Dentro de las discusiones que se han generado en torno a la Ley de Educación Universitaria, el derecho a la libertad de asociación ha sido uno de los puntos a tratar en las distintas asambleas que se han realizado. La importancia de que un ministro o un ministerio genere un reglamento para que la gente se asocie o no, viola lo consagrado en la Constitución Nacional en torno a este derecho, por lo tanto, la injerencia del Gobierno Nacional en algunos de los gremios en distintas zonas del país, es una política que debe ser eliminada, así lo afirmó el profesor José María Andérez, Secretario de la Universidad de Los Andes.

“Dentro de la nueva Ley de Educación Universitaria, tiene que discutirse cómo los universitarios se asocian, no puede generarse una política de asociación que defienda a uno de los dos sectores, tiene que defender a la institución y los derechos de los asociados. Otro de los mitos es que tenemos que tener una sola visión, hay cosas en que los universitarios tenemos una misma visión y otras en la que no la tenemos, entonces otro de los secretos para que la discusión en el análisis de esta ley no sea estéril, es que nos pongamos primero de acuerdo en aquellas cosas en las que es fácil ponerse de acuerdo y, en las que no, que decida la mayoría”, agregó el profesor Andérez.

Temas tan delicados como la penetración de los poderes populares dentro de los sistemas universitarios para el control presupuestario y para la contraloría social, son aspectos que tienen que ser bien estudiados y bien definidos. “Tiene que haber, dentro de la universidad, una representación de la sociedad, pero la universidad tendrá que definirla, para que esa representación pueda darnos luces en algunas cosas. Por ejemplo, a través de los egresados, tiene que haber un mayor contacto institucional para que éste venga a la universidad a contar su experiencia laboral para ver en dónde estamos fallando o saber cuáles son las nuevas tecnologías que se requieren a nivel empresarial e industrial, eso es fundamental para nosotros”, destacó el profesor Andérez.

La Ley de Educación Universitaria buscó establecer, además, que la sociedad esté representada en algunos de los organismos universitarios en la toma de decisiones, por lo que el poder popular, a través de los Consejos Comunales de las adyacencias de la universidad, pudiera trabajar en la formulación de un presupuesto universitario. “Esto no es lo más acorde, ellos no tienen la capacitación para entrar a discutir la materia presupuestaria universitaria y además es completamente estéril, porque la universidad discute un presupuesto y el gobierno le asigna otro. Lo que sí tienen que haber son lineamientos, y el gobierno lo sabe, en materia presupuestaria, al colocar los recursos bastaría abrir unas partidas fundamentales para el desarrollo de proyectos comunitarios, para que la universidad reciba los recursos y allí sí podemos incorporar a los consejos comunales en las tomas de decisiones, es decir, ver qué proyectos son los importantes, cómo abocarlos, hacerles seguimiento y hacer la contraloría social a la cual la universidad no se opone”, afirmó el profesor Andérez.

Estas discusiones tienen que darse dentro de la universidad, democráticamente y sin distingo político. Si los consejos comunales van a ser la punta de lanza del gobierno o de la oposición en una universidad con tendencia oficialista o en una universidad con tendencia opositora, el simple hecho de manejarlos, desde el punto de vista político, va a generar más problemas que soluciones, dijo para finalizar el profesor Andérez.