Alejandro Gutiérrez, Coordinador General del Cdchta.

Tras un tesonero esfuerzo realizado por un grupo de profesores y técnicos para la elaboración de las “Normas para Contratos de Subvenciones de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Los Andes, con financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, aprobadas por el Directorio del Cdchta en julio del año 2013, durante la última sesión del Consejo Universitario debió suspenderse la discusión de dicho documento, luego de que la Vicerrectora Académica, Patricia Rosenzweig presentara al mayor órgano de decisión universitario, una comunicación, desconocida por el Rector de la ULA, emanada del Fonacit, donde se dejaba en entredicho la aplicabilidad de dichas normas, luego de que ella enviará una carta notificando lo que a su juicio eran las debilidades de las mismas.

Dicha comunicación emanada por el Fonacit, firmada por el Presidente encargado del Fondo, y con fecha 17 de octubre, es una respuesta a una comunicación enviada previamente por la Vicerrectora Académica, Patricia Rosenzweig, de fecha 17 de septiembre, donde la misma solicita “la opinión del ente acerca de la pertinencia o viabilidad de que la Universidad de Los Andes, como medida de control interno para regular el manejo administrativo-operativo de los recursos transferidos a la Universidad a razón de los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (FONACIT), establezca unas normas para que a los docentes beneficiados de los referidos proyectos se les transfiera, mediante subvención, la disposición administrativa-financiera de dichos recursos”.

Además la comunicación señala que “la pretendida norma, tiene disposiciones que considero pueden afectar el propósito u objeto de los proyectos de investigación y afectar al investigador, pues establece situaciones tales como: el proyecto aprobado y financiado por el FONACIT, debe ser sometido a la consideración y evaluación de una comisión creada a los efectos, en el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) generando así excesivos trámites burocráticos, ya que el FONACIT tiene esa función desde el momento en que el proyecto origen del contrato, es sometido a consideración del FONACIT”.

La carta emitida por la Vicerrectora Académica también deja ver al Fonacit su preocupación por que se requiera fiadores o se solicite una caución a una institución bancaria. Lo cual para la autoridad “se traduciría en un requisito de difícil a imposible cumplimiento”.

En virtud de la posición asumida por la Vicerrectora Académica y la respuesta emitida por el FONACIT, el Coordinador General del Cdchta de la Universidad de Los Andes, aclaró que en esta comunicación enviada por la autoridad académica se han dicho algunas cosas falsas y otras medias verdades, señalando que lo primero que hay que aclarar es que este documento fue aprobado por unanimidad por el Directorio del Cdchta y luego cumplió con todo el proceso legal y administrativo que ameritaba una norma como ésta, incluida la revisión del Servicio jurídico asesor de la ULA.

De igual forma, Gutiérrez indicó que “la Vicerrectora tiene todo el derecho de oponerse a este proyecto de normas, pero también está en la obligación de presentarle alternativas a los investigadores, pero hasta ahora no las ha presentado. Lamentablemente en la pasada sesión del Consejo Universitario, irrumpió con una comunicación que desconocía el rector que es una respuesta que da el presidente encargado del Fonacit, Geancarlos Rodríguez Hernández, a una comunicación que le envía la Vicerrectora Académica donde muestra especial interés en destacar las supuestas debilidades de las normas propuestas, sobre la base de información que ella suministra, pero que no es totalmente verdadera”.

Argumentos
El Coordinador General del Cdchta también dio respuesta a los planteamientos elevados por Rosenzweig en su comunicación al Presidente del FONACIT explicando que “en esta carta se dicen mentiras y medias verdades. En esa carta la vicerrectora le dice al vicepresidente encargado del Fonacit que el proyecto ya aprobado y financiado por el Fonacit, debe ser nuevamente sometido a la consideración y evaluación de una comisión creada a los efectos, en el Cdchta, generando así excesivos trámites burocráticos, ya que el Fonacit tiene esa función desde el momento en que el proyecto origen del contrato es sometido a consideración del Fonacit. Este planteamiento no es cierto, porque entre las atribuciones que tendría esta comisión no figura evaluar proyectos, sólo se plantea que la Comisión debe hacerle seguimiento a la ejecución de los fondos, para que estos se gasten de acuerdo con lo que establece el contrato que firma la Universidad con el Fonacit, esta comisión tiene varias atribuciones, pero en este caso es sólo para hacerle seguimiento y nunca la de volver a evaluar los proyectos, es por ello que lo que afirma la Vicerrectora académica no se ajusta a la verdad”, pero contribuye a generar la respuesta del Presidente del Fonacit.

Catalogó Alejandro Gutiérrez como una “media verdad” que se requieren fiadores o solicitar caución a una institución bancaria ya que el mecanismo de subvenciones está funcionando en la ULA, funciona para las revistas y sus beneficiarios no tienen caución, sino que firman un contrato Subvención donde se comprometen a cumplir con algunas obligaciones. El Cdchta se ha encargado de supervisar y de que se cumpla lo establecido en el contrato de subvención para revistas, el cual firma el rector autorizado por el Consejo Universitario y hasta ahora ha funcionado sin problemas.

“Es una media verdad porque se habla efectivamente en la norma que al firmarse la subvención se tiene que establecer una caución o una fianza, que no tiene que decir que la tenga que pagar el investigador, de hecho la Universidad tiene mucha experiencia. En este caso existía la posibilidad de que esa caución la comprara la universidad, con el fin de que los investigadores pudieran recibir la subvención y ejecutar con agilidad los recursos del Fonacit, y así superar las trabas que impone el Decreto 6.649 que considera gastos suntuarios las compras de equipo, por lo que estas deben ser autorizadas por el Vicepresidente de la República. Llama la atención que la Vicerrectora Académica nunca mencionó en su comunicación al Presidente del Fonacit las penurias y trabas que enfrentan los investigadores”.

Sin embargo, lo realmente preocupante para el Coordinador General del Cdchta de la ULA es que se haya paralizado la discusión de este documento. Esto genera graves daños a la institución y a los investigadores. “Lamento que haya sido la vicerrectora Académica quien haya dirigido ésta comunicación donde no se dice toda la verdad al presidente del Fonacit y que éste haya respondido a esa carta alegando una serie de razones, aunque no hace alusión directa al caso de la subvención. Será el Servicio Jurídico de la Universidad de Los Andes quien nos diga las implicaciones legales de este pronunciamiento, solicitado por la Vicerrectora Académica Patricia Rosenzweig y de la respuesta del Presidente del Fonacit.

Finalizó diciendo el investigador y profesor universitario “mi interés es alertar a los investigadores de que el resultado de la carta enviada por la Vicerrectora el Consejo Universitario paralizó la discusión de este documento, con lo que se condena por largo tiempo a los investigadores, salvo que aparezca un proyecto alternativo que solucione el problema. Es por ello que exhorto a la Vicerrectora Académica a presentar entonces un proyecto que permita solucionar el problema que tienen los investigadores. Lo que queremos es que los investigadores ejecuten con agilidad esos recursos y se beneficie el país y la propia Universidad. (Prensa CDCHTA)