Los señalamientos desde el gobierno regional del estado Mérida contra el responsable rol informativo de la televisora de la Universidad de Los Andes ULA TV, es una muestra de violación de los derechos humanos, específicamente del derecho humano a acceder a la información completa, oportuna y veraz.

Así como se responsabilizó a canales televisión nacionales e internacionales, de promover la violencia y la inestabilidad en Venezuela,  antes de ser intervenidas unas y sacadas del aire otras, en Mérida, el gobernador sigue el mismo guión y actúa al servicio de los intereses de su partido y no de los intereses superiores de la colectividad, que exige de sus gobernantes locales y nacionales, el acceso suficiente  y en igualdad de condiciones a bienes y servicios esenciales, la estabilidad de los precios, seguridad en las calles, respeto a los derechos civiles y políticos, entre otros reclamos. Estas consideraciones las ofreció la profesora de la Universidad de Los Andes y coordinadora en Mérida de la organización Transparencia Venezuela, Christie Rangel. 

“El gobernador prefiere ignorar los sentidos clamores de los merideños y acusar  a ULA TV a través de su cuenta tuiter, de ser un medio gestor de los actos violentos en esta capital andina de Venezuela”.  

El trabajo in situ del equipo periodístico de la televisora de la Universidad de Los Andes, en las diferentes actividades y acontecimientos de la capital merideña, demuestra su gran responsabilidad  y compromiso con la ciudadanía de garantizarles información sobre su entorno más inmediato y así permitirles que se formen sus propias opiniones.

ULA TV pretende promover el acceso a la información oportuna, veraz, sin censura, y reflejar con total transparencia los planteamientos y reclamos ciudadanos en momentos en que junto al empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, la escasez de alimentos y deficientes servicios de salud y educación, se rompió el sistema republicano y se restringen cada día más las libertades civiles, económicas y políticas.

La catedrática reitera que el acceso a la información es un derecho humano  que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones que deben estar previstas en Ley, e incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

La Declaración de Principios para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece (principio N° 4) que los Estados están obligados a garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información que está en su poder.

En efecto, el derecho de acceso a la información es un requisito esencial para posibilitar la participación ciudadana consciente en los asuntos de interés colectivo, para ejercer el control social de la gestión pública y presionar a los funcionarios a que rindan cuentas de forma permanente sobre las funciones y el patrimonio que les fueron encomendados. “Sin acceso a la información se menoscaba el contrapeso de poder que caracteriza a los sistemas republicanos, queda severamente limitada la participación, el control de la gestión y aumentan las posibilidades de que ocurran abusos de poder de todo tipo. En un contexto de opacidad y corrupción la mayoría de ciudadanos quedan excluidos del acceso  a los derechos fundamentales mientras una minoría disfruta de privilegios que acentúan la desigualdad y la conflictividad social” concretó.