El paro de transporte en la entidad merideña ha afectado la movilidad de los ciudadanos a sus sitios de trabajo y de los estudiantes a sus centros educativos. Las exigencias al Fontur para la colocación de máquinas que procesen el pasaje estudiantil aún no han sido cumplidas. La actual situación se da por la eliminación de la tarjeta inteligente y las intenciones de los transportistas de cobrarles a los estudiantes el 50 por ciento de la tarifa, todo lo cual mantiene un conflicto que espera solución.

Este paro ha generado irregularidad en la asistencia de trabajadores universitarios a sus distintas dependencias, aunado a las suspensiones de actividades académicas por parte de los decanos frente a la violencia instaurada por bandas parapoliciales amparadas en la impunidad.

En este sentido, el Rector aclaró que, en lo personal, no ha decidido paro alguno de actividades administrativas y académicas en la Universidad de Los Andes. Aseveró que los propios decanos, dependiendo de las situaciones conflictivas en las distintas dependencias a su cargo, son quienes han condicionado dichas suspensiones y sus tiempos requeridos, tal y como ya lo han anunciado por las redes sociales. 

Reiteró que el caso del pasaje estudiantil fue una conquista de décadas atrás que hasta vidas costó. DIjo que este beneficia a los escolares, estudiantes de liceos y  universitarios. Cobrarles el 50 por ciento de la tarifa es violentar un derecho adquirido y un ataque directo al ya precario bolsillo de las familias merideñas.

Ante los casos de violencia en medio de esta conflictiva realidad señaló que: “Ni las unidades de busetas privadas de las distintas líneas, ni las públicas, representadas en el trolebús, deben ser focos de ataque, pues ambas cumplen servicio a la ciudadanía”. El ataque con sentido de exigencia se debe dirigir a los verdaderos responsables personificados en Fontur y el gobierno nacional. 

Insistió que los incontables problemas que afectan a los distintos sectores no son más que esa gran suma de una gigantesca crisis como vicisitud nacional, generada por el propio gobierno. El colofón fueron las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia,  que colocan al gobierno en status de dictadura a los ojos del mundo, aunque esta ruptura ha permanecido latente desde enero del 2015 con los ataques y anulaciones de todas las decisiones soberanas de la Asamblea Nacional. /Prensa ULA /Danilo Figueroa.