Ante las graves denuncias de torturas infligidas al estudiante ulandino Gerardo Carrero, el Observatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes exige al gobierno, a través de los órganos de justicia correspondientes, que investigue de manera transparente, imparcial, responsable, expedita y hasta sus últimas consecuencias, los hechos denunciados.

Reclamamos la aplicación plena e inmediata de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, si de las resultas de la investigación se comprobare tanto la perpetración de uno o varios de los delitos en ella tipificados, como la culpabilidad de sus autores, pues es obligación del gobierno no sólo investigar, sino también sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus funcionarios, a fin de que no haya impunidad para quienes atentan contra estas garantías fundamentales.

Exhortamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a cumplir fielmente con el mandato Constitucional de vigilar y defender el efectivo respeto de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, leyes y tratados internacionales, para cuya consecución se les ha otorgado las más amplias funciones y competencias.

En Mérida, a los 27 días del mes de agosto del 2014.