El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Universidades, se dirige a la opinión pública, para fijar posición ante los disturbios escenificados en las adyacencias de algunas facultades, dependencias y núcleos de nuestra institución, ocurridos los pasados días lunes 20, martes 21 y viernes 24 de mayo del año en curso, que tuvieron como motivación expresa la exigencia de “cargos fijos y el pago de cinco (5) meses de salario”, por parte de un grupo de personas que dicen ser “trabajadores eventuales” de nuestra Universidad.

Al respecto, hacemos del conocimiento de la colectividad que desde el mes de mayo del año 2008, la Universidad de Los Andes ha sostenido innumerables reuniones y participado en varias mesas de trabajo con altos funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, con el objetivo manifiesto de obtener los recursos presupuestarios recurrentes para regularizar a todo el personal en situación de contratados, en continuidad laboral y eventuales. Poco se logró de estas gestiones pese a nuestra clara intención de convencer al Ejecutivo Nacional de la necesidad de hacer valer los derechos laborales de todos los trabajadores de nuestra institución. En este sentido y con muchos sacrificios, el Consejo Universitario destinó una parte del presupuesto ordinario para regularizar la situación laboral de los empleados contratados administrativos y técnicos, de los obreros en situación de continuidad laboral y de la mitad de los obreros eventuales. Estos eventuales fueron seleccionados por estricto orden de antigüedad. Con  estas regularizaciones quisimos dejar patente de manera concreta la capacidad resolutiva de la ULA cuando se trata de justicia laboral y bienestar de los universitarios.

Asimismo, desde mayo de 2012 se ha insistido de manera consecuente en la solicitud de recursos recurrentes para incorporar a la totalidad de los trabajadores eventuales que estaban contratados con fundamento en la hoy derogada Ley Orgánica del Trabajo. Como hemos dicho, sólo logramos ingresar a la mitad de este personal debido a las evidentes restricciones presupuestarias que han padecido las Universidades Autónomas desde hace ya demasiado tiempo.

Es perentorio resaltar que nuestra casa de estudios tiene toda la disposición de ingresar estas personas como ordinarios; sin embargo, existen limitaciones de índole legal (Ley Orgánica del Trabajo, de Los Trabajadores y de Las Trabajadoras, Ley Contra la Corrupción, Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal, entre otras) y de carácter presupuestario-financiero, las cuales estamos obligados a cumplir como Persona Jurídica de Derecho Público, que impiden que la Universidad pueda materializar tal ingreso.

La Universidad no ha recibido del Ministerio del Poder Popular para La Educación Universitaria (MPPEU) los recursos recurrentes necesarios que garanticen acometer dicha acción administrativa.  Pese a las audiencias, mesas de trabajo, mesas de diálogo y requerimientos por escrito que hemos tramitado ante el ministerio, hasta la fecha no hemos logrado éxito alguno de nuestras diversas gestiones. Sin embargo, de las últimas acciones tomadas al respecto, este Consejo Universitario acordó dirigirse al Ministro de Educación Universitaria, en fecha 06 de mayo de 2013, reiterando una vez más la solicitud de recursos recurrentes. Adicionalmente, el ciudadano Rector en fecha 14 de mayo hizo de nuevo una solicitud de audiencia a la Directora Adjunta de OPSU para tratar como punto fundamental la incorporación de estos ciudadanos conforme a la Ley, audiencia que no ha obtenido fecha definitiva de parte de esta dependencia gubernamental.

De igual manera, es importante dejar sentado que unilateralmente el Ministerio del Poder Popular para La Educación Universitaria, desde el mes de junio hasta diciembre de 2012, de forma directa hizo efectivo depósitos por concepto de salario a estas personas, en cuentas personales en una entidad financiera, así como el pago del bono de alimentación (cesta ticket) a través de abonos en tarjetas electrónicas, fungiendo como operador y responsable de estos trámites el Sindicato de Obreros de la Universidad de Los Andes (SOULA), creando con ello expectativas de derechos. Por lo que apreciamos ahora, el Ministerio no siguió pagando a estas personas, quienes no han ingresado a la Universidad conforme a la Ley. Al respecto, es conveniente señalar que ni el Rector, ni la Universidad han contraído deuda alguna. De hecho, tanto el Rector como el Consejo Universitario han enviado reiteradas circulares advirtiendo a los cuentadantes que sólo pueden trabajar en sus dependencias los trabajadores que hayan ingresado conforme a la Ley y mediante el respectivo Decreto.

En este sentido, no cabe la menor duda de que el Consejo Universitario, como máxima instancia administrativa de la institución, está obligado a implementar controles que redunden en una sana gestión universitaria que se traduzcan en una efectiva, eficiente y eficaz administración del recurso humano, a la luz del principio de funcionamiento planificado y control de la gestión, además del principio de legalidad que debe revestir todo acto administrativo en nuestra institución.

Por último, es forzoso concluir que la Universidad de Los Andes no tiene responsabilidad alguna en el reclamo que formula este grupo de personas, ya que como hemos señalado anteriormente es el Ministerio del Poder Popular para La Educación Universitaria, el órgano que viene asumiendo la cualidad de patrono de los reclamantes.

No obstante, de acuerdo con lo que hemos expresado de manera reiterada, apenas el Ministerio nos envíe los recursos recurrentes, estaremos haciendo los decretos de ingreso correspondiente.

Por todo lo anterior, exhortamos a estos ciudadanos a no dejarse sorprender en su buena fe, y que sólo gestiones conjuntas podrán producir la consecución de los ansiados recursos presupuestarios recurrentes, además solicitamos al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) que conceda la audiencia solicitada por el Profesor Mario Bonucci Rossini, Rector de la Universidad, en fecha 14 de mayo de 2013 y ratificada por este Máximo Organismo en la sesión de hoy.

Dado firmado y sellado en el salón de salón de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Mérida a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil trece.

 Mario Bonucci Rossini                                                           Argimiro Castillo Gandica

Rector de la Universidad                                                      Secretario (e) de la Universidad