Rector explicó evolución de las prestaciones en reunión con jubilados
Durante una visita al Núcleo Universitario Doctor Pedro Rincón Gutiérrez del Táchira, en la que se reunió con miembros del personal docente y administrativo jubilado, el rector de la ULA, doctor Mario Bonucci, hizo un recuento histórico sobre los distintos regímenes de prestaciones que se han producido en el país´.
El rector destacó que el objetivo de la reunión fue "poner a los jubilados y a la comunidad universitaria en conocimiento acerca de lo que está aconteciendo con los pasivos laborales, lo que ha pasado y lo que está pasando”.
Asimismo, el docente expresó que “el régimen actual de prestaciones está afectando a activos y jubilados”, ante lo cual destacó que en la universidad surgió la iniciativa de formar un comité para la defensa de los pasivos laborales, la cual dirige en la actualidad el odontólogo doctor Puertas.
Ingeniería económica
Al tiempo de destacar la explicación inicial de su exposición como un ejercicio de ingeniería económica, el doctor Bonucci hizo una diferenciación entre lo que significan los interesas pasivos y los activos de la banca, lo que es un interés simple y compuesto y cómo se capitalizan los intereses.
Destacó el expositor que en los actuales momentos el promedio de la tasa pasiva del mercado nacional –intereses que se pagan sobre los ahorros- se encuentra entre el 3 o 4 por ciento, mientras que la tasa activa –intereses que cobran los bancos sobre los préstamos- estaría entre un 15 a 20 por ciento.
Historia de las prestaciones
Al hacer un recuento histórico sobre la evolución de las prestaciones sociales en Venezuela, el rector recordó que el origen de estas fue en los años 40, “con el tiempo cambió el nombre de prestaciones sociales a pasivos laborales”. En el pasado, recordó, las prestaciones sociales no ganaban intereses.
Evocó que en 1975 –primer gobierno de Carlos Andrés Pérez- se acordó el pago de intereses sobre las prestaciones sociales, en principio solo para los obreros. En 1990, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, hace extensivo este beneficio a los demás miembros del personal de la universidad.
Entre 1997 y 1998, continúa el rector, surge la Ley Orgánica del Trabajo que cambia el régimen de prestaciones sociales. Esta contemplaba el pago de 30 días de prestaciones por un año de labores para los trabajadores. En el caso del personal de la universidad, este pago llegó a representar 60 días, los cuales capitalizaban intereses. Entonces, “se decía que las prestaciones estaban indexadas, porque se calculaban al monto del último sueldo devengado por la persona”.
A partir de la ley decretada en el 98, “las universidades empiezan a pensar en el tema” y 4 universidades del país se pasan al nuevo régimen de prestaciones sociales. La ULA se adhiere al nuevo sistema a partir del 01 de enero de 2001, acota el rector.
Momentos importantes en su evolución
El profesor Bonucci destacó que hasta el 31 de diciembre de 2000 “nuestros intereses ganaban a la tasa pasiva del mercado –así quedó plasmado- pero si usted trabajó en el período subsiguiente, el gobierno se estableció a sí mismo un plazo para pagar hasta el 01 de enero de 2006 a un promedio entre la tasa pasiva y la tasa activa del mercado, pero si éestas prestaciones no se pagaban en dicho período, el gobierno tendría que pagar las prestaciones a la tasa activa del mercado bancario”.
En su exposición, el máximo representante de la ULA señaló que en el año 2007 se paga a las personas que habían sido jubiladas desde 1998, de acuerdo con la tasa pasiva, con intereses capitalizados mediante el instructivo del 2007. Luego, pasó el 2007, en el 2008 no hubo ningún pago y “llegó el 2009, alguien alborotó un avispero y en ese año un abogado de la OPSU dijo, los intereses que se deben no se pueden capitalizar, sino que lo que se debe pagar son intereses de mora. Nosotros les dijimos que no estábamos de acuerdo, pero el CNU lo aprueba”.
En dicho Informe 2009, continúa su explicación, cuando el organismo nacional era presidido por el profesor Antonio Castejón, la comisión de trabajo establecida acordó invitar a algunas personalidades. Allí estaba el profesor Luis Fuenmayor Toro. Ese informe contempla, apuntó el rector, "que el pago debe hacerse capitalizando los intereses". “El informe ratificó lo que se decía inicialmente”, es decir, que hasta el 31 de diciembre de 2000 nuestros intereses ganaban a la tasa pasiva del mercado, pero si usted trabajó en el período subsiguiente, hasta el último día del 2005, el gobierno tendría que pagar las prestaciones a un promedio entre la tasa pasiva y la tasa activa del mercado, pero si éestas prestaciones no se pagaban en dicho período, el gobierno tendría que pagar las prestaciones a la tasa activa del mercado bancario”.
Reconocimiento de la deuda
El rector señaló que posteriormente, en el año 2011, se suceden varios ministros en el ministerio de Educación Superior.
Ese año, refiere el rector, “ante la claridad que tenía el presidente Chávez sobre el tema, eso hace que se disparen las alarmas, se hace el reconocimiento de la deuda con las universidades, se asume que debe pagarse y se considera que con los Petrorinoco se podría cancelar dicha deuda, esos no los crearon, sino que las deudas las han pagado en bolívares”.
