CU analizó informe de la Contraloría General de la República con respecto al Fonprula

José María Andérez, secretario de la ULA (Foto Ramón Pico) José María Andérez, secretario de la ULA (Foto Ramón Pico)

Este lunes se realizó la segunda sesión del Consejo Universitario en donde el punto más álgido tratado fue el referido al informe de la Contraloría General de la República, acerca del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Profesores de la Universidad de Los Andes (Fonprula), en el cual se ordena la disolución y distribución del patrimonio.

“Este es un informe un tanto extraño, tenemos información de que la misma Contraloría acudió al Tribunal Supremo de Justicia para determinar si ellos como una organización que tenía autonomía funcional debían acogerse a lo que estaba previsto en la Ley Orgánica de Seguridad Social y la respuesta fue que no. Entonces quienes solicitan una información, le aplican la información contraria a los demás”, destacó José María Andérez, secretario de la Universidad de Los Andes.

Estos fondos representan una esperanza para los profesores universitarios ya que pueden ver atendida su salud pues ha aportado una cantidad importante, alrededor de 5 millones de bolívares fuertes para compensar un seguro de hospitalización cirugía y maternidad que el gobierno tiene establecido, para los profesores, en 6 mil bolívares.

“El gobierno envía 6 mil Bs por cada profesor, con los cuales no se puede atender ningún tipo de enfermedad. Este es un caso que los universitarios tienen que ver con mucha delicadeza en términos de hablar con los elementos en la mano y que pudiera representar para los profesores y los trabajadores una violación a sus derechos”, manifestó el profesor Andérez.

El Consejo Universitario decidió solicitarle al Ministro de Educación Universitaria, una reunión de urgencia para que explique este tipo de decisiones, así como crear una comisión conformada por los tres miembros fundadores del Fondo de Jubilaciones de los Profesores de la ULA con la participación del Consejo Jurídico Asesor, juristas y expertos en la materia del ámbito nacional, que permita llevar a cabo las acciones legales necesarias para defender los fondos de jubilaciones de las universidades venezolanas y principalmente de la ULA.