Es importante resaltar que durante el CU se le preguntó al Rector de la ULA si ya había sido notificado de la denuncia correspondiente, a lo que respondió que aún no había sido notificado (Foto Ramón Pico)

Este lunes en el Consejo Universitario se realizó la discusión acerca de la situación en la cual se encuentra la universidad de miras a la intervención que la Contraloría General de la República hiciera a la unidad de Auditoria Interna de la Universidad de Los Andes y la solicitud de información acerca del proceso que tiene que ver con el plan de vivienda de la universidad, a través del cual se vendieron unos terrenos que la institución tenía en la urbanización Santa María, con la finalidad de recoger fondos para el desarrollo de la Facultad de Odontología.

“Es de recordar que este proyecto se inició durante la gestión rectoral del profesor Léster Rodríguez, con el cual la intención era beneficiar a un grupo de universitarios que pudieran tener un terreno donde construir una vivienda digna, tal como lo indica la Constitución. Como quiera que ha habido aparentemente una denuncia en contra del rector de la ULA y dado que es el máximo cuentadante, el Consejo Jurídico Asesor generó un informe estableciendo las bases jurídicas del proceso que se dio en el momento de la adjudicación, entrega de estas parcelas y la firma del registro correspondiente”, dijo José María Andérez, secretario de la ULA. 

Este informe se distribuyó a los miembros del Consejo Universitario y tuvo una amplia acogida y luego se aprobó, por lo que ahora las autoridades universitarias esperan que la investigación se lleve a cabo de la manera más adecuada y con la profundidad necesaria, porque entiende el CU que en ese proceso de asignación se actuó completamente apegado a la normativa vigente.

Es importante resaltar que durante el CU se le preguntó al Rector de la ULA si ya había sido notificado de la denuncia correspondiente, a lo que respondió que aún no había sido notificado y debido a la cobertura mediática y la manera con la que se ha manejado este caso, pareciera más algo político y que está inserto dentro del sistema cotidiano con el que se ataca a la universidad y no de una investigación. “En un país decente, con instituciones decentes, cualquier persona que sienta que sus derechos son menoscabados por otros, tiene el derecho de ir a los tribunales u organismos del Estado y solicitar la investigación correspondiente y si alguien es declarado culpable de algún delito que esté establecido en el Código Civil o Penal, tiene que aplicársele la pena correspondiente de acuerdo con la magnitud de la falta, pero en lugar de hacer las cosas de esa manera, se lleva a través de un show mediático que lo que busca es desprestigiar moralmente a una persona y de esa manera desprestigiar también a la institución, en este caso la Universidad de Los Andes”, dijo finalmente el profesor Andérez. Golfredo Lobo / Prensa ULA / CNP 14.293