En enero de 2012 apuntó el profesor:
“Había movimiento en el ministerio y Yadira Córdova cuelga un instructivo, allí vemos un retraso respecto al instructivo antes mencionado y dice que el gobierno tiene es intereses de mora y que no se van a capitalizar. El tema se lleva al CNU, a la ministra se le pidió reactivar la comisión. Estaba Tibisay Hung en la comisión, se le incorpora la ULA a través de su rector –el profesor Mario Bonucci, y empezamos a hacer el trabajo. Empieza Hung a cuestionar el informe, pero allí empezamos a convencerla a ella y a su abogada de que eso es lo correcto. Pidieron hacer un acto y reconocer en justicia.
El Profesor Bonucci comentó que él mismo se propuso e hizo el Informe 2012, mandó el acta por los correos de todas las personas involucradas, pero estas “se quedaron esperando la reunión para firmar esa acta, luego anunciaron el pago de prestaciones pero con qué instructivo?, ese es el secreto mejor guardado del planeta. Al día de hoy, no conocemos ese instructivo… Pero a la gente le pagaron”.
Distintos ejemplos
Para ejemplificar lo que debió estar ocurriendo con sus prestaciones a los jubilados desde el año desde el cual surge el análisis, apunta que “los que se jubilaron antes de diciembre de 2000 no habrían tenido problemas”.
Recuerda a este punto el profesor Bonucci que el pago del 8.5 –intereses anuales que se pagan sobre las prestaciones sociales- se viene cancelando desde el año 90, “por ello los obreros no tenían ese problema porque todos los años les venían pagando sus intereses sobre prestaciones”.
En un segundo ejemplo, el rector mencionó el caso de las personas que se jubilan desde el 31 de diciembre del año 2000 hacia arriba, “los que habían trabajado de esa fecha hacia atrás les deben pagar los intereses capitalizados a tasa pasiva” y explicó que lo correspondiente al 01 de enero de 2001 y siguientes cinco años tendrían que pagarlos a un promedio entre la tasa activa y la pasiva. En este punto, el profesor Bonucci señaló que “sospechamos que de diciembre de 2004 para acá las están pagando sin capitalización”.
El profesor expuso un tercer ejemplo, como sería el de jubilarse en el año 2007, “a esta persona tendrían que pagarle a tasa activa y todo capitalizable”. ¿Qué suponemos que está ocurriendo? Expresó el rector que “sospechamos que se está pagando a tasa activa pero sin capitalizar”.
Ante la situación planteada por el profesor Bonucci él mismo se preguntó ¿Cómo se nos puede quitar la duda?, al tiempo de responderse que ella se resolvería “pidiendo el instructivo”.
“Ya pasó el 2012 y está pasando el 2013 y no conocemos el instructivo, es el secreto mejor guardado de la historia”, apuntó en varias oportunidades el rector durante su exposición.
Comité para luchar por las prestaciones
El profesor Bonucci, luego de su análisis sobre la evolución del pago de las prestaciones en el país, señaló que “ahora entendemos porqué se formó un comité, ellos están impulsando una lucha a nivel nacional”.
Apuntó en esta dirección que en una reunión que se celebró en Caracas este año, se planteó hacerle una carta al ministro Calzadilla pidiéndole una audiencia, las personas reunidas en el comité solicitaron al doctor Bonucci su intercesión para pedir una audiencia al ministro.
En este sentido el rector expresó que ya él hizo la respectiva solicitud de audiencia y la envió. “Se pide una audiencia donde participe el rector, el resto de autoridades y el comité de defensa de las prestaciones. Qué les pedimos? que nos muestren el secreto mejor guardado”.
Agregó que también se está pidiendo al Ejecutivo nacional el porqué del retraso en el pago de una buena parte de las solicitudes y la explicación acerca de qué tipo de jerarquía se establece para pagar a unas personas más rápido que a otras sus prestaciones –si es por edad, discapacidad o antigüedad de la solicitud- porque “van 25 listados desde 1998, ese año, de 108 solicitudes de pagos de prestaciones, se las pagaron a 98, faltan 10, de ellas, las de 8 docentes, ¿porqué faltan? no lo sabemos”.
En total, dijo el rector que faltarían 366 empleados y 731 docentes por el pago de sus prestaciones sociales, entre el 98 y el 2011. De las solicitudes, un 53,29 por ciento corresponderían al personal docente al que sí se le han cancelado, según el rector, y un 46,71 por ciento correspondiente al pago de dichas prestaciones a miembros del personal administrativo. Dijo el profesor Bonucci que incluso “hay personas que han muerto sin cobrar y ni siquiera han aparecido en los listados”.
En su reunión con el personal jubilado también estuvieron presentes la vicerrectora académica, doctora Patricia Rosenzweig, el profesor Pablo D´jabayan, responsable de la Dirección de Asuntos Profesorales y el doctor Puertas por el comité conformado para abogar por el pago de las prestaciones sociales.