La Prueba de Admisión ha venido funcionando con sus altos y sus bajos, pero cada vez se muestra más eficiente, con el pasar del tiempo, junto a las nuevas propuestas de aplicación.

En la Universidad de Los Andes -como principio- persiste la creencia de que la prueba vocacional es un paso necesario para calibrar la inclinación aptitudinal de un bachiller. Sin embargo, parte importante del fracaso de los estudiantes en la prosecución, tiene que ver con la selección equivocada de una carrera.

En algunos casos, la errada opción tiene su origen en una decisión personal obligada, dado que, al no poder entrar a la carrera deseada, el bachiller decide cursar otra. Otro caso refiere una selección proveniente de una mala información sobre lo que el joven desea hacer con su vida profesional y el rol que desempeña ese profesional. Si se aspira por ejemplo,  estudiar medicina, pero se le tiene pavor a los cadáveres, a la sangre, a ver cuerpos con órganos humanos al descubierto,  a la exposición de las cirugías, y la crudeza de algunas enfermedades, es obvio que esa persona no está en capacidad de cursar dicha carrera. En estas circunstancias la prueba vocacional impera como ruta idónea que aclara el camino a seguir.

No obstante, la prueba vocacional por sí sola, no es completamente vinculante. Puede ofrecer indicios de inclinación a determinada carrera, pero tampoco se puede obligar al bachiller en este sentido.  Lo que si es cierto es que esta prueba va a formar parte de un proyecto que sustenta el Gobierno Nacional, para la futura eliminación de la vigente Prueba de Admisión que aplican las universidades autónomas.

La Prueba de Admisión ha venido funcionando con sus altos y sus bajos, pero cada vez se muestra más eficiente con el pasar de tiempo. Un Núcleo de Secretarios Universitarios, evaluó una vez más esta temática.  El representante  de la Universidad de Los Andes, profesor José María Andérez, aseveró que el debate sobre el caso, no ha logrado avanzar desde la  Oficina de Planificación del Sector Universitario, ni en  la comisión nombrada  por el Consejo Nacional de Universidades.

“El año pasado hubo bastantes dificultades en el sistema de admisión. Se hizo una admisión donde la prueba vocacional fue una parte de ella. Se evaluó a  la par el promedio logrado por el joven en el curso desde el básico  hasta el diversificado para  contrastarlo o normalizarlo con el promedio del liceo. Posteriormente, dependiendo del área donde va a desarrollarse, sea las ciencias o las humanistas, se le hace la configuración de un promedio y se normaliza con el promedio de las materias de ese liceo”.

Con estas variadas proyecciones se saca un índice y se cruza con el dato que arrojó la prueba vocacional que, al final da una asignación numérica, pero siempre prevaleciendo el promedio. Según Andérez, este proceso ya está evidenciando problemas, pues al reconocer los liceos y colegios que hay prevalencia del valor del numero en el sistema de admisión, generaría una presión muy dura sobre las calificaciones.

“La calificación no lo es todo. Hay que entender que un joven puede tener 17, 18 o 20 de promedio en un liceo de Tucupita y ese liceo no tiene por que ser mejor o peor que un liceo de Mérida, pero obviamente las notas pueden ser diferentes en el contexto de ambos liceos. Por eso se requiere una prueba de conocimiento donde se evalúe de manera individual y se corrobore si los estudiantes poseen las herramientas cognitivas en su nivel de formación”.

El Secretario de la ULA, difiere de la visión de inequidad que maneja el gobierno en este sentido.  En el caso de las misiones y las universidades, el problema no es entrar a la educación superior, el problema está en las dificultades que muchísimos bachilleres confrontan porque no están en la carrera idónea y apenas pasan una materia por semestre. Otros no poseen los recursos para tener un techo digno  donde vivir o carecen de las tres comidas diarias, al igual que necesitan de facilidades para servicios médicos.

“Hay otras cosas que subyacen en el rendimiento estudiantil que no tiene que ver con las misiones, tiene que ver con la prosecución y el egreso por lo que se requiere un estudio más determinante. Por eso defendemos la Prueba de Admisión, que aunque tiene detalles por corregir, lo cierto es que cada vez se van diluyendo los señalamientos contra ella”.

Proyecto piloto

La puesta en marcha de una prueba automatizada y computarizada en las Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Humanidades de la ULA, ya tiene sus primeros cimientos.  La intención de estas pruebas pilotos es que se blinde en materia de seguridad la prueba de admisión.  Adicionalmente en el nuevo reglamento de admisión, hay un capitulo para la búsqueda de nuevos talentos en las zonas rurales de los estados Táchira, Mérida y Trujillo. También se plantea un plan tripartito  de  becas, donde intervendrían la Universidad, Gobernación, Alcaldías y la Empresa privada.

Esta propuesta pudiera mejorar la oferta de asignación de cupos  de manera planificada dentro de la Universidad de Los Andes, siempre pensando en la calidad de la enseñanza. La idea no es abrir un caudal de cupos, la premisa es permitirle a los más destacados la posibilidad de estudiar y egresarlos con los mejores conocimientos.

El profesor Andérez, cree que a pesar de todos estos esfuerzos, hace falta un macroproyecto de país, en cuanto a la educación superior. Asevera que no se puede ofertar cupos de manera improvisada y a todas sus anchas para  graduar,  por ejemplo a 50 mil médicos cuando el país puede requerir menos. mil.  La masificación de la educación superior a través de las misiones  o los mecanismos que el gobierno quiera imponer solo generaría profesionales titulados en corto tiempo de estudios, pero sin garantía de calidad. La gran mayoría, con seguridad se dedicaría a la economía informal o a otra faena de subsistencia, evidenciando una inmensa perdida de recursos por parte del Estado.

Es importante resaltar que la universidad continuará defendiendo su mecanismo de ingreso, adaptándola a la nueva realidad social, haciéndola cada día mas justas, transparente e incluyente, frente ante la discrecionalidad que maneja el Estado de otorgar cupo a todos los bachilleres independientemente de que puedan o no tener una prosecución exitosa.