Remitido: La ULA frente a la inconstitucional convocatoria de la ANC

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de sus atribuciones contenidas en el Artículo 26 de la Ley de Universidades, hace del conocimiento público el siguiente Remitido, fijando postura con relación a la convocatoria inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente.

REMITIDO PÚBLICO

La Universidad de los Andes a través de su Consejo Universitario, siendo fiel al mandato establecido en la Ley de Universidades, como una institución al servicio de la nación, con la responsabilidad expresa de contribuir al esclarecimiento de los destinos del país, se dirige nuevamente a la comunidad  universitaria,  al pueblo de Mérida y  de Venezuela,  en esta difícil y menguada hora que vive nuestro país, para hacer público el presente exhorto a las élites gubernamentales, a las fuerzas armadas nacionales,  a los partidos políticos y a la sociedad en general para que mediante el uso de la razón,  la reflexión y la sindéresis podamos unir esfuerzos para evitar más confrontaciones, dolor y muerte entre los venezolanos.

Venezuela vive uno de los momentos políticos más dramáticos de su historia reciente. La crisis política expresada en las fuertes contradicciones de los principales poderes de la estructura político institucional, el agudizamiento de las contradicciones objetivas entre los grupos de poder, y el aniquilamiento de las instituciones del Estado, junto a la descomposición del aparato de justicia que actúa en obediencia al Ejecutivo Nacional, unido al fracaso del modelo económico chavista que se intentó instalar en estos 18 años, crean una crisis de grandes proporciones que no puede resolverse con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente contraria a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que se intenta imponer con el poder de las armas, es decir, mediante la fuerza de coacción de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y los grupos paramilitares del Estado.

Igualmente, Venezuela sufre una profunda “crisis humanitaria”, -como efecto directo de la ausencia de una política económica capaz de reanimar el aparato productivo en todas las áreas de la economía, que permita el aumento de la capacidad de producir bienes para la atención de las más elementales necesidades materiales de la población; la disminución de los ingresos petroleros;  la corrupción; el incremento de las importaciones de bienes de consumo final; así como de la serie de problemas económicos asociados, como la   devaluación acelerada de la moneda, inflación, falta de materia prima y de bienes, disminución del capital y desempleo, entre otros-, tiene consecuencias directas en la profundización de los diversos problemas sociales: hambre, miseria, delincuencia, deserción escolar, falta de alimentos y medicamentos para atender las necesidades básicas de todos y especialmente de los sectores más vulnerables. Dicha crisis ha llegado a niveles inimaginables y golpea de manera directa a toda la población, generando un fuerte descontento en todos los sectores sociales.

La pauperización de la vida del venezolano, producto de la terrible situación económica, social, política y jurídica generada por la ineficiencia y corrupción del gobierno, ha incubado y materializado a lo largo de los años un profundo rechazo hacia el mismo, lo cual se refleja claramente en la pérdida de apoyo popular al régimen bolivariano y en el surgimiento de un fuerte movimiento de protesta general,  cívica y pacífica, que se viene expresando en las calles de toda la nación. La oposición al régimen de Nicolás Maduro y a su írrita iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente, se ha manifestado a través de innumerables actividades, concentraciones multitudinarias, protestas creativas a lo largo de estos últimos tres meses; tuvo su expresión más legítima en la consulta popular desarrollada cívicamente el pasado 16 de julio, y en la cual cerca de 8 millones de venezolanos manifestaron su voluntad, -en forma libre, autónoma, firme y consciente-, de exigir un cambio de rumbo en el país, con la esperanza de alcanzar mejores cotas de vida para todos los venezolanos.

Tal espíritu se mantiene y es claro que de no lograrse una salida real que revierta la actual situación de crisis humanitaria, el pueblo no se detendrá en su lucha, y no existirá liderazgo capaz de contener la furia y el descontento que hoy colma las calles de Venezuela. Todo ello, a pesar de la respuesta más sangrienta que haya recibido pueblo alguno y que ya cobra la vida de más de 100 venezolanos, en una lucha a todas luces asimétrica, en la que la población civil, sin armas e indefensa, es atacada por todas las formas posibles de represión.  Sin embargo, como señala Arendt, así como los resultados de la acción del hombre quedan más allá del control de quien actúa, la violencia alberga dentro de sí un elemento adicional de arbitrariedad; y es justamente esa imprevisibilidad la que pende sobre el oficialismo. 

La instrumentación de la violencia como vía para  mantenerse en el poder es, esencialmente, lo que ha conducido al gobierno a un camino sin salida y sin retorno. No ha construido alternativas para la disidencia, no ha tendido puentes para los opositores. Ha usado el poder y las leyes a su antojo. Ha proferido un discurso hiriente, descalificador, amenazante y separatista. Ahora remata con actos físicos totalmente abusivos, inhumanos, inconcebibles  aún en espacios de deliberación pública como el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Y esa violencia usada reiteradamente durante 18 años ha hecho eco: la encontramos enquistada en una sociedad que ya no sabe comunicarse, que ha perdido parte de su condición humana en tanto que es incapaz de entender, reconocer y respetar al “otro”, su hermano, su compatriota. En esto estriba su derrota: ya no hay paz, ya no tienen alternativas. Si pretenden mantenerse aferrados al poder, sólo les queda profundizar más en las armas de la violencia. Y la sociedad venezolana no soporta una arremetida más, muy al contrario, cada golpe, cada abuso,  sirve de combustible para incrementar la fuerza  de las manifestaciones.

En Venezuela necesitamos en forma urgente el establecimiento de verdaderos mecanismos de negociaciones y acuerdos, para que se sienten en una misma mesa los representantes de los sectores políticos que hoy se encuentran  en pugna. Las condiciones para ello: un virtual encuentro dialógico entre oficialismo y oposición transparente para toda la sociedad; el cese de las acciones y medidas que han generado la escalada de violencia para evitar que siga ascendiendo a niveles cada vez más peligrosos y de consecuencias inimaginables e irreversibles; la restitución de los mecanismos democráticos para dirimir las diferencias con el restablecimiento del aparato de justicia, sin que ningún sector pretenda pisotear al otro, y mediante el cual se evite la impunidad, los atropellos y excesos; la construcción de unos procedimientos amparados en las leyes;  el reconocimiento de la soberanía del pueblo venezolano para construir un escenario que conduzca a restablecer la democracia, amparada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con verdaderas garantías de cumplimiento y con interlocutores válidos escogidos por los sectores en pugna como representantes de buenos oficios, apoyados en los países amigos.  

La difícil situación reclama de los liderazgos un serio esfuerzo para construir espacios de consenso que nos permitan lograr un verdadero clima de paz y tranquilidad. La violencia ya ha dejado heridas y secuelas en la sociedad que durarán en nuestras conciencias por décadas, pero aún estamos a tiempo de renovar la esperanza y la convicción de lograr lo que hemos demostrado como pueblo en muchos años: una sociedad democrática, de paz y bienestar. 

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario a los 24 días del mes de Julio de 2017.

Mario Bonucci Rossini/Rector                                   José Andérez Álvarez/Secretario

 

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