El pasado 29 de septiembre del año en curso desde el Rectorado de la Universidad de Los Andes se impulsaron varias propuestas al Consejo Universitario de cara a la realidad-país evidente sobre el reinicio de actividades, administrativas y académicas. Hoy presentamos dicha consulta con las modificaciones propuestas y aprobadas.

En condiciones normales, según el calendario de actividades de la universidad el 28 de septiembre del 2020 debieron reiniciarse. Además, con motivo de la pandemia se estableció que el 26 de octubre del 2020 se inician las actividades docentes no presenciales. Ante ello surgió la interrogante ¿Qué debemos hacer? De manera que el Consejo Universitario sea quien delibere frente a una lista de circunstancias que ameritan decisiones.

Lo cierto es que las condiciones que originó la suspensión por la pandemia no han variado, más aún, han empeorado. Cualquiera que sea la fuente que se utilice se evidencia un creciente número de casos de venezolanos con la covid-19.

Además, tal como se plasmó en el mes de julio del presente año, en el documento de Directrices, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el patrón de contagio o de personas afectadas es significativo el segmento que va entre 15 y 45 años, segmento dónde se ubicaría la mayor cantidad de nuestros universitarios. Este dato, implica que un reinicio de actividades de manera presencial tendría mucho riesgo de contagio.

Por otro lado, un reinicio de actividades, bien sea parcial o total implica considerar de manera extrema y estricta las medidas de bioseguridad aprobadas por nuestro Consejo Universitario, y a pesar que lo hemos solicitado de manera reiterada, el Ministerio de Educación Universitaria, no hemos recibido recursos para las adquisición de equipos de bioseguridad. “Quieren que reiniciemos actividades en un medio de alto riesgo y no aportan ni un Bolívar para prevenir el contagio” refirió el rector Mario Bonucci.

Por otra parte, reiniciando o no, ¿Cómo atender a un universitario que requiera cuidados hospitalarios? Por todos es conocido que el seguro HCM-SISMEU asignado es prácticamente inexistente, y también por todos es conocido que el sistema público de salud no está en condiciones para atendernos.

Hay más

No solo lo relacionado con la salud es determinante para una adecuada toma de decisiones. No  se debe perder de vista la situación socio-económica de los profesores y trabajadores, así como la situación país, y en especial la paulatina desaparición del sector público, que obedece a una política no escrita pero se presume su existencia cuando se analiza la realidad.

En estos momentos, en los tres estados de influencia el suministro de combustible es errático o nulo. Los conductores deben hacer colas de días, y ello no garantiza que surtan sus tanques. Hay muchas dificultades para el acceso al gas doméstico lo que obliga al uso de cocinas eléctricas, que poco sirven con los crecientes cortes de electricidad.

Los salarios que perciben los universitarios están por debajo del límite establecido por organismos mundiales para definir la pobreza crítica o extrema pobreza. También, de manera reiterada se ha solicitado el ajuste racional que establece nuestra Constitución y hasta ahora el MPPEU no ha tenido ni siquiera la cortesía de responder negativamente. Simplemente no responden.
La situación, a nivel socioeconómico es tan crítica que hasta será difícil garantizar la educación no-presencial.

Por las razones anteriores se debe mantener la suspensión de actividades administrativas y académicas presenciales con las excepciones que se han establecido hasta ahora.

¿Conectividad?

A pesar que las estadísticas que maneja el Centro Interactivo a Distancia (CEIDIS) muestrabn que un número significativo de profesores ha adquirido alguna destreza en el manejo de software o aplicaciones necesarias para impartir docencia no-presencial, todavía hay muchos docentes que no tienen está experticia o que simplemente no disponen de los equipos tecnológicos necesarios (computador, teléfono inteligente, servicio wifi, entre otros) para interactuar con los estudiantes.

Pero, en el caso ideal que los docentes tengan la tecnología necesaria o que la tenga la Universidad, un número determinado de estudiantes tampoco disponen de esta tecnología o no tienen servicio de internet. Siempre habrá desfavorecimiento, al igual como existe para la admisión de estudiantes al sistema de educación universitaria.

Esa iniquidad sería suficiente para decretar también el no reinicio de actividades no-presenciales, pero hacer esto significa cerrar de un todo a la institución lo cual inmoviliza cualquier reclamo por mejores condiciones de salariales, por condiciones apropiadas para los estudiantes, por mejorar la calidad de vida de los venezolanos, por un estado democrático pleno, entre otros.

Es por ello, y en vista de la trascendencia que tiene la institución para la sociedad venezolana es necesario este reinicio de actividades no-presenciales, tal como hemos previsto para el 26 de octubre. En este sentido, corresponderá a cada Consejo de Facultad o Núcleo establecer el alcance de esta medida.

Además de estas decisiones, el CU cree habrá que reiterar el conjunto de solicitudes que en materia salarial, presupuestaria y beneficios de protección social se ha hecho al Ministerio de Educación Universitaria. Estas solicitudes están recogidas en una propuesta Rectoral del 19/agosto/2020. “Seguramente no responderán, pero nuestro compromiso histórico nos obliga a seguir insistiendo en estas solicitudes, que de no ser atendidas se estaría configurando una especie de genocidio académico lo cual compromete el futuro del país”, dijo.

El CU cree conveniente que a través del Observatorio de Derechos Humanos, debería hacerse la denuncia ante órganos internacionales sobre este cantidad de hechos y omisiones que conducen a la destrucción y aniquilamiento del mayor patrimonio que tienen los ciudadanos como lo son nuestros centros del saber y difusión del conocimiento.

