CNU aprobó Normativa de Educación Multimodal ignorando la opinión de las universidades autónomas

 El Ministro Trómpiz calificó como "chantaje" la solicitud de AVERU sobre modificar algunos artículos para votar favorablemente al proyecto

Este 17 de agosto el Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobó la Normativa de Educación Multimodal únicamente con el respaldo de las universidades de tendencia oficialista. Los rectores de UCV, ULA, UDO, UNEXPO, UPEL, UNIMET, UNET,  UCAB y UCLA, todas pertenecientes a la AVERU (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios) salvaron su voto al no haber sido consideradas sus observaciones sobre la redacción de ciertos artículos.

Todos coincidieron al señalar el arduo trabajo de la comisión, calificando como fructífera la discusión generada en torno a las nuevas tendencias educativas, la cual permitió alcanzar el consenso en un 70 por ciento del articulado.

En su intervención el Rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sharifker, afirmó “no le tenemos que tener miedo a la multimodalidad y por eso los artículos de disenso tienen que ser resueltos”, resaltando la necesidad de convertir la normativa en una herramienta útil para todas las universidades venezolanas.

Rita Añez, Rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José De Sucre" (UNEXPO), señaló que la propuesta de AVERU buscaba que la normativa constituya orientaciones o lineamientos para generar el conocimiento, la aproximación a un espacio, una modalidad educativa, en donde el Estado pueda supervisar y acompañar a las universidades para esta nueva realidad.

Las observaciones de la AVERU a la ya aprobada normativa se centran en 3 aspectos fundamentales:

1.- Inconstitucionalidad: el Artículo 1 de la normativa establece como objeto del instrumento “normar la organización, estructura y gestión de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria”, lo cual viola el Artículo 109 de la Constitución Nacional, el cual establece que “Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.

2.- La corresponsabilidad: la normativa establece una serie de responsabilidades y objetivos a ser cumplidos por las instituciones universitarias, pero no se plantea de manera explícita el compromiso del Ministerio de Educación Universitaria para aportar en el cumplimiento de dichos objetivos. Esto afecta particularmente a las universidades de gestión pública, las cuales dependen económicamente del Estado venezolano para la consolidación de una plataforma tecnológica acorde con las necesidades del caso.

3.- El tema económico: la normativa establece en el su Artículo 33 que el costo de los cursos en esta modalidad deberá ser aprobado por el CNU, mientras que el 35 señala que las universidades deberán pagar un 10% de sus ingresos por este concepto a la Secretaría Permanente del ministerio.

Para los rectores de AVERU estos artículos desconocen el Artículo 27 de Ley de Universidades que establece que las universidades establecen los costos, mientras que el cobro de un porcentaje golpea aún más a las universidades, “los ingresos propios han sido la tabla de salvación para las universidades frente a la no entrega del presupuesto ordinario”, dijo la Rectora Rita Añez.

Parte de las intervenciones

Mario Bonucci, Rector de la Universidad de Los Andes, señaló que desde el 13 de marzo no se incorporaron cambios sustanciales a los artículos de disenso y recordó que según el Artículo 18 de la Ley de Universidades al CNU le corresponde solamente armonizar el funcionamiento de las universidades, no generar normas como lo está haciendo, recordando además que para la fecha las universidades solamente han recibido lo correspondiente a la primera quincena de gastos de funcionamiento de acciones centralizadas para 2021.

“El Ministerio debería estar ocupado del sueldo de los universitarios, que son de miseria, y que toda esta situación está produciendo una deserción que no ha mermado, porque lo estudiantes y la sociedad tienen hambre y tienen que buscar cómo sobrevivir”, expresó Mario Bonucci.

José Virtuoso, Universidad Católica Andrés Bello, dijo que la normativa debería ayudar al establecimiento de lineamientos que permitan dar seguimiento, crear mecanismos operativos, acompañamiento de parte del CNU y la evaluación experiencias en un contexto cambiante, resaltando que cuando se argumenta la violación de la Autonomía no se pretende desplazar al Estado en el proceso de educación universitaria “el espíritu de fondo es que las universidades no pueden quedar simplemente como un objeto a ser regulado, pues también son objetos creadores del proceso educativo y formativo”, dijo, proponiendo una extensión del debate en torno a la normativa, pues a su juicio no se había agotado el tema antes de aprobar el instrumento.

Amalio Belmonte, Secretario de la Universidad Central de Venezuela, se refirió a la polarización de la sociedad, afirmando que en ese contexto las partes se atribuyen mutuamente las culpas y se apropian de las virtudes, forzando excusas para “hacer justicia”, siendo en este caso el exceso de atribuciones que se le está atribuyendo al Estado Venezolano en materia universitaria. Posterior a ese análisis advirtió que a través del CNU se quiere sobredimensionar la intervención del gobierno en las universidades, rechazando las acusaciones hacia la AVERU “no es cierto que aquí hay una disputa en donde todo lo que trae el gobierno es malo, ni queremos la ausencia del Estado”, dijo.

Rubén Reinoso, Rector de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), centró su intervención en defender el carácter constitucional de la normativa, rechazando las afirmaciones de que la misma viola la autonomía universitaria. A juicio de Reinoso no puede usarse la autonomía para impedir que el Estado cumpla con sus fines pues no tiene el mismo peso la autonomía universitaria que la defensa del Estado, aun cuando la misa se establece en la Constitución Nacional.

El ministro César Trómpiz expresó que el los cuestionados artículos 33 y 35 fueron modificados, y que el Ministerio se encargará solamente de autorizar los costos, todo ello en la búsqueda de un “equilibrio de mercado”, agregando que esta normativa es la primera de varias que trabajarán el CNU durante los próximos meses.

Por otro lado, Trómpiz calificó como “chantaje” el condicionamiento del apoyo a la normativa por parte de los rectores de AVERU, a la modificación de los artículos de disenso “no puedo aceptar chantajes y menos de unas autoridades que siempre chantajean al gobierno”, dijo, recordando que entre las atribuciones del CNU se encuentra destituir rectores, nombrar autoridades interinas y decidir sobre la destitución de miembros de los Consejos Universitarios.

Frente a estas afirmaciones del ministro el rector Raúl López Sayago (UPEL) respondió “yo no creo que sea un chantaje no estar de acuerdo en un debate universitario. Desde que entramos a la universidad comienzan el debate y las discusiones, siempre tratando de observar en qué coincidimos, y no podemos pensar que alguien nos está chantajeando porque piensa distinto, los universitarios no somos así”. (NE/PrensaULA/CNP 18728)

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