“GOBIERNO DEBE ACLARAR QUÉ GASTOS UNIVERSITARIOS PUEDEN HACERSE SIN APROBACIÓN DEL VICEPRESIDENTE”

El Decreto Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, como todos sabemos, aplica también a las universidades.

Según resolución del Ejecutivo Nacional, es el Vicepresidente de la República quien tiene la tarea de desarrollar y hacer cumplir este decreto a través de instructivos y resoluciones.

Esto ha provocado las más variadas opiniones y, en el caso de la Universidad de Los Andes su secretario, José Andérez, opina que los representantes de la Vicepresidencia de la República, de la Oficina de Planificación del Sector Universitario y del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, tienen el deber de aclarar cuáles son los gastos y procedimientos que pueden hacerse en las universidades sin la aprobación del vicepresidente nacional.

“Al ministro Luis Acuña se le entregó una lista de cosas importantes que la ULA debe hacer y que se afectan por ese decreto (por ejemplo, publicación de libros, revistas, folletos de difusión, solicitud de financiamiento para enviar estudiantes a realizar pasantías en el exterior, entre otras) a objeto de que, por escrito, nos dijeran si podemos ejecutar esos recursos sin la aprobación del vicepresidente. Lo que obtuvimos fue una carta, redactada en lenguaje oficial, que nos remite a lo contenido en el decreto y el auditor, por su parte, manifiesta que todas esas cosas explicadas por nosotros sí requieren de la aprobación de la vicepresidencia”.

Según Andérez, si las universidades están exentas de la aplicación de las restricciones contenidas en ese decreto, debe existir una comunicación del vicepresidente que explique cuáles actividades son inherentes a la dinámica universitaria y, por lo tanto, no requieren el permiso de la vicepresidencia.

“¿Cómo es posible que una autoridad universitaria que desee viajar al exterior para reunirse con sus pares deba solicitar permiso a la vicepresidencia? Este tipo de traslado de carácter académico es considerado por los auditores como ‘misiones especiales’ porque, al entender de este grupo asesor, es el gobierno el único que debe comisionar al secretario de la ULA, por ejemplo, para que se reúna con sus homólogos de otras universidades del mundo para intercambiar ideas, observar cómo abordan los postgrados, los problemas de rendimiento etc.”.

José Andérez indica también que una sola persona, en este caso el Vicepresidente de la República, no podría abarcar tantas solicitudes de varias universidades, por lo tanto, todos estos procesos se tardarían.

“¿Por qué no hemos recibido una comunicación por escrito que especifique qué actividades no necesitan esa aprobación por ser inherentes a los procesos administrativos universitarios?”.

Autonomía universitaria
El tema de la autonomía universitaria siempre ha generado discusiones a favor y en contra. Los universitarios de todo el país, en su mayoría, la asumen como el derecho inviolable que tienen de ser independientes desde el punto de vista académico y, de ser preciso, críticos de un gobierno en particular.

Para el profesor José Andérez el concepto autonómico se está reduciendo de a poco en Venezuela y cita como ejemplo lo contenido en la Ley Orgánica de Educación (LOE), donde se especifica que es el Gobierno Nacional el que decidirá qué universidades impartirán algunas carreras en particular.

“La autonomía universitaria también va desapareciendo bajo el cerco severo de las leyes y reglamentos que impiden una ejecución presupuestaria eficiente en la educación superior. Desde el punto de vista administrativo ya perdimos la posibilidad de negociar con el gobierno los aumentos salariales, las normas de homologación no son atendidas, ha habido aumentos discrecionales a los empleados y hay deudas con el sector público que no han sido canceladas. Con la LOE el ejecutivo también ingresó en el terreno autonómico: nos imponen una contraloría que ya tenemos a lo interno para sustituirla por una contraloría social que no está funcionando en ninguna parte del país”.

Según el Secretario de la ULA, los universitarios deben comprender que a los gobiernos, en su gran mayoría, no les gustan las universidades, pues éstas son centros de crítica y de libertad de expresión auténtica y genuina.

“La obligación de las autoridades y de los universitarios es defender todo aquello que costó luchas e incluso sangre. No debemos perder la autonomía porque tenemos un gobierno, de cualquier ideología política, que no le guste cómo nos comportamos, además, desde la ULA, siempre se ha llamado al diálogo, a la concordia, a trabajar juntos por el desarrollo armónico de un país”. (Prensa ULA/CNP 6705)

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