Finalmente, la ULA es una institución que  se debe la sociedad,  por tanto debe también hacer un reclamo enérgico ante la ausencia de políticas públicas que  permitan recuperar la calidad de vida que tenía el docente y empleado universitario, al igual que se debe reclamar para que no hayan más cortes de electricidad, que haya un suministro constante y confiable de gas doméstico, que se tenga la posibilidad de surtir gasolina sin necesidad de la barbarie de las colas, entre otros.

En términos de lo anterior ampliamente discutrico se aprobaron las siguientes propuestas:

1. Mantener la suspensión de actividades administrativas y docentes presenciales con las mismas excepciones establecidas en marzo de 2020.
2. Mantener la decisión de inicio de actividades docentes no-presenciales a partir del 26/octubre tal como lo dispuso el Consejo Universitario en julio de 2020. Cada Consejo de Facultad y Núcleo establecerán el alcance de esta medida.
3. Reiterar las solicitudes hechas al Ministerio de Educación Universitaria desde que se inició la suspensión de actividades en marzo de 2020 (recogidas en propuesta aprobada el 19/agosto/2020), responsabilizando al Ministro de Educación Universitaria, Abg. César Trómpiz, del daño irreparable que se ha causado a la Educación Universitaria en nuestro país, en el que la diáspora académica y la ausencia de un presupuesto ha remitido a nuestras instituciones a niveles anteriores a los años 50. No sólo se ha perdido docentes y trabajadores con formación académica lograda en las mejores instituciones académicas mundiales, sino que se está perdiendo una generación de jóvenes estudiantes.
                    Estas solicitudes que se reiteran son las siguientes:
3. A. El pago de un salario que permita adquirir la canasta básica. Para nadie es un secreto que la economía está dolarizada. Este incremento salarial tendrá como base el salario de un profesor titular sea 600$ y a partir de allí se reconstruye la tabla de salarios respetando las interescalas. Hay un planteamiento de que en vez de esta propuesta avalemos la que elabore la Fapuv. Sin inconveniente alguno, se está a la espera de que hagan llegar esa propuesta a la Secretaría del Consejo Universitario.
3.B. Igual tratamiento se acordó para los estudiantes y es la exigencia al Ministerio de Educación Universitaria una beca mínima mensual equivalente al 50% del salario de un profesor instructor.
3.C. Se acordó reiterar al Ministerio de Educación Universitaria solicitar un bono equivalente a 300$ mensuales para los vigilantes y el resto del personal que está incluidos en las excepciones de la suspensión y los que de manera no-presencial o virtual han seguido cumpliendo con su trabajo. La dirección de personal incluirá a estos vigilantes en la maqueta respectiva. La dirección de personal elaborará el instructivo respectivo.
3.D. De igual manera,  y mientras ser ajusta el salario a la realidad económica dolarizada, el Consejo acordó reiterar como un paliativo, un bono adicional a nuestro salario,  equivalente al costo de la canasta básica, es decir el equivalente a 600$ mensuales, durante 3 meses.
3.E. Mientras dure la pandemia con carácter de urgencia,  se aprobó solicitar una asignación financiera especial para atender los gastos de materiales de bioseguridad que requiere nuestro personal que está trabajando durante esta cuarentena, como son los vigilantes,  obreros de mantenimiento,  personal  administrativos,  entre  otros.

Siguen las propuestas votadas
4. Mediante remitido público, que elaborará la Dirección de Medios, se denunciará las precariedades del pueblo venezolano; en este sentido se exigirá públicamente a las instancias competentes la regularización del suministro de combustible. El pueblo no puede asumir las consecuencias de la mala gestión en el manejo de la industria petrolera y de refinación. Se exigirá de igual manera la regularización del suministro del gas doméstico así como del servicio de electricidad e internet.

5. Reiterar por enésima vez al responsable de la Zodi-Mérida la necesidad que actúe para desalojar a los delincuentes que han secuestrado a la Finca Judibana,  y de igual manera insistir sobre la necesidad de salvaguardar del hampa las instalaciones universitarias (entre ellas el espacio destinado a la construcción de la Escuela de Medios Audiovisuales, EMA)

6. Advertir a la Zodi-Merida que deben resguardarse de invasiones los espacios siguientes: Estadio Lourdes (está tomado por indigentes), Campus Biomédico (espacios de Campo de Oro, adyacentes a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento) y Laboratorio de Hidráulica (ubicado en la vía a la Cruz Verde, donde se aprecia apropiación indebida de terreno para un cultivo).
7. En el remitido a elaborar por la Dirección de Medios se debe indicar que hay negligencia por parte de la Zodi y de la Fiscalía Superior de Mérida para rescatar las instalaciones de la Finca Judibana.
8. Se acordó también una solicitud similar a las anteriores, para la Zodi Trujillo y la Fiscalía Superior de Trujillo con respecto a los terrenos donde se ubica la Villa Universitaria.
9. También se acordó solicitudes de la misma naturaleza con respecto a las invasiones a la Reserva Forestal de Caparo.
10. Se aprobó solicitar al Observatorio de Derechos Humanos sustanciar y hacer las denuncias correspondientes de la especie de política de aniquilamiento de nuestras instituciones de educación universitaria, que hemos descrito anteriormente.

Estas deliberaciones y propuestas votadas se concretaron este lunes 5 de octubre de 2020 en sesión virtual en consonancia con las responsabilidades de la institución y su permanencia.