La jueza provisoria del caso, Yoyreli Mata Granados, dictaminó libertad plena para Steven García por no existir pruebas que le incrimine en el asesinato de Gisella Rubilar, cometido en Mérida en marzo de 2014, en plenas las protestas sociales de ese año.

Luego de dos diferimientos injustificados y una excesiva dilación del debido proceso, este primero de abril se realizó la audiencia de conclusiones del juicio del preso político Steven Ricardo Gracía Sanz.

Sin embargo, los fiscales del Ministerio Público, Dayana González y Franklin Rangel insistieron en solicitar a la jueza la condena de García, pese a no haber presentado durante todo el juicio ninguna evidencia ni testigo que lo inculpara.

Tras el dictamen absolutorio de la jueza, el fiscal Franklin Rangel intentó ejercer un efecto suspensivo sobre la sentencia, recurso jurídico que fue eliminado en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) del 17 de septiembre de 2021.

El equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA), que representó la defensa de García, exige que estos fiscales sean sometidos a un proceso disciplinario y de destitución por mal ejercicio de sus funciones.

Ambos fiscales, violaron estándares nacionales e internacionales referidos a su debida actuación, entre ellos las Directrices para la Función de los Fiscales promulgadas por la ONU.

Directrices proclamadas en el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

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