CU se pronuncia contra violencia y violación de autonomía caso Facijup

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

CONSEJO UNIVERSITARIO

 

REMITIDO PÚBLICO PARA CONDENAR LA VIOLENCIA DE HECHO Y DE DERECHO CONTRA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y CONTRA LA DIGNIDAD DE LOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

El Consejo Universitario en su sesión extraordinaria de fecha 15.02.2017 acordó rechazar y condenar, categórica y contundentemente, mediante un remitido público, los actos violentos acaecidos el día martes 14 de febrero del corriente, ejercidos por un grupo de supuestos universitarios violentos liderados por el profesor y exdecano Andrei Gromisko Urdaneta, quien en un acto de desconocimiento de la institucionalidad y la autonomía universitaria atacó y asaltó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FACIJUP) de esta Universidad y a la profesora Aura Morillo, en su condición de Decana legítima y legalmente nombrada por este Consejo Universitario.

Un acto de semejante naturaleza, cuya finalidad no es otra sino socavar los cimientos, principios y valores democráticos de esta institución, atenta además contra el reconocimiento constitucional, legal y social de la Universidad entendida como institución autónoma, democrática y popular necesaria para el desarrollo del país que, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Universidades, tiene atribuciones, competencias, el deber  y la corresponsabilidad social de “colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.” (Cursivas y resaltado nuestro).

Actos deleznables como estos, además de ofender, mancillan el reconocimiento, honor y majestad de la Universidad como institución que lidera y orienta el acceso al saber, al conocimiento y a la cultura; liderazgo del cual se desprende su responsabilidad para elevar a la altura de un imperativo categórico el uso de la razón, de la argumentación, de la dialéctica, del diálogo, de la pluralidad, de la libertad y la justicia, como vías y razones para alcanzar sus propósitos institucionales, legales y sociales; para el reclamo legítimo de los derechos; así como también, para usar vías institucionales, pacíficas y dialógicas, que permitan oponerse, franca y tenazmente, al uso de la fuerza y la violencia por ser elementos detonantes de más violencia, de caos, desestabilización, anomia e ingobernabilidad de la institución, y porque además constituyen actos  por demás rechazables y condenables, por no ser cónsonos con los principios, valores y debido comportamiento de verdaderos universitarios.

Los constituyentistas del pasado reciente, así como los legisladores que sancionaron la Ley de Universidades vigente así lo entendieron y, por ende, así legislaron. En consecuencia, la Universidad goza de un fuero autonómico que le permite tomar decisiones de diversa índole (académicas, administrativas, financieras, normativas, reglamentarias, procedimentales) que establecen, claramente, los mecanismos y procedimientos para tomar decisiones en plena consonancia con la legislación nacional y en respeto de los derechos de sus miembros. Igualmente, tal autonomía sirve para enfrentar y repeler cualquier ataque injerencista y para impedir que la Universidad sea puesta al servicio de intereses grupales o particulares, o responda a intereses ajenos a la misma.

De tal manera que, ante un nuevo ataque en contra de la autonomía universitaria, de la gobernabilidad institucional, y de la seguridad integral de los miembros de la comunidad universitaria, que ahora llega de la mano de uno de sus propios miembros, amparado por una orden judicial que, supuestamente, defiende los derechos del profesor Gromisko, este Consejo Universitario reitera, una vez más, la exigencia de respeto a la autonomía universitaria, que constitucional y legalmente  le es reconocida, y, por tanto, ratifica su voluntad y decisión de ejercer el derecho de resistirse a ejecutar un acto jurídico que a todas luces es inconstitucional e ilegal. Tal resistencia legal se ejerce al amparo del artículo 25 de la Constitución vigente que proclama: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.” (Cursivas y resaltado nuestro). De manera tal que la Universidad, por mandato constitucional, forzosamente está obligada a desobedecer el mandato de Amparo Cautelar, acordado por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, emitido por la jueza provisoria abogada Moralba Herrera, en tanto que el mismo menoscaba funciones, competencias, intereses y derechos constitucionales y legales de esta Universidad.

En tal sentido, este Consejo Universitario ejerce su derecho constitucional de resistencia legal frente a la orden dictada, pues, como ciudadanos responsables y legítimos representantes de la máxima instancia jerárquica de esta institución, hemos de participar en la protección y restitución del orden constitucional que expresamente reconoce a nuestra Universidad y a su funcionamiento autonómico integral. En consecuencia, la Universidad de Los Andes se mantiene firme en la defensa y preservación del orden constitucional y legal, de la autonomía universitaria, de nuestras más nobles y originarias misiones, funciones y competencias, y de sus integrantes, para hacerle frente a los ataques sistemáticos que en los últimos años han intentado socavar nuestro orden institucional, funcionalidad, conquistas y legítimos derechos e intereses. 

Decimos ¡NO! al intento de defraudar los principios constitucionales que garantizan nuestro ordenamiento y funcionamiento  autónomo. Decimos ¡NO! al ataque a nuestra autonomía mediante el uso de tribunales que actúan con principios no acordes ni apegados a la Constitución y las leyes vigentes, y que buscan menoscabar nuestros derechos. Decimos ¡NO! a la arremetida sistemática contra nuestra Universidad por parte de la jueza provisoria abogada Moralba Herrera, cuya “moral” y guía de acción declarada, según el perfil de su cuenta personal en la red social twitter, es ser “Venezolana, Abogada, soldado judicial de marcada convicción Socialista, chavista anti imperialista” (resaltado nuestro), lo cual evidencia un desconocimiento absoluto de los principios y valores democráticos que deben resaltar y caracterizar todo ejercicio de la función pública, en especial, la que hoy día detenta; excluye y discrimina de facto a cualquiera que no comulgue con los valores socialistas; y, en consecuencia, somete la interpretación y aplicación de las leyes, el derecho y la justicia al baremo de sus creencias y convicciones partidistas y personales, desestimando así los principios de justicia, igualdad, transparencia y equidad para todos. 

Dado, firmado y sellado, en el salón de sesiones del Consejo Universitario, a los dos (02) días del mes de marzo del año diez mil diecisiete.

Mario Bonucci Rossini                                    Justo Miguel Bonomie Medina 

Rector de la Universidad                                  Secretario (E) de la Universidad

El presente comunicado fue aprobado con el voto salvado del Profesor Rubén Darío Castellano González, Delegado del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología: “Por tratarse de un asunto netamente interno de la ULA es compromiso de las autoridades universitarias garantizar la seguridad interna del personal universitario y los estudiantes como un todo, mal puede considerarse responsabilidad externa a tales eventos, lo que puede entenderse como una evasión de la responsabilidad de la misma universidad para lograr tales garantías de Responsabilidad”. (Fdo). Ilegible