La polémica sobre el proceso de reclasificación del personal Administrativo, Técnico y Obrero (ATO), suscitada el reciente fin de semana, fue zanjada tras la intervención del rector de la Universidad de Los Andes,  Mario Bonucci, en el Consejo Universitario (CU) realizado este lunes 27 de abril de 2015.

“La Falsa información que alguno pseudos dirigentes gremiales hicieron correr, y  en la cual aseguraron que el  rector había solicitado la paralización de los pagos de la reclasificación, está totalmente alejada de la verdad, pues fue este rector quien pidió la celeridad de este pago, y además fue este rector quien impulsó este proceso de reclasificación” .

En torno a este caso, el rector expresó que el populismo es el peor de las expresiones de este régimen democrático, pues se infiere que hay la total intención de  dividir la actual lucha de la Intergremial, tergiversando una realidad y desviando la atención cuando se apunta a las necesidades de los trabajadores. “La lucha de la intergremial se está dando en todo el país para conseguir un salario digno, lucha que vemos en la calle a diario y tendrá este miércoles 29 de abril, a partir de la 8 de la mañana, una gran asamblea general en el Aula Magna” dijo.

Significó el rector que es el responsable de firmar los decretos y como tal debe ser el garante de que la ley se respete. “Aplaudo el trabajo de la comisión de reclasificación, pero como en todo proceso humano, puede existir errores o inconsistencias que en el caso de la reclasificación apenas llega al siete por ciento”. 

Ratificó que si existen inconsistencia se hagan las debidas revisiones en un plazo perentorio y que, por lo tanto, esta no es razón para que algunos interesados se dediquen a una malsana campaña de desinformación que en el fondo lo que persiguen es afectar gobernabilidad dentro de la universidad.

Lo aprobado
La Dirección de Servicios Información Administrativa (Dsia) deberá imprimir con la celeridad del caso las notificaciones y decretos respectivos, de manera que la Dirección de Finanzas, proceda  a cancelar con apego a la disponibilidad presupuestaria los montos por la reclasificación. Esta moción tuvo 25 votos favorables, menos el de un representante profesoral.

Tras conocer el Servicio Jurídico Asesor que existe 285 casos donde se evidencian dudas razonables en cuanto a lo procedente de la reclasificación, se propuso sean revisados por una comisión sustanciadora, para afrontar enmiendas. Por tanto el Servicio Jurídico deberá entregar este mismo lunes a la Dsia, los datos de las 285 personas objetadas y cuyos casos serán sometidos a revisión a los fines de que se paralice las notificaciones de dichos casos. Esta revisión no deberá exceder del lapso mayor a las dos semanas.

La Dirección de Presupuesto deberá hacer el apartado de recursos para resolver los casos que logren pasar la revisión de parte de esta comisión y deberá cancelar en lo inmediato como un derecho garantizado.

En caso de que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) solicite información sobre nómina a pagar, se haga la aclaratoria de que existe un proceso de revisión y que deben preverse los recursos por si los casos son procedentes.

Finalmente, el rector aseveró que con estas decisiones se resuelve el caso de miles de trabajadores universitarios que desde hace tiempo han esperado justicia y dignidad, aún en medio de esta grave crisis que azota el país.