El profesor Vladimir Aguilar, director del Cepsal y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), expresó su preocupación frente a los decretos presidenciales que legalizan y formalizan la explotación minera en los estados Bolívar y  Amazonas. En este sentido, dijo que por medio de uno de los decretos, denominado “Plan de Desarrollo Integral Arco Minero del Orinoco”,  el Gobierno nacional aprueba la entrega de concesiones de exploración y explotación minera en los dos mencionados estados del país, que son además los de mayor concentración de comunidades indígenas de Venezuela. 

Dijo el doctor Aguilar que en ninguno de los mencionados estados se han dado títulos de demarcación para reconocer los derechos territoriales indígenas, solo se han dado algunas titulaciones que no cumplen con lo establecido en el articulo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que en las titulaciones deben incluirse los sitios sagrados, así como los lugares de caza y de pesca de los pueblos y comunidades indígenas del país. Con este decreto, la minería  se pone por encima de los derechos indígenas.

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La zona está actualmente ocupada por militares, pues hay otro decreto donde se crea una compañía minera militar, presidida por el Ministro de la Defensa

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Amenazados por denunciar

Afirmó el experto en materia indígena, que hay otro decreto, el 2225, por medio del cual el Gobierno nacional crea una Comisión de Ecosocialismo y de Salvaguarda de los Derechos Indígenas, la cual fue nombrada a dedo, con la que   pretende cumplir, entre comillas, con el derecho a la consulta, que es una obligación que tiene el Estado venezolano para consultar, de manera previa, a los pueblos indígenas sobre  cualquier desarrollo que pretenda afectar sus derechos e intereses. Este decreto, y la situación que deriva de él, viene a dividir  al movimiento indígena venezolano sobre la base de un objetivo que es la explotación minera, que pone también en duda la vocación ambientalista que Venezuela ha tenido durante muchos años, sobre todo en relación con las áreas de régimen especial, en los dos estados que justamente poseen las mayores reservas mineras del  país. En este sentido, varios dirigentes indígenas han venido denunciando estas pretensiones del Gobierno nacional y en razón de ello están siendo perseguidos y amenazados, para callarlos, dijo para concluir Vladimir Aguilar.

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El Gobierno nacional pretende entregar en concesión a capitales chinos, canadienses y rusos las principales reservas mineras de los estados Bolívar y Amazonas

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