A pesar de que la CRBV de 1999 reconoció una serie de derechos y visibilizó a los pueblos indígenas, ese proceso aún no se termina de concretar en sus derechos.

La presencia de los profesores de la Universidad de Los Andes, durante la realización del Diplomado en Derechos Indígenas y Derechos Humanos, fue propicia para que las líderes de las comunidades indígenas del Amazonas expusieran una serie de denuncias y necesidades que tienen que ver con situaciones que les afecta. 

En este sentido, la bachiller Iliana Alvino Gonzales, de la comunidad guara del municipio Manapiare del pueblo Piaroa, relató que lo más importante para ellos es la Autodemarcación de Tierras, porque hasta el momento el gobierno nacional no les ha reconocido sus tierras. Dijo que igualmente tienen problemas para conseguir  el combustible, porque en Manapiare lo controla la GNB y, cuando les venden gasolina, les cobran hasta 2 mil bolívares por litro, lo cual les hace muy difícil movilizarse a otros municipios ya que solo pueden hacerlo por vía fluvial o en avioneta.

Por su parte Josué Borges, procedente de la Sierra Parima-B, de la etnia Yanomami, señaló que tienen problemas con los mineros que llegan a sus tierras y sacan el oro y pretenden adueñarse de estas, dañando y contaminado los ríos que les surten de agua limpia para la supervivencia de las comunidades indígenas que habitan en ese lugar y, lo más grave, es que lo hacen en muchas ocasiones ante la mirada complaciente de los órganos de seguridad venezolanos.

 La forma de transporte de las comunidades indígenas en 6 de los 7 municipios que conforman el estado Amazonas es a través de los ríos.

Uriel Blanco, de la comunidad indígena Jivi, del municipio Autana, dijo que les han venido quitando parte del territorio que les corresponde al no otorgárseles los títulos de propiedad y denunció igualmente que efectivos de la GNB los tratan de narcotraficantes, de guerrilleros y saboteadores del Estado, cuando van a comprar combustible o solicitan sacar a la venta lo que producen como mañoco, cazabe o artesanías, entre otros, dijo que a veces les insultan y les exigen una comisión o, si no, les decomisan sus productos. 

Guardianes de la Selva

La licenciada Noraima Ángel, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, señaló que la necesidad más prioritaria que tienen los indígenas es que se les otorguen los títulos de sus tierras, porque sin estos títulos y dado el crecimiento poblacional, ellos se sitúan en medio de un caserío no indígena lo cual los va dejando sin sus tierras, sin su cosmovisión y aseguró que la mayoría de las  comunidades indígenas en Amazonas no tienen titularidad de las tierras que ancestralmente han ocupado, lo cual los vuelve vulnerables como pueblos.  

En la mayoría de los municipios de Amazonas un litro de gasolina lo venden en mil bolívares, ligado a la explotación minera, bajo la mirada silente de la GNB.

Al dañar la forma de vida de los indígenas, que son los guardianes de la selva, también dañan la biodiversidad de flora y fauna y aguas dulces del Amazonas, lo que repercute en el medio ambiente y, por ende, en un daño sin precedentes contra la humanidad. Es importante dijo Noraima Ángel resolver la venta de la gasolina a los indígenas, quienes tienen derecho al precio regulado, pues este problema limita la educación de los niños indígenas, porque muchas comunidades no tienen escuelas y los niños deben movilizarse a otras aldeas pero sin combustible no pueden hacerlo, así mismo en la salud, por eso  tienen que reunir entre 40 a 50 mil bolívares entre varias aldeas para poder comprar la gasolina a través de gestores y vender sus productos, que es lo que les permite la compra de otros alimentos. 

Violan seguridad alimentaria de indígenas

Por su parte Guillermo Marciales, director de Asuntos Legales del Consejo Municipal de Atures denunció que el Estado o el gobierno como tal, no parecen entender que los pueblos y comunidades indígenas, tienen una cosmovisión de pueblos indígenas, porque no ajustan la forma de hacer políticas públicas a la forma de ver el mundo de estos pueblos indígenas tal como lo establece la CRBV, porque  todo se hace desde el punto de vista occidentalizado y no desde la propia comunidad indígena, violentándose los derechos fundamentales de estos pueblos.

A las comunidades indígenas del Amazonas no se les respetan sus derechos en la parte alimentaria, en educación, en salud, y no se les reconocen sus tierras.

Como ejemplo mencionó que han pretendido aplicar la Ley de Desarme a los indígenas cuando andan en sus faenas de cacería, lo cual va en detrimento de su propia cosmovisión, así como también crearon una planta de pescado en Atures, cuando existe una resolución en Amazonas que prohíbe la pesca comercial en los raudales de Atures, mas sin embargo ahí está ubicada Sopesca, que da guía de movilización de pescados y crearon un puerto pesquero en la zona en la que pescan con malla de extremo a extremo del río Cuao o el Orinoco, y lo peor es que este pescado no va a cubrir la demanda del producto en la región o en el país sino que se lo llevan por la frontera de Táchira a Colombia donde tiene mejor precio. Esto es una política pública que va en detrimento de las comunidades indígenas y su seguridad alimentaria violando la propia normativa ambiental, dijo para concluir Marciales. María de los Ángeles Pérez. 9795. Prensa ULA. Fotos Lánder Altuve

Licenciada Noraima Ángel, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho,

 Guillermo Marciales, director de Asuntos Legales del Consejo Municipal de Atures