Es supremamente ventajoso que los proyectos de Campus Biomédico esten cercanos a la infraestructura hospitalaria central. (Foto: Ramón Pico)

A mediados del siglo XX, en los ámbitos internacional y nacional, se decidió llevar adelante proyectos de planificación urbana, que se concretaron en los programas de Ordenación del Territorio, en los cuales la ciudad se entendía como parte integral de una superficie mucho mayor.

Así, en lo que respecta a Mérida, en el año 1999 se hizo, con apoyo de la ULA, el Plan de Ordenación Urbanística del Área Metropolitana de Mérida, aprobado por el entonces Ministerio de Desarrollo Urbano, como ente nacional rector de la planificación urbanística. 

Para ello se hicieron estudios físico naturales, socioeconómicos,  demográficos, de movilidad, de servicios públicos, de organización física del espacio, con el objetivo de establecer los nuevos espacios, con determinados usos e intensidades, y saber qué equipamientos y servicios deberían tener.

Ese Plan de Ordenación Urbanística del Área Metropolitana de Mérida determinó que existían 400 hectáreas nuevas para el uso residencial, que deberían ser expropiadas para la construcción de viviendas, en diferentes zonas del área metropolitana que incluye la ciudad capital, Mérida, Ejido, el municipio Sucre y el municipio Santos Marquina.

El crecimiento de la cuenca del Chama, parte de la avenida Las Américas, algunas zonas de Ejido y del municipio Sucre,  obedeció a ese programa, pero por parte mayoritariamente del sector privado.

Ese plan también determinó que los terrenos que eran propiedad de la Universidad de Los Andes deberían seguir siendo de la ULA, porque estaban localizados en lugares específicos que tenían buena accesibilidad, cercanos a otras zonas universitarias cuyo nuevo uso ayudarían a integrarlas y complementarlas.

Es decir, en materia de hacia dónde y cómo debería crecer el área metropolitana de Mérida y, por ende, las nuevas zonas residenciales, no ha habido improvisaciones.

Más viviendas, desarrollo y conflictividad

profesora Maritza Rangel, coordinadora del Grupo de Investigaciones sobre Espacio Público. (Foto:Ramon Pico)

El anterior resumen lo hizo la profesora Maritza Rangel, coordinadora del  Grupo de Investigaciones sobre  Espacio Público, Gisep, de la Facultad  de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes, experta en urbanismo y calidad ambiental urbana, al opinar sobre lo contradictorio e inadecuado que resulta la expropiación de terrenos de la ULA para construcción de viviendas, específicamente en las zonas de Campo de Oro y Liria.

“En el terreno de Campo de Oro existe el proyecto de la Facultad de Odontología y un Hospital Materno Infantil. ¿Pueden ir esos proyectos en otro terreno? Sí, pero ¿tendrían esas obras universitarias en otras zonas las mismas ventajas comparativas que tendrían al estar ubicadas al lado del Hospital Universitario de Los Andes y todo su conjunto? Evidentemente que no”, señaló la experta.

Dijo que de esas 400 hectáreas distintas a las universitarias determinadas en 1999, el Estado no compró ninguna. Entonces, llega el momento cuando la ciudad no tiene para dónde crecer, y se pretende cambiar el uso de las zonas universitarias para resolver un problema puntual de vivienda.

¿Qué ha pasado con esos terrenos? ¿Por qué se ha permitido que a algunos se les haya dado un uso distinto al determinado en ese plan que data de 1999, es decir, para la construcción de viviendas?

La ciudad amerita crecer hacia sus periferias (Foto: Meridaenvenezuela.blogspot.com)

Otro aspecto que resaltó Maritza Rangel es que Mérida, al igual que el resto de la mayoría de las ciudades venezolanas, a partir de los años 50 tenía una tasa de crecimiento vertiginosa, pero a partir de los años 80 comenzó a decrecer. De hecho, entre los años 1990 y 2001, Mérida bajó de tres y tanto por ciento de  habitantes por hectárea, a 2,1, es decir, decreció la ciudad capital a favor de la expansión hacia Ejido, la cuenca del Chama y el municipio Santos Marquina, con sus correspondientes servicios, equipamientos y empleo.

 “De repente cambian la estrategia y resulta que ahora quieren meter en la ciudad capital, ya saturada de problemas a todo el mundo, sin buenos servicios, sin los equipamientos adecuados, sin nuevas avenidas y calles, sin conexiones y lo que es peor, sin posibilidades de empleo, y de allí el aumento descontrolado de la economía informal, en detrimento de zonas como Tabay y Ejido que se han convertido en ciudades dormitorio con todos los problemas que ello conlleva.

Creer por ejemplo, que meter a una enorme cantidad de familias en el pequeño terreno de Campo de Oro, en una zona urbana ya saturada,  es solucionarle su problema de vivienda es un error, porque en lo inmediato,  lo que van es a desmejorarle su calidad de vida”, sentenció la profesora Rangel.