de propuestas entre las que destacan: Denunciar la masacre cometida en las distintas poblaciones merideñas contra jóvenes que protestaban la ilegitimidad de la ANC, así como solicitar a la Fiscalía la averiguación de las responsabilidades del gobernador Alexis Ramírez como el presunto responsable de la masacre perpetrada en Mérida con el trágico saldo de 16 asesinados. Se solicitará a la AN  hacer cumplir a cabalidad lo votado de manera masiva por la ciudadanía venezolana el pasado 16 de julio en la Consulta Popular.
Se solicitará al TSJ a través de un recurso jurídico la nulidad de la ANC aún a sabiendas de su ilegitimidad, pero tomando en cuenta el caso análogo de los diputados del Amazonas.
Los consejeros también avalaron, tanto el Comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) el cual rechaza la ANC por ser inconstitucional, como el reciente pronunciamiento del rector de la ULA.
Se designó una comisión que en vista del receso del CU se avoque a decisiones de carácter político institucional para las actividades a que haya lugar acometer.
Se aprobó un Remitido en respaldo a Carlos García y en rechazo a la condenatoria penal contra este alcalde. Otro Remitido se emitirá en favor del alcalde Omar Lares, demás perseguidos y presos políticos. El observatorio de derechos humanos sustanciará los hechos de persecución a los alcaldes y la masacre de personas que ejercían sus derechos a la protesta.
El Frente de Defensa de la Constitución y la Democracia se mantendrá en funciones para las actividades participativas que requiera la integración de la ciudadanía y la universidad.
Finalmente, una decisión de carácter interno aludió la necesidad de declarar en emergencia administrativa a la universidad a los fines de poder permitir la fluidez en las decisiones sobre procesos presupuestarios.