Comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu)

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), se dirige a la comunidad universitaria y al  país ante la grave crisis presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales, la precaria situación de los salarios de los trabajadores universitarios, aunado a la demora en su cancelación, debido a los recientes lineamientos gubernamentales que desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPECT), a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), se vienen imponiendo a todas las Casas de Estudios  Superiores, y en tal sentido manifestamos:

CONSIDERANDO

Que es del conocimiento del país en general y del Gobierno Nacional que para lograr una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, el presupuesto asignado a las Universidades venezolanas para su funcionamiento y el pago de sueldos y salarios resulta inferior a sus necesidades reales, lo que afecta el nivel de vida de los miembros de la comunidad universitaria, y las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas, de investigación, extensión, administrativas  y estudiantiles.

CONSIDERANDO

Que la Universidad al servicio de la Nación mediante su contribución doctrinaria al esclarecimiento de los problemas nacionales, tal como lo reza la Ley de Universidades, pone a plena disposición del País sus fortalezas académicas e institucionales para promover el reencuentro social que permita salir de la actual crisis caracterizada por el incremento desmesurado e incontrolable del índice de inflación, la caída de los precios del petróleo, y la inseguridad, entre otros.

CONSIDERANDO

Que la actual crisis Institucional, originada por la inadecuada  asignación de los recursos presupuestarios  para asegurar en el tiempo el valor que la Universidad Venezolana representa en la formación de capital humano y la generación de conocimiento que conduzca a la resolución de los problemas y al desarrollo del país, lo que impacta de manera severa  la continuidad de la prestación de los servicios públicos de educación universitaria, la cual se expresa en asistencia a la salud pública y en las diversas áreas del saber que cumplen nuestras Casas de Estudios.

CONSIDERANDO

Que el condicionamiento de forma ilegal e inconstitucional de la asignación periódica de los recursos financieros, por parte de la OPSU de manera arbitraria y unilateral, causa retrasos en el pago de  los salarios de todos los trabajadores que prestan servicios en las universidades públicas del país, desconociendo el mandato constitucional que establece que el salario no puede estar condicionado su pago, y mucho menos ser objeto de retención de ningún tipo.

CONSIDERANDO

Que existiendo un Presupuesto Ley publicado en Gaceta Oficial y un Cronograma de Desembolsos mensual autorizado por el Ejecutivo Nacional, se quebrantan e incumplen al condicionar la entrega de los recursos a la remisión de un instrumento no regulado en norma alguna, denominado “MAQUETA MENSUAL IEU AÑO 2016", en el cual todas las universidades nacionales deben presentar y registrar la información del gasto presupuestario.

CONSIDERANDO

Que el incumplimiento de la Ley de Presupuesto y el cronograma de desembolsos mensuales de los recursos para el pago de los salarios violentan los preceptos constitucionales y legales en materia laboral, lo que impacta el derecho a un salario suficiente y oportuno que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, lo que se ve agravado por la realidad en  el alto índice de inflación, y desabastecimiento en el sector agroalimentario y de salud.

CONSIDERANDO

Que el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRVB) dispone que “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario (…) se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal", y que la Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 98 que: "el salario goza de la protección especial del estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata”.

 

ACUERDA

PRIMERO: Ratificar en el marco democrático la voluntad para lograr el cabal funcionamiento de las Universidades Nacionales y garantizar el bienestar económico, social y cultural de la población, fundado en el valor moral de la educación y el trabajo, procesos fundamentales para alcanzar la prosperidad y el desarrollo que permita superar la coyuntura actual que amenaza a la sociedad venezolana y a sus instituciones.

SEGUNDO: Exigir al Ejecutivo Nacional la asignación de un Presupuesto justo que permita sincerar los costos reales por concepto financiamiento para la investigación y desarrollo tecnológico, previsión social, asignación providencias estudiantiles,  mantenimiento y renovación de equipos de laboratorios, insumos e infraestructura.

TERCERO: Exigir al  Ejecutivo Nacional, a través del  Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPECT) la revisión y actualización inmediata de la tabla de salarios  y beneficios socio económicos de los trabajares universitarios, que permitan elevar la calidad de vida afectada por el deterioro progresivo ante un reiterado incumplimiento de los derechos laborales del sector universitario, que se profundiza en virtud de la crisis política, económica y social  por la que atraviesa el país, y que ha llevado al personal docente, administrativo y obrero al empobrecimiento en su condición de vida.

CUARTO: AVERU hace un llamado a mantener nuestras Casas de Estudios abiertas en actividades académicas y administrativas, pese a la asignación deficitaria de recursos por parte del Ejecutivo Nacional, y denunciamos que cualquier amenaza de cierre será de entera responsabilidad del Ejecutivo Nacional.

QUINTO: Ratificamos el derecho de los trabajadores universitarios a un salario justo y oportuno, por lo que exigimos que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPECT) a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), dé cumplimento a la Ley de Presupuesto y al cronograma aprobado por el Ejecutivo Nacional, transfiriendo los recursos que permitan la cancelación periódica de los salarios y demás beneficios socio económicos del sector universitario, gestión administrativa que constituye violaciones constitucionales de los derechos de los trabajadores de las Universidades Públicas.

SEXTO: La Universidad venezolana seguirá emplazando a las Autoridades Nacionales por un presupuesto justo, acorde con la planificación presupuestaria que anualmente hemos entregado al Ejecutivo Nacional.

Caracas, 19 de mayo de 2016

Categorías: