La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana fundada en el respeto a la libertad de conciencia, la dignidad personal y el pluralismo. La Universidad, en su empeño histórico de educar libremente y para la libertad, está obligada a formar ciudadanos que cumplan con el postulado de "ser libres para conocer y conocer para ser libres" y la autonomía universitaria es la garantía de tal libertad. Asimismo, los universitarios estamos obligados por ley, y convencidos por la ética, a contribuir en la orientación de la vida del país mediante nuestro aporte doctrinario al esclarecimiento de los problemas nacionales y en virtud de esta cualidad, hacemos del conocimiento público lo siguiente:

Desde el mes de noviembre el malestar social en la ciudad Mérida se ha incrementado por los continuos cortes de electricidad y de agua y el clima reinante de inseguridad que afecta a todos los ciudadanos por igual. El resultado de esta situación se ha traducido en numerosas manifestaciones y protestas que congregan a múltiples sectores de la sociedad. Sin embargo, la respuesta a este descontento se ha concentrado más en la represión que en el diálogo. Los lamentables sucesos vividos en la sede del Decanato de la Facultad de Medicina el día jueves 21 de enero, dan perfecta cuenta de esto.

En conexión con la situación descrita, el día lunes 25 de enero en distintos lugares de la ciudad de Mérida, la comunidad reclamó la eficiente prestación de servicios públicos a través del toque de cacerolas, quema de basura, corneteo y concentraciones espontáneas en las calles. Idénticas manifestaciones de malestar social se presentaron en las ciudades de Ejido y El Vigía, así como en diferentes ciudades del país, ubicadas más allá del área de influencia de la Universidad de Los Andes. En consecuencia, mal puede atribuírsele al Consejo Universitario de la ULA responsabilidad alguna en el surgimiento de un malestar que tiene profundas raíces sociales.

La respuesta a la inconformidad colectiva se ha materializado en dos tipos de represión: la que proviene de los cuerpos policiales y la que protagonizan algunos grupos armados que actúan impunemente ante la indiferencia oficial. En los recientes sucesos, la represión indiscriminada agredió espacios residenciales y universitarios generando un trágico saldo de muertos, heridos y daños patrimoniales.

En atención a estas consideraciones, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes acuerda:

1. Expresarle nuestras sentidas palabras de condolencias a los familiares de los jóvenes cuya muerte enluta tanto a la ciudad como a la universidad, al tiempo que exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento y castigo de los responsables de esta tragedia.

2. Extenderle nuestra palabra solidaria a los muchos ciudadanos afectados física y moralmente durante los hechos acaecidos en los últimos días.

3. Rechazar la represión indiscriminada que afectó personas, bienes y espacios residenciales y universitarios.

4. Deplorar la destrucción de bienes universitarios que, en algunos casos, resultan irrecuperables.

5. Exhortar al Gobernador y demás autoridades gubernamentales a mantener la ponderación en sus declaraciones públicas en correspondencia con la alta responsabilidad que le ha otorgado el pueblo.

6. Finalmente, llamamos la atención sobre la obligación y el deber que tiene el Estado de respetar y garantizar los Derechos Humanos de la población. Porque estos derechos se vulneran cuando, desde el poder se pone en peligro la vida, libertad y seguridad de los ciudadanos; se toman medidas que de hecho niegan que todos seamos iguales ante la Ley y que tenemos, sin distinción, derecho a igual protección por parte de ella. También se vulneran los Derechos Humanos cuando se desconoce que nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia mientras no se pruebe culpabilidad alguna, conforme a la Ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para la defensa; que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación; que toda persona tiene derecho a la propiedad y que nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella; que todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; que todos tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión y que todos tenemos derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

En Mérida, a los veintisiete días de enero de 2010

Mario Bonucci                                         José María Andérez
Rector                                                      Secretario