El tema central que se desarrolló en el Consejo Universitario de este lunes 16 de mayo, tuvo que ver con los informes presentados por el Rector y el Vicerrector Administrativo, acerca de las reuniones que se han realizado en la ciudad de Caracas con la Ministra de Educación Universitaria y los representantes de la OPSU.

Las noticias presentadas causaron alarma en la comunidad universitaria pues, después de haber procedido el Gobierno Nacional a dar un aumento del 40 por ciento en los sueldos y salarios de los universitarios, de manera unilateral e inconsulta, luego de 40 meses de no recibir aumento alguno y sin considerar la retroactividad,  resulta que en la actualidad no hay dinero para pagar este compromiso de aumento.

“Se esperaba que en esas reuniones se dijera cuándo se iban a trasladar los recursos para que los profesores, los empleados y los obreros empezaran a cobrar con el aumento. La respuesta fue que la OPSU no tiene dinero y se requiere que la universidad haga un esfuerzo dentro de las partidas no ejecutadas, dentro de los ahorros y los recursos que no están comprometidos, para poder afrontar estos pagos. Estamos hablando de 16 millones de bolívares fuertes mensuales es decir, para poder cubrir tres meses de sueldos, la ULA requiere de 48 millones de bolívares fuertes. Los gastos de funcionamiento de la universidad son de 72 millones de bolívares fuertes pero, por tener un presupuesto repetido, la universidad está en bancarrota y no tiene ningún recurso para afrontar estos pagos”, indicó José María Andérez, secretario de la ULA.

La comunidad universitaria, en sus diversos sectores, ha considerado una burla esta situación, porque se supone que al haber un aumento de sueldos y salarios, debería haber una partida presupuestaria para respaldarlo, de no ser así, el aumento se considera ilegal y, de existir esta partida, lo que procede es una solicitud de crédito adicional a la Asamblea Nacional, para que ésta lo apruebe y envíen los recursos a las universidades, pero en la actualidad ese crédito no está solicitado por lo tanto, a corto plazo, no esperan que lleguen recursos para ese pago, resaltó el profesor Andérez.

Agregó que, en cuanto a las deudas de los años 2009 y 2010, el Gobierno Nacional no ha dado respuesta y sólo hizo un pequeño aporte que permitió solventar el pago de la cestaticket, e indicó que a esto se suma un problema adicional que tiene que ver con los recursos necesarios para seguir pagando en el mes de julio de este año, los sueldos como se tenían para el mes de enero del 2008, es decir, con el pasado aumento que fue del 30 por ciento. “Si no llegan durante el mes que viene los recursos adicionales para el pago de ese aumento pues tampoco podrá pagarse porque, en el presupuesto de este año, están contemplados sólo los primeros 6 meses del año con sueldo integral y con el aumento del 30 por ciento. Si no llega el dinero, no solamente no vamos a poder aumentar el 40 por ciento, sino que tendríamos que disminuir también ese 30 por ciento anterior para pagar la nómina”, dijo el profesor Andérez.

Muchas interrogantes han surgido acerca de para qué sirve la nueva política del gobierno en cuanto al diálogo, la concertación y la conciliación de las voluntades. Los universitarios están perdiendo la confianza y los pocos que confiaban en que era una alternativa, se han dado cuenta de que las mesas de diálogo, tratan de dar la vuelta a las cosas y diferir los compromisos. “Lo que se decida allá no tiene incidencia en las decisiones que se toman. Por ejemplo, para los uniformes de los obreros se requieren más de 4 mil bolívares fuertes y, sin embargo, después que se hizo una mesa de diálogo en la ciudad de Mérida y se levantaron los informes, resulta que la OPSU sólo va a enviar la mitad de lo que se requiere. Con esto no se podrá realizar una licitación con todas las cosas y no podremos cumplir con todos los compromisos”, señaló el profesor Andérez.

El llamado hecho desde la Secretaría de la ULA, es para establecer una mayor sinceridad en las relaciones entre el gobierno y la universidad, así como un compromiso, a largo plazo, que aborde una serie de detalles que las universidades tengan que cumplir al igual que el gobierno nacional y, que no sea el presupuesto universitario una figura permanente de limitación sobre la actividad universitaria, dijo para culminar el profesor Andérez.