CU condenó criminalización de la protesta y allanamientos arbitrarios a universidades

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de las atribuciones legales que le confiere el numeral 20 del Artículo 26 de la Ley de Universidades, realiza el siguiente pronunciamiento:

 REMITIDO PÚBLICO PARA CONDENAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y LOS ALLANAMIENTOS ARBITRARIOS CONTRA LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS

El Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria de fecha 03.07.17, acordó rechazar y condenar, mediante un remitido público, los allanamientos arbitrarios e inconstitucionales en contra de varias universidades del país y la criminalización de la protesta pacífica, ejercidos por los órganos de represión del Estado en contra de las universidades y de los ciudadanos que, en reclamo legítimo de sus derechos humanos, han protestado pacíficamente en los últimos meses en todos los estados del país.

Considerando

Que durante los últimos tres meses los cuerpos represivos del gobierno y sus “colectivos” paramilitares, han asesinado vilmente a ciudadanos inocentes por el simple hecho de ejercer su legítimo derecho al disenso y a la protesta pacífica contra la pretensión del gobierno de instaurar un golpe de estado continuado a través de diversos actos ilegales e inconstitucionales, el último de ellos, la írrita convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente;

Considerando 

Que en claro y flagrante ejercicio inconstitucional del poder, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -con la anuencia del Ejecutivo Nacional en la persona del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros y sus ministros, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral- para criminalizar la protesta ha arremetido violenta y desproporcionadamente en contra de la población civil ocasionando agresiones físicas, muertes violentas, detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad universitaria, juicios militares a civiles, violencia y saqueos en varios estados del país, destrucción de unidades de transporte y de la propiedad privada, allanamientos de los espacios universitarios y destrucción del patrimonio tangible e intangible de las universidades, hechos estos que han causado luto, estados de angustia y desesperación en la población y pérdidas materiales cuantiosas; 

Considerando

Que la violencia sostenida, sistemática y creciente por parte de los órganos de represión del gobierno en contra de las personas físicas y sus bienes materiales y en contra los bienes patrimoniales de la universidad constituyen hechos punibles de extrema gravedad, en tanto que vulneran los derechos humanos y constitucionales, entre los cuales está la autonomía universitaria que como principio sustantivo establece la inviolabilidad del recinto universitario; 

Considerando

Que como resultado de la criminalización de la protesta legitima de los universitarios y del pueblo en general, han sido detenidos miles de ciudadanos, incluso dentro de los recintos universitarios, quienes en su mayoría han denunciado haber sufrido golpizas, maltratos, amenazas y torturas; muchos de ellos han sido puestos a la orden de tribunales civiles y militares los cuales, de forma sumaria, han dictado sentencias y ejecutado decisiones sin garantizar los derechos al debido proceso, a la defensa y a ser juzgados por sus jueces naturales; negándose a cumplir incluso, en el caso de algunos tribunales civiles, la solicitud de libertad plena incoada por fiscales del Ministerio Público, por no existir elementos de convicción para imputar delito alguno a los detenidos; 

Considerando

Que la violencia recurrente y desproporcionada, usada por los órganos de represión del gobierno en contra de los estudiantes y de la sociedad civil venezolana, para reprimir sus legítimas protestas en la lucha por el rescate de la institucionalidad y la defensa de la Constitución, son acciones que desconocen la importancia de los estudiantes y de la juventud como garantía de un mejor futuro y  porvenir para el país, y soslayan el rol fundamental de la sociedad como corresponsable en la tutela de la vigencia de nuestra Carta Magna;

Considerando

Que la violencia, en sus distintas vertientes, usada por las fuerzas de represión del gobierno en contra del pueblo venezolano y de la Universidad tiene como finalidad acallar las voces que denuncian ante el mundo: la crisis humanitaria general padecida en la actualidad en nuestro país; la desaparición del estado de derecho; la restricción del derecho al disenso, al pensamiento libre y plural y a las libertades fundamentales de todo ser humano; la mutilación del ejercicio autonómico de los derechos y garantías de las universidades autónomas; la enorme represión y el gran número de muertes cuyas víctimas inocentes han sido estudiantes y jóvenes cuya única prueba para condenarlos, a vivir presos o a morir, ha sido luchar y protestar pacíficamente en contra de un gobierno que ha roto sostenida y continuamente los acuerdos mínimos de convivencia pacífica, ciudadana y democrática establecidos en la Carta Fundamental;

ACUERDA

Exigir al Ejecutivo Nacional, en la persona del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros y sus ministros, al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cese de la violencia, acoso, hostigamiento, persecución y criminalización en contra de los estudiantes, la sociedad civil y las universidades en el ejercicio de su constitucional derecho a la protesta pacífica y democrática;  

Solicitar a los órganos de seguridad del Estado, la garantía de protección de las personas físicas y sus bienes, así como la protección de los miembros de la comunidad universitaria y de los bienes materiales de la Universidad, garantizando el cumplimiento de la inviolabilidad del recinto universitario;

Intentar las acciones legales necesarias para que, por intermedio de los tribunales competentes, se aplique el sistema penal de justicia contra aquellos funcionarios y órganos de seguridad del Estado que, en ejercicio arbitrario, ilegal e inconstitucional de sus funciones, han arremetido en contra de las personas físicas y sus bienes materiales y en contra los bienes patrimoniales de la universidad ocasionando daños materiales y morales, perjuicios y muertes; 

Programar un acto, de gran contenido simbólico, en el que se reconozca públicamente la enorme importancia que, en la lucha por la restitución del hilo constitucional y en la defensa de los derechos y libertades de los venezolanos, ha significado la convicción clara de los estudiantes y jóvenes del país y como homenaje imperecedero a los que ofrendaron su vida por mantener la vida en democracia en Venezuela;

Expresar al pueblo merideño, a Venezuela y al mundo que la Universidad no se rinde ante la violencia inclemente del gobierno; que no habrá armas que acallen la voluntad y el sentir de un pueblo que lucha día a día por un futuro lleno de hermosas promesas y mejores realidades; que no existe cansancio capaz de desviarnos de la meta de restituir el estado de derecho y de justicia en el país, como garantía para el ejercicio pleno de los derechos y libertades de los ciudadanos: meta que no significa otra cosa sino la lucha por el respeto y la dignidad de todos los venezolanos.  

 

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, a los 10 días del mes de julio del año 2017.

 

Profesor Mario Bonucci Rossini                   Profesor José María Andérez Álvarez

Rector                                                                 Secretario