Desde el pasado lunes 15 de marzo el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Los Andes (ULA) resolvió llevar a cabo este lunes 22 el acto de colocación de la piedra fundacional de la sede de la Facultad de Odontología en el terreno de Campo de Oro, ejerciendo así su derecho a la propiedad establecido en las leyes y de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Tierras Urbanas. Esta decisión soberana no pudo materializarse.

El acto había sido pautado para las 8 de la mañana, sin embargo, desde aproximadamente las 7 y media las vías de acceso a la sede de Ingeniería y Mantenimiento, punto en el que se reunirían los universitarios, fueron bloqueadas con cauchos incendiados y objetos contundentes como piedras y ladrillos, además de la presencia significativa de encapuchados y la igualmente significativa ausencia de efectivos de seguridad del Estado, primeros responsables de preservar el orden público en la ciudad.

La ULA desguarnecida
Toda esta situación respalda lo expresado en repetidas ocasiones por el rector Mario Bonucci Rossini, de que “la ULA es una universidad desguarnecida”, aun cuando el gobernador del estado, Marcos Díaz Orellana, se había comprometido públicamente el pasado viernes 12, luego de la reunión sostenida en el despacho rectoral, a brindar seguridad a todos los universitarios al ingresar al mencionado terreno.

Ante este panorama de tensión y amenaza el CU decidió suspender el acto por ahora, rechazando publicamente lo ocurrido ya que, tal y como expresó la directora del  Consejo Jurídico Asesor de la ULA, Dra. Raiza Ojeda de Ilija, los derechos de la ULA fueron violentados, explicando además que no existe ningún procedimiento legal con el terreno de Campo de Oro ya que la institución no ha sido notificada formalmente por ninguno de los medios establecidos.

No obstante, el Rector insistió en el ofrecimiento que hicieran al Gobernador sobre los terrenos en Los Caciques, El Cambural, San Benito y La Arenita para la construcción de viviendas de interés social, resaltando además que “la Universidad siempre va a estar dispuesta a conversar y a aportar ideas para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”.

Posición jurídica de la ULA
“Se está violentando el derecho constitucional que tiene la ULA al ejercicio pacífico del derecho a la propiedad en espacios determinados que además tienen un proyecto como lo es el caso de Campo de Oro”, comentó la directora del Servicio Jurídico, Raiza Ojeda de Ilija, agregando que el objeto de la Ley de Tierras Urbanas es regular la tenencia de terrenos sin uso, “partiendo de la definición de esta ley nosotros estamos excluidos de su aplicación, por cuanto la misma determina que el procedimiento aplica sólo a tierras urbanas sin uso”.

No obstante, Ojeda de Ilija expresó que “si el gobierno quisiera obviar el objeto de aplicación de la Ley debe ajustarse a un procedimiento que está clara y taxativamente establecido en la misma”, explicando que cuando existe una denuncia los órganos con competencia en materia de vivienda iniciará un procedimiento que puede hacer por denuncia de parte interesada o de oficio.

No hay procedimiento en Campo de Oro
Respecto a esto informó que con el terreno de Campo de Oro no se ha iniciado ningún procedimiento que active lo establecido en la Ley, “la Universidad no ha sido notificada de ningún procedimiento, razón por la cual la permanencia de los ciudadanos en los alrededores o dentro de los espacios de Campo de Oro constituye una violación al derecho de propiedad que tiene la ULA y un ilícito penal”.

“Una vez que se haya declarado una tierra urbana como sin uso, lo cual no aplica en nuestro caso, el gobierno a través de su representante deberá hacer un procedimiento de expropiación”, explicó la Directora del Servicio Jurídico, concluyendo que esta ley “fue dictada únicamente para la tenencia de tierras urbanas sin uso por parte de particulares, ya que como todos saben el Estado no puede ser objeto de expropiación y la ULA forma parte de la estructura general del Estado como ente corporativo y como administración descentralizada”.

Finalmente, explicó que la figura del custodio aparece después que se ha declarado una tierra urbana sin uso, por lo cual a su juicio “no hay solamente una violación al derecho a la propiedad de la universidad sino también del procedimiento establecido en la Ley de Tierras Urbanas”.

Resolución del Consejo Universitario
Ante estos hechos el CU sostuvo una “larga y fructífera discusión”, explicó el Rector de la ULA, aprobando “por mayoría calificada” fijar posición ante la comunidad universitaria y merideña mediante un remitido sobre la imposibilidad de colocar esta primera piedra, además por unanimidad se aprobó invitar nuevamente al Gobernador del Estado a sesión del CU, “para conocer su postura en relación al ejercicio pacífico del derecho a la propiedad”.

Asimismo, se busca definir conjuntamente con la primera autoridad regional una fecha para la colocación de la piedra fundacional en Campo de Oro, “ya que tanto el gobernador como el partido oficialista han rechazado públicamente las invasiones en el Estado Mérida”, explicó Bonucci. Igualmente se solicitará a Díaz Orellana que presente a la colectividad los proyectos habitacionales que el gobierno regional ha adelantado para resolver este problema a los merideños.